La lucha por la absolución en el juicio de la Corrala UtopiaFrente al capitalismo inmobiliario, activismo Es fundamental, por calidad democrática, que se legisle para garantizar la función social de la vivienda, penando las viviendas deshabitadas y paralizando los desahucios inmediatamente.

Amanda Meyer Hidalgo 01/03/2016

Existe una demostración fehaciente de que el libre mercado, la inhibición del Estado para garantizar derechos y la financiarización de la vivienda son causa directa de la conculcación sistemática del Derecho Humano a la vivienda que vienen padeciendo España y el Sur de Europa. O dicho de otra manera, el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo 47 de la Constitución española son incompatibles con este sistema capitalista.

No hay más que ver cuáles han sido las causas y las consecuencias de la construcción y el estallido de la burbuja inmobiliaria y el papel que los partidos del bipartidismo tradicional, PP y PSOE, han tenido y tienen, representando los intereses privados de las grandes corporaciones y del sistema financiero.

En 2016, las consecuencias siguen siendo dramáticas, en un país como España donde la emergencia habitacional es norma mientras se especula con el suelo y con el techo, con más de 3,4 millones de viviendas vacías, con desahucios diarios de familias que no cuentan con alternativa habitacional, con viviendas obsoletas que no cumplen con el mandato constitucional de ser “adecuadas”… Y la alternativa es clara, situar en el centro de las prácticas gubernamentales al ser humano, poner la economía al servicio de la democracia, el interés general sobre el particular.

Hoy no se entienden las políticas de vivienda que no persigan como objetivo principal, asegurar la función social de la vivienda, de forma que no haya una sola vivienda deshabitada, establecer nuevas formas de tenencia, principalmente desde el alquiler, arbitrar mecanismos de dignificación de la vivienda mediante políticas de rehabilitación con nuevos modelos de ciudad y acabar con los desahucios, pero no sólo.

En Andalucía, Izquierda Unida entró a cogobernar con el PSOE en 2012, durante cerca de tres años asumimos las competencias de vivienda, legislamos y actuamos sobre las premisas anteriores, pero sabíamos que ninguna política de transformación y de naturaleza democrática sería posible sin contar con una sociedad civil organizada, exigente y movilizada. Apoyamos, discrepamos, defendimos, compartimos, con las organizaciones que defendían el derecho humano a la vivienda, fundamentales para sacar adelante las políticas de vanguardia que impulsamos que no fueron bien vistas ni por el PSOE ni por el PP, ni por la Comisión Europea, la Banca…

Parte de ese movimiento, fundamental y valiente, lo componían las mujeres y algún hombre de la Corrala Utopía de Sevilla, familias sin recursos que no podían pagar un alquiler y decidieron entrar a vivir en 2012 en un edificio terminado y vacío, que fue embargado por Ibercaja a una constructora que quebró, y que consiguieron en un tiempo record que el Defensor del Pueblo andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, buscaran una solución compartida, que no vio la luz por la intervención desproporcionada de la Delegada del Gobierno del PP, Carmen Crespo, en el desalojo policial en la primavera de 2014.

Hoy más de 50 personas acusadas de delito de usurpación, se enfrentan a una multa de 720 euros, en 50 juicios diferentes. Y el edificio en el que entraron a vivir porque no podían pagar un alquiler sigue vacío. Sería vergonzoso para este país que esas familias fuesen condenadas por un delito, el de usurpación, que nunca debería haber sido incluido como delito en el Código Penal.

Por eso es fundamental, por calidad democrática, que la Fiscalía inste a la celebración de un solo juicio con todas las imputadas, y que sean absueltas. Que el Parlamento español derogue el artículo 245.2 del Código Penal (“El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”), legisle para garantizar la función social de la vivienda, penando las viviendas deshabitadas y paralice los desahucios inmediatamente.

Es posible situar en el centro de la actividad gubernamental los derechos Fundamentales porque es posible tejer un sistema alternativo al capitalista, pero será imposible sólo de la mano de los gobiernos, por muy rupturistas y democráticos que sean, sólo con una sociedad civil organizada, exigente y movilizada se harán políticas democráticas que defiendan el Derecho Humano a la vivienda.

Publicado en el Nº 293 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2016

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