El PP "ordeñó" a placer en Madrid a empresas públicas propiedad de todos los madrileñosEl Partido Popular en Madrid, ¿una organización criminal? El dinero negro de los Papeles de Bárcenas se destinaba prioritariamente a la financiación de las campañas electorales y al pago de sobresueldo a altos cargos del Partido.

Enrique Santiago Romero 15/03/2016

La mañana del 11 M de 2004, mientras Madrid padecía el peor ataque de su historia desde los bombardeos aéreos franquistas en la Guerra Civil, los gestores de las distintas “cajas B” del Partido Popular se dedicaban a incrementar los saldos de estos reservorios de financiación opaca producto de diversos delitos.

Los dirigentes del PP madrileño efectuaron al menos 12 operaciones de blanqueo de dinero negro, según se ha puesto de manifiesto en la investigación judicial de la denominada “red Púnica”. Concretamente se depositaron en una cuenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), abierta en la sucursal de Génova 10 de la entonces Caja Madrid, una docena de ingresos en metálico levemente inferiores a 3.000.- € cada uno de ellos. Fundescam era utilizada por el PP de Madrid para financiar sus campañas electorales, burlando la ley de financiación de partidos políticos y la ley Orgánica de Régimen electoral. Es una fundación creada por el Partido Popular de Madrid, que en ese momento presidía Pío García-Escudero, quien también fue presidente del PP de Madrid hasta que en noviembre de 2004 ocupó dicho cargo la ya presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. García-Escudero aparece igualmente como perceptor de dinero negro procedente de otra “Caja B” de Génova, la denominada “papeles de Barcenas”, causa por la que tuvo que declarar –dando explicaciones muy poco convincentes a las acusaciones populares y al juez- siendo Presidente del Senado.

Es misma mañana del 11 de marzo de 2004 Juan Cotino, entonces Delegado del Gobierno en Valencia y antes Director de la Policía, quien además ha sido Consejero del Gobierno de la Generalitat Valenciana y Presidente de las Cortes Valencianas, llegaba a la sede del PP de la calle Génova presuntamente portando un maletín con 240.000.- euros para sufragar gastos de la campaña de las Elecciones Generales del año 2004. El Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana se ausentaba así de su oficina durante la mañana en la que España sufría el más grave atentado terrorista de su historia, priorizando la entrega de dinero negro, con fines electorales, a los dirigentes del PP nacional antes que el cumplimiento de su obligación de velar por la seguridad de los habitantes de la Comunidad Valenciana. La familia Cotino controla el grupo empresarial Sedesa, con numerosos intereses empresariales en el sector de la construcción y las infraestructuras, entre otros, en la Comunidad Valenciana, grupo empresarial que ha sido adjudicatario de numerosos contratos públicos concedidos por la Generalitat de Valencia.

En la mañana más trágica de la historia reciente de España, dos organizaciones criminales diferenciadas que convivían en el seno del PP -Red “Púnica” y “Papeles de Bárcenas”- funcionaban a toda máquina para evadir los límites de financiación a las campañas electorales que establecen las leyes electorales, con dinero procedente de comisiones ilegales, a cuatro días de unas elecciones generales.

Pero las redes Púnica y Papeles de Bárcenas no han sido las únicas que han financiado ilegalmente al PP en la Comunidad de Madrid mediante comisiones económicas procedentes de la concesión de contratos públicos -muchas veces con precios y tarifas hinchadas- a las empresas que estuvieran dispuestas a abonar las mayores cantidades de dinero negro. A las anteriores hay que sumar al menos las redes Gurtell, Pokemon y las comisiones procedentes de la “privatización sanitaria” en la Comunidad de Madrid.

Que la corrupción ha sido estructural en el PP de Madrid lo pone de manifiesto el hecho de que su fundación, Fundescam, aparezca vinculada a la financiación ilegal del PP tanto en la trama Púnica como en la trama Gurtell, apareciendo en esta última investigación que pagó facturas de las empresas de Francisco Correa por valor de más de 300.000 euros, correspondientes a actos políticos y electorales del PP madrileño.

El diario Público acreditó en su día que solo en el mes de marzo de 2004 Fundescam recaudó al menos 154.250 euros, procedentes de empresas como Iberia o Unión Fenosa y de empresarios como Gerardo Díaz Ferrán -actualmente encarcelado por el fraude en Marsans- o Arturo Fernández, actualmente procesado por distintas malversaciones, entre otras las relacionadas con la apropiación indebida de dinero público destinado a formación de trabajadores. Todo el anterior dinero también acabó financiando las campañas electorales del PP de Madrid.

El PP “ordeñó” a placer en Madrid a empresas públicas propiedad de todos los madrileños. La investigación de la trama Púnica ha puesto de manifiesto la utilización del Canal de Isabel II para sustentar las redes de corrupción del PP de Madrid. Recordemos que Ignacio González, primero vicepresidente de la Comunidad de Madrid y Presidente tras la primera dimisión de Esperanza Aguirre, ha sido reiteradamente investigado por su intervención directa en la privatización de las infraestructuras del Canal YII, y por el intento fallido de privatizar el suministro de agua para consumo humano en Madrid, suministro que gestiona la citada empresa pública.

El Canal de Isabel II y la Agencia Informática ICM han sido también utilizados por el PP en Madrid para sufragar campañas de imagen en Internet de altos cargos, entre ellos del propio Ignacio González -una vez nombrado Presidente de la Comunidad de Madrid- y de su mano derecha y exconsejero del gobierno regional Salvador Victoria. Según consta en los 18 tomos del Sumario Púnica dados a conocer recientemente, la empresa pública Canal de Isabel II fue utilizada de forma continuada como fuente de financiación del PP madrileño.

A estas alturas parece evidente que el Canal de Isabel II manipuló contratas y desvió dinero para la caja B del PP regional, una caja B que quien parece ser el cabecilla de la Red Púnica -antiguo hombre fuerte del PP de Madrid-, Francisco Granados, dejó vacía antes de abandonar la secretaría general del PP de Madrid, según indica la Guardia Civil.

Francisco Granados y su socio y comisionista David Marjaliza, tuvieron abiertas en Suiza al menos 18 cuentas bancarias, con unos saldos que llegaron a acumular 33.498.675.- euros, según consta en el Sumario de la Púnica, dinero que desde luego no procede de sus nóminas profesionales ni ha sido obtenido lícitamente con su trabajo o esfuerzo personal. Parte de dicho dinero sin duda habrá ido a financiar las fiestas con las que Granados agasajaba a sus compinches en la operación de saqueo de dinero público que organizó y mantuvo durante años a través de la “Red Púnica”. Recuérdese al muy católico y conservador Granados convidando a sus cómplices a participar en “orgías” en las que no faltarían “volquetes de putas”, según pudimos escuchar literalmente en las grabaciones de sus comunicaciones telefónicas, intervenidas por orden judicial.

La Red Gürtel manejaba las campañas electorales del PP de Madrid y lo dotaba de constante financiación irregular, siempre procedente de comisiones obtenidas por la concesión de contratos públicos adjudicados al mejor pagador de dinero negro. Esta Red funcionó a pleno rendimiento en el PP de Madrid y de la Comunidad Valenciana, pero también aparece bien implantada en las estructuras del PP en Galicia y en Castilla y León. El papel directivo del ex Gerente y ex Tesorero de la dirección nacional del PP, Luis Bárcenas, está claramente acreditado en la investigación de la Red Gurtell, al lado de la cual los denominados “Papeles de Bárcenas” -otra trama de financiación irregular diferenciada de Gurtell y de Púnica- apenas garantizaban una pequeña parte de la financiación del PP procedente de actividades de corrupción. Llegados a este extremo, conviene recordar que a fecha de hoy la que fuera durante décadas dirigente del PP, Presidenta del PP de Madrid y Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dice ignorar la existencia de las distintas redes de financiación irregular del partido del que era presidenta con dinero procedente de comisiones percibidas a cambio de contratos públicos.

El dinero negro reflejado en los Papeles de Bárcenas se destinaba prioritariamente a la financiación de las campañas electorales “nacionales”, esto es, dirigidas por la dirección nacional del Partido Popular, y al pago de sobresueldo a altos cargos del Partido -incluidos presidentes, secretarios generales y vicesecretarios generales- que en todas las ocasiones percibían además emolumentos oficiales como directivos del PP y/o emolumentos públicos por el desempeño de cargos de libre designación política o electos. Los muy liberales miembros del Partido Popular, que defienden la desaparición del Estado o su reducción a una mínima expresión por ser causa de todos los males sociales, se aplicaban en el anterior objetivo saqueando el dinero publico de todos los españoles, ya que tanto los salarios oficiales del PP, como los de sus cargos públicos, o los emolumentos percibidos en dinero negro, procedían de cuentas de recursos públicos. Acabar con el Estado desfalcándolo, parece ser la práctica de los neoliberales españoles.

Los dirigentes del PP madrileño imputados – ahora “investigados”, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal efectuada por el PP antes de perder las últimas elecciones generales- ascienden por ahora, -sólo en la Comunidad de Madrid- en la trama Púnica a 5 alcaldes y concejales, 1 senador y un Director General. En la trama Gurtell se investiga a 9 alcaldes y concejales, 2 diputados autonómicos, 1 consejero autonómico y un vice-consejero y un Director General. Otros casos de corrupción que han afectado al PP de la Comunidad de Madrid han sido el caso “privatización Sanitaria”, en el que hay imputados un Consejero y un Director General de la Comunidad de Madrid. Y en el caso Noos aparece imputada una Directora General del Ayuntamiento de Madrid siendo alcalde Ruiz Gallardón.

Recientemente, la Fiscalía de Valencia ha anunciado que formalizará acusación contra el Partido Popular y sus dirigentes en dicha comunidad autónoma por pertenencia a una “organización criminal”, es decir, por la existencia de una estructura estable en el seno del PP valenciano constituida y dedicada a un único fin, la realización de conductas criminales, todo ello de forma estable, con una estructura compleja y una especialización de sus distintos integrantes para la consecución del fin delictivo. Sin duda es una buena noticia, aunque un poco tardía.

Publicado en el Nº 294 de la edición impresa de Mundo Obrero marzo 2016

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