La Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia ha presentado en la Fiesta del PCE su VIII informe y compartido algunas de las experiencias en su visita al país realizada en primavera de 2012Presentación del 'Octavo informe asturiano de verificación del estado de los Derechos Humanos en Colombia'

Antonio Alcolea Aullón 23/09/2012

Intervienen: Tania Sánchez Melero, Diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid; Martha Pérez Iglesias, de COMFIA, Sección sindical de banca de CCOO de Asturias; Javier Orozco Peñaranda, Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la violencia en Colombia; y Pedro Marset, miembro de la Secretaria de Relaciones internacionales del PCE.

Domingo 23 de septiembre de 2012, 11:30
“Lo poco que existe en la región de en materia de bienestar social no ha sido fruto de la voluntad política de esas multinacionales ni los gobiernos de turno si no fruto de las luchas sociales, del sacrificio, la entrega, la pertenencia, la resistencia y constancia de las comunidades” Boletín Trochando sin fronteras, mayo 2012, Arauca.

Colombia pasa en los últimos años por ser ante la opinión pública internacional uno de los países con mayores cuotas de desarrollo democrático en América Latina. El gobierno colombiano1 se presenta ante el mundo como interlocutor frente a la guerrilla en unas eventuales conversaciones de paz, receptor de medallas de mérito en derechos humanos2, o próximo socio de privilegio de la Unión Europea.

La situación sobre el terreno está sin embargo muy lejos de esa imagen. Colombia sigue siendo un país fragmentado por diversos conflictos, civiles y militares, entrelazados unos con otros, y cuyo gobierno optó hace mucho por la vía militar como estrategia, que le sirve para justificar todo tipo de atropellos contra la población civil y a favor de las multinacionales, auténticas víctimas y beneficiarios respectivamente de esta situación.

La seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo les sirve de parapeto legal a la policía y el ejército estatal para arremeter contra líderes estudiantiles, sindicalistas, campesinos o grupos indígenas, a la vez que se pretende dar por resuelto todo el conflicto social del país por medio de un posible alto el fuego entre guerrillas y fuerzas armadas.

La Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia ha presentado en la Fiesta del PCE su VIII informe y compartido algunas de las experiencias en su visita al país realizada en primavera de 2012. Sin el apoyo en esta octava edición del Principado de Asturias, pues el gobierno de Foro Asturias consideró a Colombia un estado completamente democrático y respetuoso con los DDHH, la delegación ha realizado su trabajo con la participación de la Comisión Asturiana de Derechos Humanos, la Asociación Soldepaz Pachakuti, la Asociación Iniciativa Solidaqria Internacionalista de Burgos, el Programa Asturiano de Atención a las Victimas de la Violencia en Colombia, Izquierda Unida y la Federación de Servicios Administrativos y Financieros de Comisiones Obreras de Asturias.

La portavoz de la Delegación, Tania Sánchez3, presentó tanto a los ponentes como la labor y la situación en la que ha venido trabajando la Delegación. La imagen de normalización en DDHH que pretende potenciar el gobierno de Santos Calderón, así como las garantías jurídicas que se exponen ante el mundo, no corresponden con las comprobaciones hechas en este octavo viaje de la Delegación. Como muestra el informe constata para empezar la persistencia de la actividad de los grupos paramilitares, la mayoría de ellos mercenarios profesionales al servicio de terratenientes o multinacionales, así como la tolerancia que las autoridades siguen mostrando frente a su actividad criminal. La supuesta desmantelación e inoperatividad de estos grupos no ha conseguido más que darles un plus de impunidad. La campaña de devolución de tierras emprendida por el gobierno no está haciéndola retornar a los ocupantes autóctonos, como se quiere mostrar, si no aumentando el latifundismo y la concentración del suelo agrícola. En este mismo ambiente, las comunidades rurales limpias de armas4, en puesto de verse libres de la intervención armada, están cada vez siendo más acorraladas y violando su estatus de neutralidad. Esto produce una asfixia de las poblaciones, que se ven literalmente cercadas por los diferentes bandos armados, y en muchos casos obligados al desplazamiento, que conlleva la posterior apropiación.

Por otra parte, Pedro Marset 5 nos explicó cómo desde la Comisión del Europarlamento para América Latina pudieron comprobar en distintas estancias que las reivindicaciones de las FARC 6 para un alto el fuego se ceñían a las garantías democráticas básicas y una reforma agraria que detenga el expolio de tierras a las poblaciones autóctonas en beneficio de latifundios y multinacionales.

“Ahora, es la central patronal colombiana la que está presionando al presidente Santos Calderón para forzar una negociación de alto el fuego, que elimine las reticencias de los inversores extranjeros, mientras que Uribe y EEUU siguen presionando por la resolución sólo militar del conflicto.” dijo Marset, que también resalto la importancia de que el Partido Comunista de Colombia haya retomado la centralidad estratégica de los DDHH y su unión a la Marcha Patriótica7.

Con el asesinato la noche anterior a su llegada de un miembro de la escolta que debía recibir y proteger a la Delegación Asturiana, Javier Orozco 8 nos desplegó todo el abanico de nuevas estrategias en la represión que sufre la población colombiana. La excusa de estado de guerra permanente es la premisa que mantiene el gobierno como fundamental para todas las políticas de represión, a pesar de algunos cambios sustanciales en sus tácticas y objetivos durante los últimos años.

Los activistas sindicales se han vuelto un objetivo fundamental de la persecución política en Colombia. Anualmente9, miles de sindicalistas, además de otros activistas sociales, son asesinados, desparecidos o presos. La mayoría de los detenidos salen a los dos años por sobreseimiento de la causa, pero evidentemente con su capacidad personal y profesional para seguir combatiendo totalmente desarmada. Los fallecidos son mayoritariamente resueltos como crímenes pasionales o relacionados con redes de tráfico de drogas; sin nada que ver son su actividad sindical o política. La apertura de estos procesos, basados en un altísimo porcentaje en falsas denuncias, se está convirtiendo en una herramienta de desarme político.

En el ambiente rural también han cambiado las estrategias. Para empezar el conflicto puramente armado entre guerrilla y ejercito se ha trasladado del centro a la periferia fronteriza del país. En medio, amplias zonas rurales han pasado de ser objeto de contundentes campañas militares, pero mediante ataques muy localizados que desplazan comunidades concretas fuera de su territorio, lo que ayuda a la posterior reagrupación de esos terrenos en propietarios latifundistas.

En los últimos años un total de 350.000 desplazados, y una franja de entre 20.000 y 50.000 desaparecidos, según fuentes, son el saldo de esta política de seguridad cuyo único objeto inviolable es la seguridad de títulos de propiedad en manos de corporaciones y caciques, con el objeto de que estos no puedan ser utilizados como moneda de cambio en una eventual negociación de alto el fuego.

Junto a esto, la UE se acerca cada vez más al gobierno de Colombia, ayudando a su imagen de legalidad internacional, a la vez que permiten la actuación en su territorio, especialmente España, de los servicios secretos colombianos contra opositores políticos y activistas de DDHH exiliados.

La Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia recibe con optimismo, como recibió el alto el fuego entre guerrillas10, la posibilidad de un paro de hostilidades entre los frentes armados, pero se niega a dar éste por valido como resolución global de conflicto social, político y armado que vive el país desde hace más de medio siglo y cuyo resultado es el expolio económico y la inexistencia de una democracia real para millones de colombianos.

NOTAS

1. El gobierno colombiano está presidido por Juan Manuel Santos Calderón desde 2010, y anteriormente lo fue por Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, ambos provenientes del Partido Liberal y actualmente miembros y fundadores del Partido Social de la Unidad Nacional.

2. A. Uribe, anterior presidente del gobierno colombiano, fue condecorado por Estados Unidos con la Medalla de la Libertad y por el Ayuntamiento de Cádiz con el Premio a la Libertad de la Cortes de Cádiz, además de varios doctorados Honoris Causa de universidades de todo el mundo.

3. Tania Sánchez es Diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid.

4. Desde hace años, comunidades rurales llevan una política de mantener el control dentro de su espacio con objeto de que no haya armas, con el propósito así de no poder ser declarados beligerantes en el conflicto y utilizado esto como escusa para actuar en sus localidades.

5. Pedro Marset es miembro de la Secretaría de RR Internacionales del PCE y fue diputado del Europarlamento donde formó parte de la Comisión del Parlamento Europeo para las Relaciones con América Latina.

6. FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Principal y mayor guerrilla de Colombia. Hoy es la guerrilla en activo más antigua de América Latina.

7. La Marcha Patriótica es un movimiento político y social compuesto por diferentes agentes sociales y de la izquierda colombiana que , constituido oficialmente en 2012, nace de la convocatoria en 2010, por el bicentenario de la independencia, de una “Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia", en la que miles de personas se manifestaron contra las políticas del gobierno y por una independencia económica real.

8. Javier Orozco es activista colombiano por los Derechos Humanos afincado en España y es coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la violencia en Colombia.

9. Para más información se pueden ver los informes anules sobre violación de los derechos sindicales en el mundo que realiza la Confederación Sindical Intertacional – International Trade Union Confederation (CSI – ITUC) en http://survey.ituc-csi.org/?lang=es

10. El conflicto interguerrillero entre las dos principales fuerzas revolucionarias, las FARC y el ELN, causó mas de 400 víctimas.

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