Miembro del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)Jesús Santrich: “La obstaculización de la Corte Constitucional a la implementación de los Acuerdos de Paz podría resolverse con la acción clara y contundente del Presidente de la República” “La hoja de ruta de las FARC sigue siendo la misma que hace 50 años: llamar a la unidad del pueblo colombiano para la construcción de una sociedad en paz con justicia social”

Gema Delgado 20/07/2017

Se cumplen 6 meses de la Firma del Acuerdo de Paz de Colombia. En enero de este año publicamos una entrevista con Enrique Santiago, uno de los tres asesores jurídicos de la delegación de paz de las FARC en la mesa de conversaciones de La Habana, dirigente también del PCE y de IU. En la entrevista se hablaba de la necesidad de implementar los acuerdos en los primeros cinco meses para, entre otras cosas, distanciarlo lo más posible de la campaña electoral que desembocará con las elecciones presidenciales del próximo año.

La entrevista rebosaba de la alegría y la esperanza generada por la reciente firma de un buen acuerdo que pondría fin a una guerra civil que ha durado ya cinco décadas (o siete, según desde dónde se comience a contar). Consciente de que la fuerzas más conservadoras emplearían todos sus medios para boicotearla, se dejaba todo bastante blindado para evitarlo.

Han pasado 6 meses y Mundo Obrero entrevista a Jesús Santrich de las FARC-EP para ver cómo se está desarrollando el proceso, que comandantes de las FARC califican de crisis y de un momento crucial en el que “tenemos que prepararnos para peores momentos”, sin que eso signifique en ningún caso romper con lo pactado, especifica, pero sí exigir al Estado para que cumpla los acuerdos.

El 20 de junio, las FARC-EP hicieron a la ONU la tercera y última entrega de armamento. Era el 40% restante para llegar al desarme total. Pero se quejan de que la contraparte, el ejecutivo, no corresponde. En resumen, sólo se ha cumplido el 80% de lo acordado en la Mesa de Conversaciones de La Habana, según explica Timochenko en una carta abierta dirigida al Presidente colombiano Carlos Santos, lamentando que los únicos avances notorios hasta ahora sean los de las FARC-EP.

De hecho, aunque ya hace 6 meses que se firmó la Ley de Amnistía e Indulto sólo se le ha aplicado a poco más de 300 de los 3.400 prisioneros reconocidos por las FARC, lo que ha llevado a que a partir del 26 de junio, liderada por las y los prisioneros políticos, se iniciara la Jornada Nacional de Desobediencia en todas las cárceles de Colombia. Y sólo el 25% de los prisioneros han sido enviados a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

Días después de la realización de esta entrevista, Jesús Santrich se unió a la huelga de hambre para denunciar los incumplimientos en la liberación de los presos de las FARC en el marco de la ley de amnistía.

M.O.: ¿Cómo evalúa el estado en el que se encuentra el Proceso de Paz y cuáles son las evoluciones posibles?
Jesús Santrich:
Es una etapa compleja caracterizada por la incertidumbre, puesto que lastimosamente hemos entrado en la práctica en una renegociación de lo pactado en La Habana, contrario a las garantías que nos ofrecieron. En los siete meses que han transcurrido desde la firma del Acuerdo, el Gobierno Nacional ha puesto a disposición de las voluntades políticas del Congreso de la República, la institucionalidad y la Corte Constitucional los desarrollos de la implementación. De más de 25 normas que requieren ser aprobadas por el Parlamento apenas se han aprobado 6, y ninguna de éstas a la fecha ha sido aún declarada exequible por la Corte Constitucional.

Además, contamos con débiles esfuerzos en materias que no requieren desarrollos normativos, sino esfuerzos políticos al interior de las instituciones del Estado. La implementación del Acuerdo pasa por los debates y negociaciones que se dan en el marco de la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) que cuenta con tres delegados del Gobierno Nacional (Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo) y con tres delegados de las FARC-EP (Iván Márquez, Victoria Sandino y yo). En este espacio se abordan las discusiones sobre los desarrollos normativos, cristalizados en Proyectos de Actos Legislativos, Decretos Ley y Decretos, necesarios para sentar las bases de la implementación del Acuerdo, sin embargo, hay elementos que si bien se acuerdan allí, cuando llegan como proposiciones al Congreso de la República son cambiados para beneficio de los parlamentarios y el status quo, negando el espíritu de lo acordado. Además, el papel de la Corte Constitucional ha sido adverso al desarrollo expedito de la implementación; muestra de ello es el fallo por medio del cual se declaró inexequible la proposición que facultaba la votación en bloque de los proyectos de ley acordados en la CSIVI lo que implica que las votaciones se deben hacer artículo por artículo, dejando a merced de múltiples voluntades políticas adversas al acuerdo los desarrollos normativos.

La clave de la implementación del acuerdo está en las transformaciones que tengan lugar en los territorios más pobres y golpeados por el conflicto social, político y armado, en donde según el acuerdo se debe trabajar de manera conjunta con la institucionalidad y las organizaciones sociales en el terreno. Sin embargo, la participación ciudadana no ha sido promovida, generando una visión unidireccional de las transformaciones, excluyendo una vez más a la población que por las mismas razones en otros tiempos se levantó en armas contra el establecimiento o encausó luchas sociales y populares por la defensa de sus derechos.

Todo esto, sin tener en cuenta el débil desarrollo que han tenido las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), en donde actualmente se encuentran la totalidad de los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP y tiene lugar el proceso de dejación de armas que recientemente ha llamado la atención de la comunidad internacional y los medios de comunicación. Estas ZVTN y PTN, debían ser entregadas por el Gobierno Nacional antes de la dejación del 30% de las armas, pero, llegada la fecha ninguna de las 27 Zonas estaba terminada, y peor aún, a la fecha de hoy todavía ninguna estas Zonas se ha terminado, presentando un retraso de más de 5 meses en una labor que debía brindar las garantías de derechos básicos para los guerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil. Pese a esto, desde las FARC-EP demostramos nuestra voluntad inquebrantable de paz y hemos venido cumpliendo con la recalendarización de entrega de armas, elaboración de listados, entrega de los menores que permanecían filas y a total disposición de diálogo con las diversas instancias de la institucionalidad para garantizar una adecuada implementación de lo pactado.

M.O.: ¿Quiénes son y cómo están actuando los enemigos de la conciliación?
J.S.:
Los enemigos de la paz hoy en día siguen siendo los mismos que hace más de 50 años cuando nuestra organización guerrillera se fundó. Son aquellas personas que han promovido la exclusión y el desmonte de las garantías de los derechos del pueblo a favor de sus beneficios económicos y políticos, tales como los terratenientes que ven en el acuerdo de paz una posibilidad de transformar la estructura de tenencia y uso de la tierra en Colombia para que sea entregada a los campesinos, indígenas y afros que históricamente han buscado el reconocimiento de sus derechos y garantías. Por otro lado, están aquellos empresarios y políticos que participaron de manera directa e indirecta en la guerra sucia por medio de grupos paramilitares y acciones indebidas de las Fuerzas Militares colombianas, quienes deberán comparecer ante la Jurisdicción Especial para Paz y la Comisión de la Verdad con el fin de contar la verdad y efectuar procesos de reparación a las víctimas.

M.O.: A pesar de que uno de los compromisos era crear una Unidad Especial para luchar contra el paramilitarismo, parece que las fuerzas paramilitares se están fortaleciendo y atacan a unidades guerrilleras y la población civil en las regiones abandonadas por la guerrilla. ¿Por qué está pasando ésto, quién les soporta y qué papel están jugando las transnacionales y los terratenientes?
J.S.:
La presencia y acción paramilitar que hoy en día persiste, encuentra sus raíces en el mal logrado acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Auto Defensas de Colombia (AUC) en el cual no hubo verdad, ni reparación a víctimas ni un desmonte efectivo de estas estructuras, sino que pasaron por una suerte de “reingeniería”, con un borrón y cuenta nueva. Su modus operandi y concepción sigue latente en gran parte del territorio nacional.

La alianza paramilitar ha estado y está con los enemigos de la paz, quienes se han lucrado y posicionado a partir de la violencia en los territorios: el despojo, el desplazamiento y las economías ilegales son su fuerte, justo los factores estructurales que el acuerdo de La Habana busca impactar.

Además, debemos aclarar que la Unidad Especial de lucha contra el fenómeno del Paramilitarismo no ha sido creada a la fecha, pese a estar en las prioridades normativas de implementación del acuerdo, por las mismas dificultades del trámite normativo en las reglas del juego de la renegociación que ha puesto el Gobierno Nacional. El Acuerdo final dice con claridad que dicha Unidad y la mayoría de medidas consagradas en el punto 3.4 de Garantías de Seguridad debían ser puestas en marcha antes de firma de paz. La dilación en el caso de la Unidad Judicial es responsabilidad del Fiscal General Néstor Humberto Martínez y su oposición a este punto lo hace responsable por omisión del creciente asesinato de dirigentes sociales.

Muestra de ello es que a la fecha han sido asesinados 4 guerrilleros de las FARC-EP y 9 familiares de guerrilleros. Esto sin contar con los más de 44 líderes y defensores de DDHH en lo corrido de 2017, con una tasa aún mayor de la cual había en tiempos de guerra.

M.O.: La Corte Constitucional, con mayoría conservadora, está obstruyendo la implementación del Acuerdo de Paz y la Justicia Especial para la Paz, creando una gran inseguridad jurídica para los guerrilleros que han apostado por la paz, que en in extemis podrían, dicen, llegar a pasar por la Justicia Penal. ¿Cómo se puede resolver esta barricada que ha levantado la Corte Constitucional en el camino a la reconciliación del país?
J.S.:
La traba impuesta por la Corte Constitucional podría resolverse con una acción clara y contundente por parte del Presidente de la República, interponiendo en derecho fundamental a la Paz, estipulado en la Constitución Política de Colombia, sobre los elementos “formales” y no “fundamentales” de los que habla la Corte Constitucional.

Además, no es posible seguir pensando que la Corte Constitucional, sin importar el rango dentro de la institucionalidad colombiana que ocupe, se interponga entre los anhelos de paz del pueblo y su realización. El acuerdo sienta bases claras que en ningún momento violan los principios fundamentales del pueblo y el Estado colombiano, ese fue el mayor desafío a lo largo de los cinco años de ardua negociación que tuvimos en La Habana. Ahora nos preguntamos ¿para qué tardamos cinco años negociando un acuerdo de paz de la mano del Gobierno Nacional, si ahora él mismo está desmontando sus compromisos y acuerdos?

Las FARC-EP nos alzamos en armas contra el Estado colombiano, y fue con el Estado colombiano con quien firmamos el Acuerdo de Paz en La Habana. Así lo demuestra la Declaración Unilateral realizada como Estado ante el Consejo de Seguridad de NNUU y que también debe ser honrada. La Corte Constitucional y toda la rama judicial, como parte del Estado tienen que cumplir con este acuerdo y no pueden contribuir al incumplimiento de lo pactado.

M.O.: Aunque la Ley de Amnistía se firmó el 28 de diciembre de 2016, la mayoría de los guerrilleros sigue en prisión. ¿Por qué el gobierno va tan lento, tanto en la aplicación de la Ley de Amnistía como en la dotación de tierra, vivienda y asistencia a los guerrilleros para su reincorporación a la economía y la sociedad?
J.S.:
La institucionalidad no ha respondido con la agilidad necesaria a los cambios que se incluyen en el acuerdo. Muestra de ello, es que el 28 de diciembre de 2016, se aprobó la ley de Amnistía e Indulto, que debía cobijar a todos los guerrilleros en prisión, sin embargo, a la fecha han salido un promedio de 1,5 guerrilleros diarios, que en el transcurso de seis meses implica la salida de apenas unos 300 guerrilleros, a partir de las trabas impuestas, iniciando por la Oficina del Alto Comisionado para la paz, y siguiendo por los Jueces de Ejecución de Penas, que argumentan desconocimiento del funcionamiento de la Ley de Amnistía e Indulto por un lado, y por otro, que debe haber un reconocimiento explícito en listados oficiales de que efectivamente eran guerrilleros de las FARC. Es decir, los condenaron por ese delito, pero ahora, es necesario presentar un oficio en el que se “certifique” que sí lo son. Para encarcelarlos no hubo que emitir certificado, pero para liberarlos sí.

Sumado a esto, los esfuerzos por la reconciliación del país por parte nuestra han sido inclusive mayores a nuestras capacidades, mientras que los esfuerzos del Gobierno Nacional para la gestión de recursos y puesta en disposición de la institucionalidad para que acoja a los guerrilleros en proceso de reincorporación son mínimos; hoy en día no existe un programa integral de reincorporación, ni siquiera para este grupo de liberados.

M.O.: Dado que éste es un conflicto por la tierra y ésta es un elemento fundamental de los Acuerdos, ¿por qué se está demorando la reforma rural integral y la sustitución de cultivos?
J.S.:
Los terratenientes han ocupado históricamente una posición privilegiada en la política colombiana, y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hoy en día no son la excepción a ello. Su poder económico y político toca cada esfera del establecimiento colombiano y han buscado dilatar y transformar por diversos medios las aspiraciones y espíritu de la Reforma Rural Integral.

Por otro lado, el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, es aún más complejo, puesto que los cultivadores que optaron por este tipo de producción no lo hicieron de manera esporádica sino respondiendo a condiciones estructurales del campo que les dificultaron tener garantías de vida, es decir, presencia institucional y una infraestructura básica en sus territorios.

Entonces, para acabar con el fenómeno de estos cultivos, es necesario desarrollar una transformación estructural en las condiciones de vida del campo: construcción de vías, acceso a servicios públicos, escuelas, acceso a créditos, puestos de salud, en otras palabras: infraestructura e institucionalidad. Por lo que, hasta que el Estado colombiano no sea capaz de garantizar esto en los campos, la ilegalidad será la única opción de subsistencia. Acabar con el problema de los cultivos de uso ilícito es desarrollar toda la Reforma Rural Integral, además de las múltiples disposiciones de transformación del campo colombiano, expuestas en el punto 1 del Acuerdo Final.

Pese a la acérrima oposición del latifundio comprometido con la guerra hemos logrado en estos 6 meses expedir un grupo de decretos que logran avanzar en la reforma rural integral acordada en la Habana. De especial importancia es el Decreto ley 902 que crea el fondo nacional de tierras, que entregará 3 millones hectáreas a campesinos sin tierra y titulará 7 millones de hectáreas a campesinos colonos.

M.O.: ¿Cuál debería ser el papel de eso que llamamos comunidad internacional para ayudar a superar los obstáculos con los que se encuentra el proceso de paz?
J.S.:
La comunidad internacional debe apoyar con sus buenas prácticas, experiencias y recursos. Sin embargo, más allá de eso, recordando a nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez, no se debe depender de los Estados porque siempre tendrán razones de Estado que un día pueden ser favorables y otro día adversas, pero sí se debe confiar en los pueblos porque ellos tienen una voluntad inquebrantable. Claro que este proceso tiene grandes aliados en la comunidad internacional, los gobiernos de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, las Naciones Unidas y la multiplicidad de agencias, organismos y países que nos han apoyado; pero esta comunidad internacional está basada en pueblos. Por ello, son los pueblos los que deben apoyar y presionar para que logremos implementar de manera integral y adecuada este Acuerdo de Paz.

Dentro de los mecanismos de verificación y de acompañamiento a la implementación de los acuerdos existe un componente internacional que no ha sido puesto en marcha a cabalidad y del cual exigimos su inmediata activación como componente clave que es para el cumplimiento de los acuerdos.

M.O.: El Estado Mayor Central de las FARC-EP, en una carta abierta a los actores del proceso de paz, llamado “Vamos de las armas a las palabras”, analizan la lentitud y obstáculos a los Acuerdos e instan al Presidente a asumir su potestad constitucional en el manejo exclusivo de la paz y avanzar en los puntos acordados. Pero sobre todo reitera la convicción de las FARC en luchar desde la política. ¿Cuál es la hoja de ruta de las FARC-EP?
J.S.:
La hoja de ruta de las FARC-EP hoy en día sigue siendo la misma que hace cincuenta años, llamar a la unidad del pueblo colombiano para la construcción de una sociedad en paz con justicia social. Con la diferencia que en esta nueva etapa que hemos emprendido, de hacer política sin armas, que valga decir, es la que siempre hemos querido, nuestra estrategia cambió. Las armas nos dieron la oportunidad de expresarnos, hoy hacemos dejación de ellas, ante la garantía de poder participar y que jamás vuelva la guerra sucia a Colombia con Fuerzas Militares contra el pueblo o estructuras paramilitares que cercenen nuestra voz.

Habría que decir también que la palabra no es una novedad en el ejercicio político de las FARC, sino que desde nuestro surgimiento hemos sido un partido político en armas y como corresponde hemos hecho uso de la ideología, discurso y praxis política revolucionaria.

M.O.: ¿Cuándo se celebrará el Congreso del movimiento político en el que se integra las FARC-EP para definir las bases de su lucha?
J.S.:
El congreso constitutivo del nuevo partido al cuál haremos tránsito la totalidad de las FARC-EP, se desarrollará en el mes de agosto. Aún estamos ajustando los días, pero sepan desde ahora, que los pueblos del mundo están invitados a acompañarnos en esta nueva senda que transitaremos.

Publicado en el Nº 308 de la edición impresa de Mundo Obrero julio-agosto 2017

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