Desnaturalización de la autonomía localDel “Quita un cacique y pon a un Alcalde” del año 79 a la soberanía limitada de los ayuntamientos del siglo XXI Sigue habiendo lucha de clases y los de siempre quieren seguir dirigiendo las instituciones, sin presentarse a las elecciones, para que estas salvaguarden sus intereses.

Francisco Javier Camacho González 12/02/2017

Tras 37 años de los primeros ayuntamientos democráticos, 3 de abril de 1979, mucho ha llovido, y yo diría que mucho ha menguado el denominado poder local, entendido este no como algo retórico sino como tener capacidad, presupuesto y competencias suficientes para, desde la cercanía privilegiada a los problemas, poder abordarlos de manera autónoma y eficaz.

Hasta el año 1979, los ayuntamientos de la dictadura estuvieron presididos por alcaldes que ponían directamente los Gobernadores Civiles de entre los ciudadanos -casi nunca las ciudadanas- afectos a la ideología del régimen. Tras cerca de cuatro décadas de “ayuntamientos democráticos” podemos concluir paradójicamente que la ideología del régimen se sigue imponiendo ahora con métodos más sofisticados y a través de medidas, leyes y directivas europeas que encorsetan política y financieramente lo que puede o no puede hacer un consistorio. Un contexto que nos podría llevar a afirmar que el margen de maniobra, para hacer “otra política” o para hacer una política transformadora, se estrecha tanto que puede hacer prácticamente irrelevante, quién gobierna o no, una ciudad o pueblo.

Los pueblos, al igual que las comunidades autónomas o los propios estados, han perdido soberanía hasta convertirse en meras herramientas al servicio de una política que lo relega a la mera gestión “limitada” y controlada de sus “competencias”… Como si ante un problema grave los ayuntamientos, que son también Estado, pudieran eludir una respuesta adecuada esgrimiendo “competencias”. Las tesis conservadoras se han impuesto por la vía de los hechos y han ganado el ya viejo debate de la izquierda: los ayuntamientos están para hacer “gestión” y no para hacer “política”… o lo que es lo mismo en los consistorios no caben las políticas transformadoras y los alcaldes más que gobernar tienen que ser gerentes o meros administradores de los ayuntamientos. Ha sido una victoria tan brutal que incluso hay partidos, que se consideran progresistas, que piensan que no se puede ser concejal si no se tiene título universitario… en una especie de regreso a la democracia romana de los patricios o a la mismísima tecnocracia.

En el año 1985 se promulgó la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local donde el Estado estableció un “suelo competencial” que la ilusión de cambio sobrepasó ampliamente, principalmente en los ayuntamientos de izquierda. Se respondía así a las demandas de la ciudanía creando servicios y generando respuestas institucionales a las mismas de manera directa, que es desde mi punto de vista la verdadera naturaleza del poder local. Un impulso que no fue respaldado por un aumento de los recursos económicos de tal manera que se consiguiera la suficiencia financiera de los ayuntamientos. Y esta realidad se mantuvo así durante décadas gracias al PP y al PSOE, que cuando gobernaron nunca legislaron para que el reparto porcentual del gasto público entre Estado Central, Autonómico y Local, fuese 50/25/25 como corresponde a un Estado descentralizado y moderno. En España, a diferencia de lo que ocurre en toda Europa, todavía estamos en el 49/38/13.

Se optó por una insuficiente financiación “no finalista”, que es la que otorga el verdadero poder y autonomía local, complementada por el mantenimiento del paternalismo de las subvenciones para acciones concretas (finalistas) y diseñadas desde arriba -que se otorgaban y se siguen otorgando en muchos casos con criterios clientelares- de otras administraciones consideradas “superiores” (Comunidades Autónomas y Gobierno Central).

Los ayuntamientos que habían asumido competencias de todo tipo: sanitarias, educativas, sociales, culturales, de empleo, etc… obligados por su carácter de gobierno cercano a la realidad y que no recibían financiación suficiente para esta asunción de responsabilidades se convirtieron en presas fáciles de la mafia del ladrillo que ofrecieron “financiación” a través de la depredación del territorio y del paisaje.

Los recursos económicos que las leyes de financiación no otorgaban a las exhaustas arcas municipales, muchos alcaldes lo obtuvieron con los PGOUs, con las recalificaciones de suelo, con las licencias de obras y con los convenios urbanísticos. En algunos casos, muy conocidos y estudiados, la mafia del ladrillo no sólo sirvió para insuflar aire a las arcas consistoriales sino también a las cuentas corrientes de alcaldes o concejales corruptos o para financiar a partidos políticos en más de una ocasión. No se construían viviendas o equipamientos en base a necesidades planificadas y estudiadas, sino que el urbanismo se convirtió en un producto financiero especulativo, con el que se comerciaba con la connivencia de instituciones que equilibraban sus cuentas con estos procesos insostenibles económica y ecológicamente, como la realidad vino a demostrar finalmente. Estos procesos fueron especialmente escandalosos en las zonas costeras aunque alcanzaron finalmente, con mayor o menor virulencia, a todo el territorio.

Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que se extendió desde el año 1997 al 2008. Muchos Ayuntamientos entraron en crisis. A la insuficiencia financiera que venía de lejos, se añadió en muchos casos, el hecho de que multitud de ayuntamientos habían aumentado sus gastos estructurales y fijos a la luz de los ingresos coyunturales de la década del ladrillo.

Es una realidad también constatable los casos de ayuntamientos, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que están recurriendo a obtener la liquidez de sus cuentas y el “equilibrio financiero” privatizando el agua o hipotecando los servicios públicos, también mediante su privatización, durante décadas. Sólo cambiaban los métodos para volver a equilibrar las cuentas y el negocio utilizado. Estábamos en el mismo error: salvar la insuficiencia financiera como fin último utilizando para ello cualquier método. Una necesidad de la que se aprovechaba el mercado.

Pero en este momento también llegan a los ayuntamientos las políticas de austeridad provenientes de Europa que favorecían entre otras cosas esta tendencia apuntada de privatización de servicios públicos. En el año 2011 se aprueba por parte del Gobierno de Zapatero, con la complicidad del PP, la reforma del art. 135 de la Constitución y con ello la limitación del empleo público, el techo de gasto, el déficit cero, los planes de ajustes, la disolución de organismos y empresas públicas o lo que es peor, aún si cabe, la obligación de destinar el superávit de las cuentas municipales a pagar deuda de los bancos como prioridad.

Y en este contexto político hay que situar también la denominada Reforma Local del PP (Ley 27/2013 de Racionalización y Estabilidad de la Administración Local) que pretendía limitar la política local estableciendo en lugar de un suelo competencial un techo a partir del cual los ayuntamientos tendrían que dejar de actuar, desmantelando servicios públicos que hasta ese momento tenían un amparo legal. La derecha pretendía, además de “adelgazar” el poder local, privatizar masivamente servicios públicos a través de conceptos como el “coste efectivo”. Una Ley que fue recurrida ampliamente y que el Tribunal Constitucional ha venido a desmantelar en gran medida poniendo en evidencia una flagrante invasión de la autonomía local y también de las competencias propias de las comunidades autónomas.

En este debate incluso se llegó a poner encima de la mesa el tamaño de los ayuntamientos como factor de viabilidad económica de estas instituciones. Se llegó a decir por parte del ministro Montoro que tendrían que desaparecer cerca de 6.000 ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, de un total de 8.000. Esto se reflejaba incluso en uno de los borradores de la Reforma Local que además obligaba a establecer fusiones de municipios. No deja de ser curioso puesto que los municipios sólo representaban a finales del 2011 un 3´5% (28.000 millones de euros) del total de la Deuda Estatal Pública (810.000 millones de euros). De entre estos los 10 primeros municipios en población concentraban el 40% de la deuda municipal total, y entre esos 10, Madrid se llevaba más de la mitad.

Hay otros intentos de limitar la soberanía municipal encima de la mesa como la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, sostenidas por directivas europeas y posteriormente traspuestas a la legislación nacional que con el eufemismo que aluden de fomentar la libre competencia pretenden armonizar (más bien uniformar) en la realidad la legislación fiscal e incluso las ordenanzas municipales para nuevamente estrechar el margen de maniobra de los gobiernos regionales y también de los locales. Se trata de garantizar por ley las “libertades de los operadores económicos” o lo que es lo mismo que ninguna institución pueda legislar o regular de manera diferente un mercado que debe seguir siendo una jungla en la que sobreviven y campan a sus anchas los más fuertes sin cortapisa alguna.

Ante este evidente proceso de desnaturalización de la autonomía local por la vía de los hechos y de imposición de medidas que limitan el margen de acción de los ayuntamientos quedan las calles y la capacidad de contestar con medidas que contesten estas políticas desde abajo y con la ciudadanía. No se trata de respaldar una gestión municipal irresponsable de los intereses públicos, que las hay y no son pocas, pero no podemos dejarnos arrastrar por una ola tras la que se esconden otros propósitos no explicitados claramente y que debemos combatir desde la izquierda: adelgazar el Estado (y los ayuntamientos lo son), privatizar y mercantilizar los servicios públicos, estrechar el margen de maniobra para que los consistorios no puedan hacer una política distinta a la que marca Bruselas, regular la desregulación del mercado, etc.

En los primeros ayuntamientos democráticos la tarea del PCE fue romper las mamparas, las barreras que separaban a gobernantes y gobernados, descorrer las cortinas y desmitificar el ejercicio del poder como algo reservado a seres superiores y ajenos al pueblo llano. Ahora tenemos por delante un reto similar: desmontar las estructuras jurídicas y políticas construidas para limitar la soberanía popular, también de los ayuntamientos, diseñadas por las fuerzas conservadoras europeas con la inestimable connivencia de una socialdemocracia que ha perdido el norte definitivamente.

En el año 79 el slogan electoral de las candidaturas del Partido Comunista de España fue “QUITA UN CACIQUE Y PON A UN ALCALDE”… desde entonces han cambiado muchas cosas en nuestros pueblos y ciudades. Pero hay algo que no ha cambiado: sigue habiendo lucha de clases y los de siempre quieren seguir dirigiendo las instituciones, sin presentarse a las elecciones, para que estas salvaguarden sus intereses de clase con métodos más sibilinos pero no por ello menos eficaces.

Publicado en el Nº 302 de la edición impresa de Mundo Obrero enero 2017

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