Asturias, Andalucía, Madrid, País Vasco, Cataluña, Murcia, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha y Aragón se suman a la movilización convocada para el 25 de febrero bajo el lema “Somos mayores pero no somos gilipollas”Las Marchas de la Dignidad se movilizan en defensa de las pensiones públicas La convocatoria del 25F nace en el mismo marco de comprensión que apuesta por la acción unitaria en defensa de lo común... la defensa del sistema público de pensiones.

Mada Bode 23/02/2017

Las Marchas de la Dignidad llaman a la protesta social el próximo 25 de febrero ante las medidas aprobadas por los gobiernos del Partido Popular y Partido Socialista, respectivamente, a las que comparan con un “cáncer” debido a la “avalancha de medidas adoptadas” que han deteriorado seriamente las condiciones laborales y vitales de la mayoría social.

El colectivo irrumpió en 2014 protagonizando una marcha histórica que convocó a más de dos millones de personas en Madrid, en respuesta a la modificación interesada por parte de socialistas y populares de la Constitución Española en su artículo 135 en el año 2011, en virtud de la cual el pago de la deuda pública se priorizaba frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales. Esta demostración flagrante plasmada en el texto constitucional de la preferencia de ambos partidos por permitir las injerencias de la Unión Europea, alcanzaba la categoría de Ley de leyes a través de esta reforma, también se convertiría en la gota que desbordaba el vaso de la paciencia social.

El tamaño del ataque desencadenó una respuesta evidente: ante el austericidio aplicado a través de durísimos recortes así como la pérdida de derechos y la pérdida de soberanía que agredían por igual a la mayoría social, era ésta quien debía confrontar en una respuesta común organizada. La propuesta unió a numerosos colectivos, plataformas sociales y organizaciones políticas en torno a un objetivo común. “Pan, trabajo, techo y dignidad. No a los recortes. No a los gobiernos de la Troika” fueron las propuestas originales que llevaron a más de dos millones de personas a manifestarse en Madrid marchando a pie desde sus respectivos territorios en marzo de 2014. La respuesta institucional también estuvo a la altura, durante el emotivo acto final con la interpretación de la Solfónica del “Canto a la libertad” la policía cargó contra los manifestantes con extrema e injustificada dureza física y la apertura de juicios a varios manifestantes como el caso de Raquel Tenías, entre otros.

Tres años más tarde, la mayoría social española ha experimentado el crecimiento de aquella bola de nieve del 135 que se sumó a otra que rodaba desde hacía más de veinte años, alcanzando en consecuencia un volumen proporcional: Maastricht, el tratado que estableció las reglas de la injerencia y el sometimiento a una Unión Europea construida arbitrariamente y con las cartas marcadas, una ley del embudo que convierte a nuestro país en el juguete roto de la estabilidad presupuestaria, roto por los desahucios, la pobreza energética, la precariedad, el desempleo, el desmantelamiento de los servicios públicos o la aberrante alteración de la legislación conocida como Ley de seguridad ciudadana o Ley Mordaza, ya que no garantiza la seguridad de las personas sino que ampara la represión de las mismas: impedir un desahucio o grabar a un policía sin su consentimiento se multa con 30.000 euros, por citar algunos ejemplos.

La convocatoria del 25F nace en el mismo marco de comprensión que apuesta por la acción unitaria en defensa de lo común, en esta ocasión con una cuestión que afecta a trabajadores, autónomos y parados, a pensionistas y a jóvenes, provocando el estremecimiento de todo un país: la defensa del sistema público de pensiones. Al menos, debiera.

Las Marchas alertan sobre un interesado uso del lenguaje por parte de los medios de comunicación que de manera habitual afirman que las pensiones son “insostenibles”, en un intento de convencer a la mismas personas que ven las suyas peligrar de que es una condición natural y que debe aceptarse sin más. De igual modo, se oponen al Pacto de Toledo al considerar que exime al Estado de su responsabilidad en el pago de las pensiones y abre la vía a los fondos de pensiones privados.

“El dato más demoledor es que la productividad por persona ocupada, en el Estado español, entre 1976 y 2015 ha crecido un 61%. ¿Dónde ha ido esa riqueza producida por la clase obrera?”, cuestionan desde las Marchas de la Dignidad en un comunicado emitido a propósito de la convocatoria.

¿Qué hacer?

“Desde las Marchas de la Dignidad –afirman- al tiempo que nos sumamos decididamente a todas las luchas por mejorar las pensiones, planteamos que en este caso, al igual que en todos los relativos a los servicios públicos y a los derechos socio-laborales, es imprescindible negarse al pago de la Deuda y a los objetivos de Déficit impuestos por la UE y el FMI. Denunciamos a todas las fuerzas institucionales por ocultarlo y afirmamos que es imposible tener soberanía política y vivir dignamente dentro del marco jurídico-político de la Unión Europea y del Euro”.

Asturias, Andalucía, Madrid, País Vasco, Cataluña, Murcia, Galicia. Valencia, Castilla-La Mancha y Aragón se suman a la movilización convocada bajo el lema “Somos mayores pero no somos gilipollas”.

En Madrid, el recorrido comenzará en Atocha a las 18:30h, pasando por la plaza Jacinto Benavente para terminar en la Puerta del Sol. La convocatoria está concebida como la precursora de una gran movilización estatal prevista para el mes mayo.

Publicado en el Nº 303 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2017

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