Enero de 2017, 40 aniversario de la matanza de Atocha 55Los abogados laboralistas, icono de la Transición 40 años después, continúan sin investigar quiénes fueron los verdaderos responsables de la matanza, ni las fuerzas que había detrás, incluidos los cuerpos del seguridad del Estado y el ejército.

Foro por la Memoria 23/01/2017

Fue el final de una terrible semana de asesinatos que comenzó con la muerte, a manos de pistoleros del régimen, del estudiante Arturo Ruiz. Los grupos de extrema derecha se oponían a la democratización del país y a la legalización de los partidos políticos, fundamentalmente el PCE, cuyos cuadros continuaban haciendo un importante papel, clandestino, sólo comparado con la hiperactividad franquista de esos días. La memoria forma parte de cualquier vínculo humano y, por supuesto, debe estar presentes en el ámbito político; sin ella simplemente dejamos de ser.

Cuarenta años después de aquella tragedia, continúan sin investigar quiénes fueron los verdaderos responsables de la matanza, ni las fuerzas que había detrás de ellos, incluidos los cuerpos del seguridad del Estado y el ejército. La losa de impunidad también reposa sobre este caso. Con todo, y tras el tiempo trascurrido, para CCOO, el sindicato clandestino para el que trabajaban los abogados en el despacho violentado, la acción significó el decisivo encarrilamiento de la transición política hacia las elecciones generales que construirían un nuevo sistema democrático y que generarían una Constitución acorde con él. Un repaso rápido por las legalizaciones: en febrero de 1977 son legalizados el PSOE renovado de Felipe González; el Partido Social Demócrata de Fernández Ordóñez; el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno, el partido Demócrata Popular de Ignacio Camuñas y el arquitecto Chueca Gotilla; y el Partido Popular Demócrata Cristiano de Álvarez de Miranda -estos últimos de nueva constitución y que se integrarían inmediatamente en la UCD de Adolfo Suaréz-, así como la ORT. La Alianza Popular de Manuel Fraga ya estaba inscrita desde octubre de 1976, y habrá que esperar al 9 de abril para que se legalice definitivamente al PCE. A finales de ese mismo mes dejan de ser ilegales los sindicatos CCOO, USO y la UGT; en mayo lo es la CNT. Seguidamente fueron legalizados el PSUC (mayo del 77), el MC (julio del 77) y la LCR (septiembre del 77).

No queremos ni debemos olvidar sus nombres: aquella noche fueron asesinados los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luís Javier Benavides Orgaz y Javier Sauquillo, casado con Dolores González Ruiz y hermano de Francisca -la ahora responsable del Comisionado de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Madrid-, el estudiante Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta, Luís Ramos y la ya mencionada Lola González Ruiz, que ya en 1969 había perdido a su anterior pareja, Enrique Ruano, en manos de la policía franquista.

Un día antes, Arturo Ruiz, al disolver la policía una manifestación pro-amnistía, es asesinado por un grupo afín a Fuerza Nueva en las cercanías de la Gran Vía madrileña. María Luz Nájera fallece a consecuencia del impacto de un bote de humo disparado desde el dispositivo policial que debía disolver la manifestación convocada para denunciar la muerte de Arturo el mismo día de la matanza de los abogados. Ella tenía 20 años, él, 18.

Pero también hay otros nombres propios en estos sucesos: el de Antonio González Pacheco, el comisario experto en torturar opositores, cuya extradición por crímenes de lesa humanidad ha sido solicitada por Argentina, a partir de la querella abierta en aquel país, pero negada sistemáticamente por la Audiencia Nacional y por el gobierno de Rajoy, o el de Roberto Conesa, el quintacolumnista que en su día traicionó a sus compañeros de la JSU, jefe de la Brigada Político Social hasta su disolución en 1976, jefe superior de policía en Valencia desde entonces y uno de los encargados de la lucha terrorista contra ETA y GRAPO en los primeros gobiernos democráticos. Que tampoco se nos olviden estos nombres.

Y recordar a Juan Antonio Bardem y su película 7 días de enero, rodada casi en tiempo real –su estreno fue en 1979- con un diseño casi de documental en la que nos proporciona una visión de lo que fue aquel entramado y su relación con otras acciones terroristas de la extrema derecha española.

La contención y ejemplo de capacidad de gobierno de los funerales de los abogados por parte de un PCE aún clandestino dejó una huella en todos los sectores sociales y políticos que sin duda fue determinante; el PCE apostaba por la libertad y su compromiso con la no violencia era ya indudable. Las últimas secuencias del título de Bardem están tomadas de la realidad y demostraron al mundo esa capacidad, su fortaleza y preparación como partido consecuente.

El fin de la impunidad de los crímenes franquistas es nuestro compromiso de agradecimiento con ellos, con todas las víctimas, también con las de ese periodo. Los abogados de Atocha son un ejemplo de compromiso con la realidad de un PCE dispuesto a dar respuesta a las necesidades sociales de cada momento. También de aquel. Nuestra realidad es distinta ahora, la violencia política esta silenciada, eso no significa que no exista ni que dejemos de combatirla y dar alternativas a la convivencia en paz.

Publicado en el Nº 302 de la edición impresa de Mundo Obrero enero 2017

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