Canal es la gran joya de la corona del, ya muy débil, tejido empresarial público madrileñoCanal de Isabel II: una privatización ideológica e ilegal contra los intereses de la mayoría

Jorge García Castaño. Concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid 07/03/2012

Canal de Isabel II es una empresa con más de 150 años de historia, con un patrimonio acumulado de valor incalculable y que ha venido prestando un servicio con gran eficiencia, cuenta con una plantilla muy cualificada, que garantiza una buena gestión económica y ambiental, y que nos proporciona agua de alta calidad a muy buen precio (Guía completa sobre los diversos aspectos a tener en cuenta en el proceso de privatización del CYII).

Canal es además la gran joya de la corona del, ya muy débil, tejido empresarial público madrileño. Es normal, por tanto, que constructoras, bancos y el gobierno ultraliberal de la Comunidad la hayan tenido en el punto de mira desde hace años. Hablamos de una empresa que en 2009 obtuvo ventas por 743 millones de euros, con un resultado de explotación de 130 millones, que después de impuestos eran 98.5 de beneficios. Además la empresa se ha expandido por el territorio nacional y por Latinoamérica (con condena del Tribunal Permanente de los Pueblos incluida).

En el proceso de privatización, hasta ahora todo ha sido oscurantismo. El Gobierno Aguirre, a través de la Ley de Acompañamiento de 2008 abrió la posibilidad a la participación del capital privado en el Canal (en principio en un 49%, pero ya veremos que realmente puede llegar a ser más) y lo justificaba en base a la necesidad de realizar inversiones por 1.700 millones de euros (otra veces llega a hablar de 4.000). Cifra esta que conocemos por declaraciones de algún responsable de la empresa, ya que ese “Plan de Inversiones” no existe, ni lo ha presentado Canal, ni lo ha aportado el Gobierno.

La Ley de Acompañamiento de 2008 plantea la creación de una nueva Sociedad en la que el capital privado accederá al 49% que realizará todas las actividades del ciclo del agua y que tendrá la titularidad de todos los bienes patrimoniales, las participaciones de Canal en otras empresas y el uso de todos los bienes demaniales del actual Canal. La Nueva Sociedad prestará los servicios ciñéndose a un Contrato Programa, que tampoco existe y del cual no conocemos ni sus líneas básicas. 

Para vincular a los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias sobre el servicio del agua, la Comunidad ha promovido (a veces extorsionando a los gobiernos locales) la firma de convenios a través de los cuales los municipios ceden a la Nueva Sociedad la gestión del agua durante 50 años (sin licitación de ningún tipo) a cambio de una participación en su accionariado. Esta participación en total es del 19% de las acciones, de las cuales los ayuntamiento pueden vender hasta un 70% por lo que el capital privado será claramente mayoritario en la Nueva Sociedad al final del proceso de privatización. 

El Gobierno regional ha encargado a un grupo de consultoras y entidades financieras la valoración del Canal y los aspectos financieros y legales del proceso de privatización. Sobra decir que nadie conoce ninguno de los trabajos de estas entidades, ni siquiera en lo que tiene que ver con la valoración de la empresa, que el Gobierno sitúa en los 3.500 millones. Desde luego, tampoco parece razonable que el patrimonio acumulado durante 150 años y el negocio del agua de los próximos 50 años se vaya a malvender en un momento de especial incertidumbre económica.

Es decir, que amparándose en la necesidad de un Plan de Inversiones que no existe, la Comunidad privatiza un servicio eficiente y rentable a precio de saldo basándose en informes que no ha hecho públicos. Y los ayuntamientos ceden por 50 años la gestión del agua a una Sociedad de la que nada conocemos, en base a un Contrato Programa que nadie les ha presentado y sin licitación. Y todo ello iniciando el proceso a través de una Ley de Acompañamiento. Un verdadero monumento a la transparencia y la participación ciudadana.

Con estos elementos podemos decir que estamos ante una privatización de carácter ideológico, destinada a beneficiar a algunas empresas y que con toda probabilidad va a afectar a los ciudadanos a través de subidas de tarifas, empeoramiento de la calidad del agua, debilitamiento de las políticas de ahorro de agua y de su gestión con criterios ecológicos.

Pero además de tratarse de una privatización que sólo se justifica en términos ideológicos, todo el proceso vulnera la legislación española y europea, ataca a la autonomía municipal y los principios de libre concurrencia. Y lo que es más importante, se trata de una decisión altamente impopular, que no aparecía en el programa electoral con el que Aguirre concurrió a las elecciones y que está provocando una ola de indignación ciudadana.

Iniciativa Legislativa Municipal, recursos en los ayuntamientos ¿y en los tribunales?

Además de la movilización social, que es el elemento central de la respuesta que estamos dando al intento de privatización, IU está trabajando en distintas iniciativas políticas e institucionales que permitan visibilizar el conflicto y obstaculizar el proceso con todos los medios a nuestro alcance.

Especial relevancia tiene la Iniciativa Legislativa Municipal que han elaborado siete municipios impulsados por San Fernando y Rivas. La iniciativa fue presentada el 19 de diciembre a la Mesa de la Asamblea de Madrid, y a día de hoy todavía no ha podido debatirse en el Pleno, parece que por un deliberado intento del Gobierno regional de evitar su sustanciación. (Iniciativa Legislativa Municipal)

También se están valorando iniciativas ante las instituciones europeas en línea con la que el 23 de febrero planteó Willy Meyer ante la Comisión Europea y el Grupo Parlamentario del Congreso está valorando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad centrado fundamentalmente en lo que tiene que ver con el ataque a la autonomía municipal que supone la privatización.

A nivel local se están multiplicando las iniciativas con el fin de paralizar el proceso. Además de la ILM, se están presentando innumerables recursos de reposición contra la aprobación de los convenios que vinculan a los municipios al nuevo modelo de gestión del agua. Con estos recursos se pretende mantener el debate sobre la privatización en la agenda pública de nuestras ciudades y abrir la posibilidad a acciones jurídicas que lleven a la anulación de dichos convenios.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, el pasado 28 de febrero planteamos al Pleno el inicio de un expediente de revisión de oficio de los convenios suscritos entre Ayuntamiento, Comunidad y Canal de Isabel II. Lo propusimos porque entendemos que esos convenios no se ajustan a la Ley y porque tenemos claro que el Ayuntamiento también lo sabe y aún así los ha firmado. (Aquí se puede ver el debate de la iniciativa: http://www.youtube.com/watch?v=9Zh5zH3ZeIg&feature=share)

Al entrar el capital privado en Canal, la Ley no permite atribuir la gestión de un servicio público a una entidad que ya es de naturaleza jurídica privada a través de un simple convenio ni en régimen de encomienda. Lo que deja claro la Ley de Contratos del Sector Público es que de no tratarse de una entidad 100% pública hay obligación de licitar, como también queda claro en este documento que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa elaboró ¡¡a petición del propio Alberto Ruíz Gallardón!! (http://www.martinezabarca.net/wp-content/uploads/INFORMECANAL.pdf)

Estamos viviendo el paso de un monopolio público a uno privado sin publicidad, licitación ni libre concurrencia. Un auténtico expolio que ni siquiera cumple con las leyes españolas y europeas, y que sin duda debemos llevar también a los tribunales. IU debe dar la batalla contra la privatización por tierra, mar y aire.

Se escribe agua pero se lee democracia. La consulta popular sobre el agua.

El éxito de la consulta popular del pasado 4 de marzo va a suponer un antes y un después en la lucha contra la privatización del agua, y mucho más allá. La enorme demostración de autoorganización de la ciudadanía, la capacidad de unir fuerzas entre 15M, FRAVM, IU, Ecologistas en Acción, Izquierda Alternativa, ATTAC… nos hace ser un poco más optimistas en cuanto a las posibilidades de las clases populares para resistir las políticas de ajuste a las que nos estamos enfrentando.

Estamos hablando de datos verdaderamente impensables hace sólo unos meses. Más de 180.000 votos en 319 mesas en 50 municipios, con 2000 personas implicadas en la organización no son cualquier cosa para el débil y atomizado tejido social madrileño y han permitido sensibilizar a buena parte de la población madrileña sobre un proceso de privatización oscuro y silenciado por los medios de comunicación.

A partir de ahora toca exigir a la administración un referéndum vinculante, seguir con la movilización social y consolidar una mayoría social contra la privatización del agua.

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