Entrevista a Felix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)"El PP lleva a la justicia temas que son del ámbito político"

Fernando Blanco 01/01/2004

"Yo en el CGPJ me estoy ocupando -casi por iniciativa propia- de la jurisdicción de familia, incapacidades, menores y vigilancia penitenciaria, porque son áreas sociales muy conocidas para mí por mi trabajo como fiscal durante muchos años y que me preocupan su funcionamiento", comienza aclarando Felix Pantoja, miembro del CGPJ a propuesta de IU. Son muchas las cuestiones a tratar con un jurista experto, léase, el contraataque del Ministerio de Justicia al Plan Ibarretxe, las últimas sentencias sobre siniestralidad laboral que culpan a los trabajadores y no a la empresa ante la falta de medidas de seguridad, o el papel de la fiscalía en la 'crisis de la Comunidad de Madrid', por citar algunos ejemplos.
El PP ya ha dejado claro su intención de reformar el estatuto fiscal. ¿Se busca acaso un Ministerio Fiscal dócil al poder ejecutivo?
"Totalmente. Esto es la catástrofe total porque crea una fiscalía jerarquizada, donde los nombramientos pasan por una designación del fiscal general del Estado, donde hay una persecución a los fiscales progresistas y, más aún, con la nueva ley de retribuciones (una parte fija y otra variable), la parte variable estará en función de los criterios del fiscal jefe".

El Fiscal General del Estado se ha declarado partidario de suprimir la Fiscalía Anticorrupción, decisión que, en todo caso, correspondería a las Cortes. ¿Está usted de acuerdo?
"No se tiene que suprimir, sino potenciar su actuación independiente y sus recursos. Si se cercena la Fiscalía Anticorrupción nos dedicaremos a perseguir al emigrante, cuando hay problemas más importantes en la sociedad que quedarían sin investigar. Pero esa parece ser la orientación del Ministerio Fiscal".

Al estallar la 'crisis de la Comunidad de Madrid', por la deserción de dos diputados socialistas, el Fiscal General del Estado rechazó la petición de IU de abrir un proceso de investigación. No había razones de peso, dijo Jesús Cardenal. ¿Las había según su criterio?
"Ha sido un golpe de Estado, prácticamente. Hay un resultado y, como no gusta, se convocan otras. Es tan evidente, hay una apariencia delictiva extraordinaria. ¿Cómo es posible que eso no se investigue? Eso demuestra que el Ministerio Fiscal está viciado de parcialidad. O la instrucción para la expulsión de menores inmigrantes, que es otra barbaridad. Es una quiebra del Estado de derecho".

IU y PSOE han presentado recurso al Tribunal Constitucional contra la reforma del Código Penal que pretende el PP directamente encaminada a frenar el Plan Ibarretxe. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar, o sea, de ser aceptado?
"No lo sé. Se tramita en el Senado la Ley de Arbitraje y ahí es donde el Gobierno del PP incluye su enmienda. ¿Qué significa? Se ha hurtado el debate político en el Congreso y el informe previo del CGPJ. Ha privado al diputado de su derecho de ejercicio de su función parlamentaria; eso es lo que se ha planteado en el recurso. Tiene alguna base. Otra cosa es si esa reforma es acorde con la Constitución o no; eso es otro tema".

Si las modificaciones del Código Penal salen adelante, decisiones políticas como la convocatoria de un referéndum no aprobado por el Gobierno central o la financiación pública de un partido disuelto, serán motivos de inhabilitación y cárcel. ¿Es esto una 'criminalización del debate político', como dicen unos, o un 'ajuste de la justicia al ritmo de la sociedad', como dicen otros que están a favor?
"Esto es llevar a la justicia temas políticos. Es peligrosísimo. Después del 11-S, en el debate entre libertad y seguridad ha vencido ésta última y se ha perdido la libertad. En esta línea está la reforma del Código Penal, que es como echar gasolina al fuego del problema vasco. Los políticos están para resolver los problemas, no para crearlos. Todas las modificaciones del Código Penal endurecen las leyes para dar la apariencia de que se atajan los problemas, como sucede con los menores".

Cambiando de tema. En los últimos días hemos conocido varias sentencias absolviendo a diversas empresas de los accidentes laborales sufridos por alguno de sus trabajadores. La alarma social entre los sindicatos saltó de inmediato. ¿Hay razón para tal 'escándalo'?
"Los jueces son independientes a la hora de resolver, en primer lugar. Pero, luego, hay que ver cómo pueden salir estas sentencias que chirrían a cualquiera que conoce el mercado laboral. Desde el Consejo, los vocales de la 'minoría' tratamos de ver lo que está pasando con este tipo penal. Tal y como está redactado el Código Penal en esta materia, ¿sirve o no sirve? ¿da lugar a que los jueces hagan este tipo de interpretaciones? Eso es lo que queríamos ver, pero la 'mayoría' se negó.

Bien, yo creo que el Código Penal no sirve para estas cuestiones. Es mejor una buena instrucción de trabajo, sancionar adecuadamente a las empresas que no ponen medios…"

Cambiando de tema. En los últimos días hemos conocido varias sentencias absolviendo a diversas empresas de los accidentes laborales sufridos por alguno de sus trabajadores. La alarma social entre los sindicatos saltó de inmediato. ¿Hay razón para tal 'escándalo'?
"El Consejo ha de respetar la independencia de los jueces; pero eso no quiere decir que el juez haga lo que le dé la gana, contraria a la realidad social. Sancionar a un juez por una sentencia es muy delicado, ya que si se abre esa puerta y se sanciona a un juez por esa sentencia, entonces el poder político tendrían el camino libre para entrar y quitar a los jueces que no le gustaran. Desde luego, una sentencia disparatada por falta de atención o contemplación de una ley sí es sancionable".

¿Se podría hacer más desde el Ministerio de Justicia para reducir el alto número de siniestros laborales?
"Es más del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos, presionando para que haya una inspección adecuada. Cuando una empresa, por ejemplo, no cumple con la normativa, no debería ir a concursos públicos; o, en materia de construcción, las administraciones locales que sean cuidadosas ante las empresas que no cumplen las medidas de seguridad e higiene, etc. Hay mecanismos desde las administraciones públicas, y no dejarlo en manos de los trabajadores".

Dos preguntas más: ¿juicios con o sin jurado popular, a colación de lo sucedido con la niña asesinada en Málaga? Y, segunda, ¿es usted partidario de los juicios rápidos, puesto en cuestión por algunos abogados?
"Soy partidario de los juicios con jurado popular. En el caso de Málaga, el jurado se equivocó porque el objeto del veredicto estaba mal redactado. Los jurados tienen que recibir la información del juicio, luego contestar a un cuestionario que les marca el juez. Si esas preguntas están mal redactadas o no se entienden, el jurado se equivocará. En muchos casos, ocurre esto. Los jueces tienen que formular las preguntas claramente.

Y, segunda, ¿es usted partidario de los juicios rápidos, puesto en cuestión por algunos abogados?
Los juicios rápidos sí, pero no los que hay, que son una mentira del Gobierno: no se han puesto medios suficientes para que funcionen, por lo que los fiscales están dejando de hacer otro trabajo para atender a los juicios rápidos; es decir, no han ampliado la plantilla. Y, segundo, el modelo de juicios rápidos encaja mal con el modelo procesal penal nuestro. Sin medios y sin encaje, no puede funcionar. Y, encima, el Gobierno dice que ha solucionado los problemas de la justicia. Si se preguntara a los profesionales dirían lo contrario".

Salvaguarda de la independencia del juez

El CGPJ lo componen 20 miembros elegidos por el Parlamento (10 por el Congreso y 10 por el Senado) a propuesta de los grupos políticos, que eligen a su vez al Presidente. De esos veinte, 12 proceden de la carrera judicial y 8 juristas con más de quince años de ejercicio profesional. Por lo tanto, la cabeza directora del órgano de gobierno de los jueces es un órgano colegiado de 21 miembros; las decisiones que se tomen han de tener mayoría si no es posible llegar a acuerdos.

Si los propios jueces eligieran a los vocales del CGPJ en lugar del Parlamente, ¿cambiaría en algo el Consejo?
"La legitimidad popular está en el Parlamente, y por tanto es quien tiene la potestad de elegir. Otra cosa es cómo se hace esa elección, bien o mal, o que los vocales elegidos arrastren la dependencia de los partidos políticos por los que han sido seleccionados. Por ejemplo, si los vocales a propuesta del PP están haciendo el papel del Ministerio de Justicia, mal vamos; y lo mismo con la oposición. Cada vocal tiene que seguir sus criterios. Si los jueces eligieran a los miembros del Consejo, entraríamos en una dinámica de corporativismo total. El CGPJ es un servicio público al servicio de los ciudadanos".

¿Cuál es la vinculación del CGPJ con el Ministerio de Justicia?
"Ninguna. El CGPJ defiende la independencia de los jueces, sin interferencias políticas. Ocurre, por el contrario, que la mayoría del Consejo está siguiendo punto por punto la política del Ministerio; eso es seguidismo".

¿Sería necesaria cambiar alguna de sus reglas de funcionamiento?
"A veces me planteo si 20 vocales son demasiados. Es difícil porque hay que modificar la Constitución. Creo también que el Consejo se está burocratizando en demasía, donde para mover un papel hay que dar cien vueltas, con lo cual te desesperas".

En la prensa leemos habitualmente que la 'mayoría conservadora' derrota a la 'minoría progresista'. Da la impresión de que el Consejo está formado por bloques y no por vocales que piensan por sí mismas.
"Sí, es así. Me fastidia. La 'mayoría' trabaja muy vinculada al Ministerio de Justicia; la reacción es de 'oposición' en los asuntos de trascendencia. Es desesperante a veces".

Publicado en el Nº 148 de la edición impresa de Mundo Obrero

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