Propuestas para un nuevo paísUnidos Podemos presenta la Ley de Eutanasia en el Parlamento El derecho a vivir nunca debe ser una obligación que nos impida morir con la misma dignidad con la que queremos vivir

Eva García Sempere 30/01/2017

Los Estados, las administraciones, los profesionales de la salud o la Justicia han de garantizar a toda la sociedad el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Sin embargo, cuando esos mismos actores, enunciando este derecho, impiden que las personas mueran cuando sus vidas se convierten en un sufrimiento insoportable, nos damos cuenta de cuánto falta por desarrollar aún el concepto de derecho a la vida. Recordemos, para empezar, que nuestra propia Constitución lo sitúa junto a valores como la libertad y la dignidad. Desde ahí es de donde defendemos la reciente Ley de Eutanasia presentada al Parlamento.

Profesionales relacionados de una u otra forma con el sufrimiento de las personas, especialmente el personal médico, nos señalan que el compromiso con la salud y el bienestar del enfermo va más allá de tratar por todos los medios de mantenerlo con vida. No se debe imponer el deber de vivir en condiciones penosas. Se trata de no producir sufrimiento innecesario, de garantizar bienestar físico y psíquico, de aliviar el tránsito hacia la muerte y, sobre todas las cosas, de respetar la autonomía de aquellos ciudadanos en fase terminal de una enfermedad o con padecimientos que consideran insoportables.

Los estudios sociológicos que recogen las tendencias de nuestra sociedad nos marcan un cambio de actitud ante la enfermedad y la muerte, producto de hondas transformaciones sociales y culturales. De la misma manera que no se quiere vivir sufriendo, no se quiere morir con falta de autonomía, pérdida de consciencia y dolor.

Existe un amplio consenso en que es necesario regular los derechos en esa última etapa de la vida, como ya se fue avanzando a lo largo de distintas legislaciones autonómicas consecuencia de la transposición de lo recogido en la Ley 41/2002 sobre autonomía del paciente. Se avanzó en cuanto a cuidados paliativos, en la limitación del esfuerzo terapéutico, en los registros de instrucciones previas o en evitar la obstinación terapéutica... a pesar de que, muy tristemente, aún nos queda que recorrer en cuanto a la universalidad del acceso a estos derechos.

Debemos pelear así por expandir y ampliar el acceso a los cuidados al final de la vida. Por una parte, que toda aquella persona que lo desee esté informada de su pronóstico, de las alternativas que tiene a su alcance y de la posibilidad, si el sufrimiento se vuelve intolerable, de aliviar su dolor a través de la eutanasia o del suicidio médicamente asistido. La experiencia internacional nos dice que previsiblemente lo solicitará un 10% de la población y podrá acceder en torno a un 3%.

Hasta ahora todo lo relacionado con el sufrimiento, la pérdida de autonomía o el dolor previo a la muerte se ha venido viviendo de manera profundamente introspectiva, sin querer visibilizar su existencia y, en demasiadas ocasiones, dejando a las personas enfermas sin capacidad de decidir. Y con la espada de Damocles que representa el artículo 143.4 del Código Penal, que prohíbe la eutanasia y el suicidio asistido, dejando sin cobertura legal a quien quisiera ayudar a morir a quien así lo expresa de manera clara, inequívoca y reiterada. Impidiendo también un ejercicio básico de solidaridad y compasión, una defensa de una muerte digna por la que habrían de velar los poderes públicos.

En este sentido, y porque las personas comprometidas con los derechos humanos no podemos dejar atrás a nadie en ninguna etapa de la vida, es por lo que llevamos a debate al Congreso una proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia, incluyendo también lo referente al suicidio médicamente asistido.

En un maravilloso trabajo conjunto con distintos profesionales y el apoyo indispensable de la asociación Derecho a Morir Dignamente, desde el grupo confederal Unidos Podemos, donde nos encontramos Izquierda Unida junto a Podemos, En Marea y En Comú Podem, lanzamos este debate social e institucional. Tanto el trabajo previo como la fase que ahora iniciamos responden a la concepción democrática de la representación política que defendemos, vinculada a la sociedad civil y no a los grandes poderes.

Presentamos una propuesta de Ley donde queremos recoger el derecho de toda aquella persona mayor de 18 años, o menor emancipado legalmente, que en pleno uso de sus facultades y encontrándose en una fase terminal o sujeto a sufrimientos intolerables, decida de manera libre e informada acabar con su vida. Para ello, habrá de haber dejado constancia de su voluntad por escrito y, en más de una ocasión, habrá tenido acceso a toda la información tanto en lo referente a su pronóstico como a las alternativas y los cuidados paliativos a los que tiene derecho.

Queremos que este derecho sea universal, por ello entendemos que debe ser garantizado desde instancias públicas y con rigurosos procesos de evaluación y seguimiento, que deberán llevarse a cabo desde las administraciones autonómica y central.

Dando cobertura, a través de la modificación del Código Penal para la despenalización de esta práctica, a quien puede acompañar a la persona en el tránsito a una buena muerte, pero también a quien no desee hacerlo y se acoja a la objeción de conciencia de manera expresa, por escrito y con antelación. Derecho este último que no puede significar la desatención de quien quiera acogerse a disponer de su propia vida y, por tanto, deberá significar la remisión a otro profesional que le ayude.

Existen antecedentes suficientemente estudiados y evaluados en las leyes de países que han despenalizado la eutanasia tanto en Europa como en América para saber que esta ley es posible, es necesaria, es garantista con profesionales y pacientes, y no conlleva ningún riesgo añadido a la salud y a la buena práctica profesional. Significa, ni más ni menos, la regulación de un derecho y una práctica existente que debe ser legalizada.

Porque si no cuidamos de todas las personas, si dejamos atrás a alguien, no estaremos cumpliendo con el mayor de nuestros compromisos con la sociedad: luchar por una vida digna para todas las personas, especialmente para las vulnerables y las que sufren.

Publicado en el Nº 302 de la edición impresa de Mundo Obrero enero 2017

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