Andalucía impulsa la derogación de la Ley de AmnistíaAprobada la Ley de la Memoria de Andalucía, elaborada por IU y el Movimiento Memorialista

Pedro J. Ortega 11/05/2017

Los crímenes cometidos por el franquismo “son crímenes de lesa humanidad” por lo que “no puede aplicarse la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnistía o de cualquier otro modo”. Así se establece en la Ley de Memoria Histórica y Democrática recientemente aprobada por el Parlamento de Andalucía y que ha contado con el respaldo de PSOE, Podemos e Izquierda Unida y la abstención de Ciudadanos y Partido Popular.

El texto inició su andadura en el año 2010 a instancias del PCA pero no fue hasta marzo de 2014, ya en tiempos de cogobierno PSOE-IU, cuando se presentó en forma de anteproyecto. Pese a la ruptura del pacto entre las dos fuerzas políticas en 2015, el texto ha sido tramitado y aprobado de acuerdo a las demandas del movimiento memorialista.

Andalucía se dota así de una Ley de Memoria propia que, en cumplimiento del Derecho Internacional, establece la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, superando ampliamente a la Ley de Zapatero de 2007. A partir de su entrada en vigor, Andalucía va a instar al Gobierno central a derogar la Ley de Amnistía. La misma correlación de fuerzas del Parlamento andaluz sería suficiente para que este paso se dé también en el Congreso de los Diputados.

Además de este aspecto, la Ley andaluza de Memoria extiende el estatus de víctimas del franquismo y establece una Comisión de la Verdad para el estudio y recopilación de testimonios.

Otra novedad del texto es la ampliación del horizonte temporal. La Ley andaluza recoge el periodo trascurrido desde la II República hasta 1982, incluyendo así las luchas por la autonomía andaluza. También se establece que la Guerra Civil y el franquismo entrarán en el currículum escolar de primaria y secundaria.

A partir de su entrada en vigor, los ayuntamientos andaluces estarán obligados a eliminar en un máximo de 18 meses cualquier símbolo del fascismo, iglesias incluidas. La norma establece sanciones para quienes incumplan y la pérdida de ayudas públicas por un periodo máximo de cinco años. En caso de no retirar los símbolos las multas oscilan entre los 2.001 a 10.000 euros y la Junta deberá actuar de oficio para su eliminación.

Esta sanción también afectará a quienes no comuniquen el hallazgo de restos de represaliados. Las mayores sanciones se establecen para quienes construyan o remuevan sin autorización el terreno donde hubiera restos de desaparecidos.

Pero sin duda, el elemento central de la Ley de Memoria es lo referente a los procesos de exhumación de las víctimas del franquismo. En 19 años se cumplirá el centenario del golpe de estado contra la Segunda República e inicio del genocidio franquista. Será entonces cuando las víctimas y los desaparecidos del franquismo pasarán a considerarse restos arqueológicos.

Hay 614 fosas comunes en Andalucía. La Ley de Memoria reconoce que debe ser la Junta quien se persone de oficio en todos los procesos de exhumación. El nuevo protocolo que se establece sigue lo dictaminado por Naciones Unidas y reconoce la capacidad al gobierno andaluz para expropiar temporalmente una propiedad privada donde haya fosas comunes aunque el dueño no autorice la exhumación.

Publicado en el Nº 305 de la edición impresa de Mundo Obrero abril 2017

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