Tendrán que explicar de dónde viene el precio de la luzFiscalía admite la denuncia de IU e investiga posible fraude de las compañías eléctricas Maíllo, que encabeza la denuncia junto a Garzón, afirma que el objetivo es “sentar en el banquillo a los responsables de la estafa”.

Pedro J. Ortega 22/03/2017

Fernando Santos Urbaneja es el fiscal coordinador en materia civil del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y desde hace unas semanas es responsable de investigar si tras las severas subidas de luz del pasado enero se esconde un fraude de las compañías eléctricas.

La investigación se abre tras la denuncia interpuesta por cargos públicos de IU Andalucía ante el Ministerio Fiscal. Según el escrito que firman, entre otros, los coordinadores de IU e IU Andalucía, Alberto Garzón y Antonio Maíllo, existe "la constatación y sospecha de que coincida las condiciones meteorológicas de ola de frío con la bajada de producción de los ciclos combinados de las centrales eléctricas y la consecuente subida de precios de la subasta".

Ni el fiscal superior de Andalucía ni el fiscal coordinador han puesto objeción a las pesquisas de IU. Santos Urbaneja ha instado ya al Ministerio de Energía y a la Comisión Nacional de la Competencia, a explicar con detalle el funcionamiento del sistema de fijación del precio de la luz y las razones que han motivado la severa subida de la luz en reciente periodo de altísima demanda.

Se trata de un asunto de “especial trascendencia”, según reza el escrito dirigido a los denunciantes y hecho público por IU. En el mismo texto el fiscal asegura que pretende determinar si se encuentra alguna conducta que pudiera ser contraria a la normativa protectora de los derechos e intereses de los consumidores y susceptible de ser calificada de "abusiva", y en su caso si la normativa aplicada es contraria a la legislación, principios y directrices de la Unión Europea en materia de protección de consumidores.

El fiscal ha acordado solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de la Secretaría de Estado de Energía que informe sobre el sistema de fijación del precio de la luz e identifique las compañías que intervienen en el proceso. También de los factores que intervienen en este proceso y su influencia en la fijación del precio de la luz, la normativa aplicada y posibles sistemas alternativos o modificaciones tendentes a salvaguardar los intereses de los consumidores, especialmente de los más vulnerables por razón de edad y recursos materiales.

“Esta investigación es un pulso a los oligopolios”, declaró Santos Urbaneja en una entrevista en Público.es en la que explicaba que la batalla legal se avecina bíblica. “Otro David contra Goliat”, ejemplificó este fiscal que no tardó ni 24 horas en abrir investigación tras recibir en su mesa la denuncia. Santos Urbaneja tiene claro que el consumidor está desprotegido y es vulnerable al poder absoluto de los lobbies económicos: las eléctricas, las compañías telefónicas, la banca.

Urbaneja prevé llevar su investigación hasta el límite, cuestionando incluso, si es preciso, la legislación española en materia energética, y elevando el caso al Tribunal Superior de Justicia Europea.

Desde IU Andalucía, su coordinador general, Antonio Maíllo, ha aplaudido la diligencia de la Fiscalía en esta ocasión y se ha mostrado tajante al considerar un doble objetivo de la denuncia. De un lado quiere abordar el debate para cambiar el modelo del mercado energético actual, "como objeto especulativo", y para que la luz se reconozca "como lo que es, un derecho humano vital, no una subasta permanente".

En segundo lugar, no permitir que quienes estafan a las familias españolas y andaluzas, con un modelo especulativo de luz, se llenen los bolsillos con beneficios económicos escandalosos". “Queremos sentar en el banquillo a los responsables de esta estafa", aseguró Maíllo en declaraciones a La Sexta al trascender la noticia de la apertura de la investigación por parte del fiscal.

Y es que la propuesta que se lanza desde las filas de la formación es clara: "las eléctricas tienen que volver a ser estatales, vinculadas a la voluntad popular de los Parlamentos que tienen que velar por el blindaje los derechos fundamentales de las personas", señala Maíllo.

“Poca fe en la justicia”

En la misma línea se posicionó el secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, que ha dicho alegrarse ante la investigación abierta por Santos Urbaneja. Aunque Mariscal ha señalado también que tiene "poca fe en la Justicia".

En declaraciones a los periodistas, durante la presentación de la campaña para reclamar la nacionalización de las eléctricas, Mariscal ha opinado que, más allá los supuestos abusos tarifarios, las compañías eléctricas, "dentro del marco jurídico actual, ni siquiera están cumpliendo" con lo referido a "la libre concurrencia".

De hecho, a juicio de Mariscal, en España "estamos ante un oligopolio" de las eléctricas "que está perjudicando enormemente al pueblo", sin que se haya hecho nada para combatirlo o evitarlo.

Campaña por la nacionalización de las eléctricas

Esta es una de las razones que están detrás de la campaña del PCE para la nacionalización de las eléctricas, con el fin de contar con "un sector eléctrico público, en beneficio de los trabajadores y en beneficio del país", dado que se trata de "un sector estratégico, no solo porque es fundamental para satisfacer las necesidades básicas de las personas, sino porque, además, condiciona el desarrollo del resto de los sectores económicos".

En la actualidad en España, según explica Mariscal, la energía supone “un problema para nuestra economía” porque a pesar de las fuentes de energía como la extraída del sol y del viento “dependemos de la energía que nos venden otros países" y ello es así a pesar de que, "cuando el PSOE y el PP comenzaron con la privatización del sector eléctrico español, anunciaron una revolución eléctrica para bajar los precios y ganar competitividad", recuerda.

El resultado, sin embargo, "ha perjudicado claramente a la mayoría de la sociedad y beneficiado solo a una minoría" y de hecho, según critica el PCA, "cada año tenemos una energía más cara y un sector energético más concentrado" y una de las consecuencias de ello es que, "desde el inicio de la crisis, los beneficios de las compañías eléctricas se han incrementado en 56.624 millones de euros", un 136 por ciento.

En cambio, en el PCA entienden que, si las eléctricas "fueran empresas públicas podríamos utilizar estos beneficios para una planificación de la inversión que, a largo plazo, redujera la dependencia exterior, creara más puestos de trabajo y permitiera que nadie pasara frío" durante el invierno en España.

Publicado en el Nº 304 de la edición impresa de Mundo Obrero marzo 2017

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