Manifiesto de Avilés por el ferrocarril público, social y sostenible

Mundo Obrero Redacción 18/07/2017

La política de transporte del Estado español no ha destacado por priorizar el transporte público colectivo. Ha primado el transporte privado por carretera y, en el caso del ferrocarril, ha abandonado el tren normal apostando por el AVE: un tren elitista, ineficiente e insostenible que responde antes a espurios intereses electorales y a los de las grandes constructoras que a las necesidades de movilidad del conjunto de la población.


El transporte público es un servicio imprescindible que se debe prestar por la Administración. Como parte del mismo, el tren es el medio más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, y el que mejor vertebra el territorio. Sin embargo, la operación de desmantelamiento y privatización de los ferrocarriles españoles sigue profundizándose, justificada en un perverso criterio de rentabilidad económica e irresponsable aplicación de Directivas Comunitarias, y agudizada por la crisis y el Cuarto Paquete Ferroviario de la Unión Europea. Una operación que contribuye al incremento de la desigualdad al priorizar la inversión en un medio de transporte caro, minoritario y muy deficitario (AVE) frente a uno asequible, mayoritario y socialmente rentable (tren normal), por un lado; y al priorizar en pocas líneas que conectan grandes aglomeraciones urbanas frente a una red que conecte a ciudades grandes y pequeñas, y al mundo rural y sus comarcas correspondientes.


Como ejemplo, decir que el 70% de las inversiones en infraestructura ferroviaria se ha destinado a la alta velocidad, que utiliza solamente el 4% de las personas, mientras que sólo 30% de la inversión se destina a ferrocarril normal, utilizado por el 96% de las personas que viajan en tren.
El modelo de ferrocarril que defendemos y proponemos para el debate, tanto de las organizaciones que hoy relanzan la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, Social y Sostenible como a aquellas que aún faltan y a las que invitamos a unirse, se resume en los siguientes puntos:

1. El ferrocarril debe seguir siendo un servicio público en el que debe primar, por encima de cualquier consideración economicista y de los intereses de una exigua minoría, el beneficio social que supone para el conjunto de la comunidad.


2. El ferrocarril debe seguir siendo propiedad pública, porque somos la ciudadanía quienes lo hemos pagado y mantenido, y porque nadie tiene derecho a arrebatarnos lo que nos pertenece.


3. Por su respeto al medio ambiente, rentabilidad social, mínima ocupación de suelo, cohesión territorial, ahorro respecto al transporte privado y por carretera, entre otras muchas razones, el ferrocarril normal debe ser el modo de transporte social por excelencia, prestando un servicio asequible a toda la sociedad.


4. Las inversiones en infraestructuras de transporte deben contar no solo con evaluación de impacto ambiental sino también de impacto socioeconómico, para asegurar que tienen una rentabilidad social que las justifique y se eviten infraestructuras ruinosas que hipotecan nuestro futuro, de las que tenemos sobrados ejemplos. Las cuentas del ferrocarril deben tener en cuenta el ahorro en costes externos que supone para la sociedad en comparación con otros modos de transporte.

8 de julio de 2017

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