Iniciativa plural y transversal impulsada por determinados grupos municipales y formaciones políticas, junto a plataformas y asociaciones representantes de la sociedad civilIU respalda el ‘manifiesto de Oviedo’ contra el “endeudamiento ilegítimo” y la austeridad municipal impuesta por el gobierno de Rajoy El texto se posiciona contra el “endeudamiento ilegítimo” y las políticas de austeridad municipal impuestas en los últimos años por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Izquierda Unida Federal 20/10/2016

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Mucho ha cambiado en Madrid

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, uno de los más de 600 firmantes de esta iniciativa, explica que son los ayuntamientos “las primeras administraciones que ofrecen los servicios públicos a la ciudadanía” y que, por ello, “su pérdida de calidad por efecto de la austeridad acaba por afectar de forma inmediata a su vida cotidiana”


Izquierda Unida ha respaldado hoy en un acto seguido de rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el denominado ‘Manifiesto de Oviedo’, una iniciativa plural y transversal impulsada por determinados grupos municipales y formaciones políticas, junto a plataformas y asociaciones representantes de la sociedad civil, como la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD). El texto se posiciona contra el “endeudamiento ilegítimo” y las políticas de austeridad municipal impuestas en los últimos años por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El coordinador federal y portavoz parlamentario de IU, Alberto Garzón, ha intervenido en nombre de esta formación para advertir que son los ayuntamientos “las primeras administraciones que ofrecen los servicios públicos a la ciudadanía” y que, por ello, “su pérdida de calidad por efecto de la austeridad acaba por afectar de forma inmediata a su vida cotidiana”.

Además de por Garzón, Izquierda Unida también estuvo representada en el encuentro a través de su responsable federal de Políticas Económicas, Carlos Sánchez Mato, que también es concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. La nómina de intervinientes la completaron la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, la diputada de Unidos Podemos Auxiliadora Honorato, junto al portavoz de la PACD Yago Álvarez.

Hasta el momento más de 600 representantes de la sociedad civil, diputado/as autonómico/as, nacionales y europeos, así como concejales/as y alcaldes han firmado ya al ‘Manifiesto de Oviedo’ para reclamar, entre otras medidas, un “cambio radical” en la política de “asfixia financiera” impuestas por el PP a comunidades y ayuntamientos.

Alberto Garzón, uno de los firmantes, reclamó al conjunto de las fuerzas políticas que no escatimen esfuerzos para “seguir defendiendo a los ayuntamientos que están haciendo las cosas bien”, frente a las “imposiciones y las prohibiciones” que del PP mantiene vigentes.

Todos los presentes coincidieron en señalar las consecuencias negativas que arrastran la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya reforma se está viendo ahora en el Congreso, y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local o ‘ley Montoro’. De ahí que Garzón valorara la “idoneidad” de presentar hoy el ‘Manifiesto de Oviedo’, para dar respuesta a la primera de estas normas a la que desde Unidos Podemos se quiere “dar la vuelta como un calcetín”.

Alberto Garzón aprovechó para pedir al PSOE que apoye las enmiendas presentadas para modificar en profundidad la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que esta norma “deje de ser el eje de los recortes y sea posible legislar en beneficio de la mayoría social”. Auxiliadora Honorato, por su parte, recordó que Unidos Podemos registró hace unas semanas una iniciativa para tratar de conseguir la derogación de la ‘ley Montoro’ en coordinación con el deseo expresado por los denominados ‘ayuntamientos del cambio’ y la sociedad civil.

El dirigente de IU y concejal de Hacienda madrileño, Carlos Sánchez Mato, destacó que el ‘Manifiesto de Oviedo’ tiene “unas raíces muy profundas en la lucha social seguida desde hace años por distintas plataformas, entre ellas la PACD, para denunciar la ilegitimidad de buena parte de la deuda, incluida la del Ayuntamiento de Madrid”.

Valoró especialmente que con esta iniciativa “no sólo se critica y reacciona” contra la deuda, sino que “se plantean alternativas concretas, además en distintos planos, estatal y local” frente al boicot que ejerce el PP para que no se pueda avanzar en esta cuestión.

Ana Taboada señaló que esta iniciativa “tendrá continuidad en el tiempo” con el trabajo conjunto que los ayuntamientos del cambio y distintas asociaciones y plataformas tienen previsto llevar adelante en los próximos meses. Anunció que la primera cita tendrá lugar los próximos días 25 y 26 de noviembre en Oviedo, ciudad que da nombre al Manifiesto.

MANIFIESTO DE OVIEDO

Nosotra/os, concejala/es, diputada/os, activistas y ciudadana/os, conscientes de la necesidad de un verdadero cambio en las políticas, desde municipales hasta estatales, rechazamos el endeudamiento ilegítimo y la austeridad que impiden garantizar derechos, servicios de calidad y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos.

Consideramos la modificación del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la 'Ley Montoro' de la Administración Local unas legislaciones profundamente injustas que se han impuesto sin legitimidad democrática. De hecho, la 'Ley Montoro' ha sido declarada parcialmente inconstitucional. La aplicación de estas normas socava la autonomía de ayuntamientos y gobiernos autonómicos y ataca los derechos de la ciudadanía.

La socialización de las pérdidas que supuso el rescate a la banca española -disparó la deuda y el déficit en 2012-, se sigue promoviendo con medidas como el Plan de Pago a Proveedores (FFPP) de los ayuntamientos o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que lejos de servir a los intereses generales, en realidad a quien ha servido es a los bancos, convirtiendo deuda comercial en deuda financiera y aplicando a las Administraciones Públicas unas tasas de interés abusivas hasta 26 veces superiores a las que el BCE aplica a las entidades financieras. Tanto en los ayuntamientos y comunidades sobreendeudados por obras faraónicas e inútiles, pelotazos urbanísticos, sobrefacturaciones, sobornos y todo tipo de corruptelas, como en administraciones en principio saneadas, el Plan de Pago a Proveedores y el FLA han inflado la deuda pública de manera ilegítima.

El Gobierno ha demostrado que cuando le interesa sí alivia la deuda. Así, en 2015, año electoral, el Gobierno de Rajoy eliminó los intereses que los municipios tenían que pagar a los bancos y los postergó al año siguiente, imponiendo incluso a los bancos una rebaja en los intereses durante siete años, reconociendo así que éstos eran claramente abusivos.

Llevamos desde 2010 soportando unos salvajes recortes económicos y de derechos. En el último año, el Gobierno, pese a estar en funciones, ha seguido aplicando la austeridad impuesta desde la UE, con especial saña hacia ayuntamientos, que son las corporaciones más cercanas a la población, y CCAA, encargadas de cubrir necesidades básicas como la educación o la sanidad, aunque son las Administraciones Públicas menos endeudadas (un 3,2% y un 24,9%, respectivamente, en comparación con el 88% de la Administración Central). El total de la deuda pública en el segundo trimestre de 2016 alcanzó el 101% del PIB, según el Banco de España, al 13 de octubre de 2016.

Por todo ello, exigimos:

Un cambio radical de la política de asfixia financiera aplicada por el Gobierno Central hacia ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CC.AA.)

La derogación de la reforma del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados.

El cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas.

Y nos comprometemos:

A apoyar la constitución de un frente formado por los municipios, las Comunidades Autónomas y las nacionalidades del Estado español que cuestione la deuda ilegítima y que trabaje para su anulación; un frente que permita romper el aislamiento y la fragmentación; un frente que permita tomar iniciativas para cambiar de manera favorable la correlación de fuerzas respecto al Gobierno; un frente donde los municipios fuertes brinden apoyo a los más débiles y más afectados por las deudas ilegítimas; un frente para tomar iniciativas y llevar a cabo acciones para liberarse del yugo de la deuda ilegítima y que permitan encontrar financiación legítima para garantizar a la ciudadanía el gozo de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Deben iniciarse procesos de auditorías con participación ciudadana de la deuda de nuestras Administraciones Públicas y reclamar la anulación de las deudas identificadas como ilegítimas que hayan favorecido al interés particular de una minoría privilegiada y en contra de los intereses de la/os ciudadana/os.

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