La legitimidad del 18 de julio: el cine y la guerra

Ángel de la Cruz 18/07/2017

«En los tiempos sombríos, ¿se cantará también?
También se cantará sobre los tiempos sombríos»
Bertolt Brecht

Es muy difícil, cuando no imposible, entender el presente sin entender el pasado. Este recurso al pasado suele interpretarse como un ejercicio de revanchismo o ajuste de cuentas, pero obviando esa reacción infantil, resulta imprescindible para entender la complejidad de la realidad contemporánea que solo puede ser explicada reconociendo la existencia de una multitud de factores no exentos de conflicto. No podemos interpretar la crisis del régimen español si no partimos de una lectura crítica del proceso que se popularizó como «La Transición», en tanto en cuanto fue en él donde se establecieron las bases sobre las que se asentaría el régimen. Del mismo modo, para entender el desarrollo y el resultado final de la Transición, debemos entender que ésta tuvo, a su vez, su propio pasado. Utilizamos como punto de partida la fecha del 18 de julio de 1936 porque entendemos que, aunque continuó con la tradición negra del absolutismo, puso fin a la posibilidad de un nuevo tiempo que se abrió con la Segunda República. Ésta pretendía superar de manera pacífica la anomalía de que en España no se hubiera producido una revolución democrático-burguesa. A su expresión pacífica debemos añadir su carácter estrictamente democrático y legal: su legitimidad de origen parte de la soberanía popular canalizada a través de unas elecciones. Su lucha por los valores de la Ilustración y por un liberalismo social reveló el carácter reaccionario de sus oponentes ante tan modesta amenaza.

Como ya sabemos, un cambio de régimen político-institucional no puede profundizarse ni mantenerse en el tiempo si no va acompañado de unas profundas reformas económicas. Aunque la República supuso unos avances en igualdad y en derechos sociales y civiles de los que todo demócrata debería considerarse heredero, no fue capaz de romper con las fuerzas materiales del viejo orden: la oligarquía, los terratenientes, la jerarquía eclesiástica y la casta militar. Esta falta de voluntad, o más bien de resolución, fue aprovechada por una oposición que como en el resto de Europa abrazaba el fascismo. La polarización entre quienes nunca asumieron la voluntad popular y decidieron derrumbar desde el primer momento el sistema democrático y entre quienes no estaban dispuestos a volver a viejas formas de dominación, hizo de la inestabilidad una seña de identidad de la República que se manifestaría en acontecimientos como la Revolución de Asturias de 1934. No por casualidad, los historiadores revisionistas marcan esta fecha como el inicio de la guerra civil en un ejercicio sesgado de reparto de culpas nada sutil.

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue la evolución lógica de una oposición que no reconoció la legitimidad democrática desde el principio y no asumió los resultados del Frente Popular en las elecciones de febrero de ese mismo año. Hitler ya había tomado el poder en Alemania y Mussolini llevaba una década como Primer Ministro en Italia. La mera existencia de la Unión Soviética y el avance del movimiento comunista (que en España solo sería hegemónico dentro del movimiento obrero tras el Golpe de Estado) hizo que una parte importante de la derecha política y de las clases medias más asustadizas se echaran en brazos del nazi-fascismo frente a la «amenaza bolchevique». Sobre esta amenaza se sustentaría el discurso legitimador del franquismo durante 40 años, y también –de manera más disimulada– de cierta historiografía revisionista reciente al situar la contienda como un enfrentamiento entre fascistas, por un lado, y comunistas con la dictadura del proletariado bajo el brazo, por otro. Esta visión simplificadora es errónea. No se puede reducir el «bando» republicano como el bando de los comunistas, ya que en él se ubicaban todos aquellos que con independencia de su sensibilidad ideológica defendían la legalidad democrática emanada de las urnas. Pepe Díaz, a la sazón Secretario General del PCE, afirmaba que la única solución para la guerra era que España no fuera «ni fascista ni comunista» y que su respeto entre las masas obreras, los campesinos y la pequeña burguesía se debía a que eran «los defensores más firmes de la independencia nacional, de la libertad y de la Constitución republicana»[1]. No se puede reprochar a los comunistas que –tras abandonar las tesis sectarias de Bullejos– defendieran de manera unánime la democracia hasta convertirse en protagonistas principales, pero sí se puede reprochar al resto –liberales, conservadores, centristas, etc.– que no lo hicieran de manera tan coherente y abnegada.

Esta simplificación resulta incoherente con el apoyo masivo no solo nacional sino internacional por parte de intelectuales y personalidades de la cultura de distinta procedencia. Destaca el apoyo de la población norteamericana, por ejemplo, que ya situaba al antifascismo en el centro tanto del debate político como del escenario internacional. Incluso Hollywood se situó de parte de los republicanos produciendo películas como Bloqueo (William Dieterle, 1938), en la que el personaje encarnado por Henry Fonda acaba pidiendo el apoyo a la causa republicana. Sin embargo, el hecho de que los demócratas del mundo hicieran suya la causa antifascista no sirvió para que sus gobiernos hicieran lo propio. La política de no intervención supuso de facto un apoyo implícito a los golpistas, sin entrar siquiera en las relaciones comerciales que salen a la luz una vez que se escarba sobre la supuesta neutralidad. Para vergüenza de estos gobiernos (EE. UU., Gran Bretaña, Francia) la guerra civil dejó una de las grandes epopeyas del siglo XX: las Brigadas Internacionales.

Según los datos que maneja el historiador Eric Hobsbwan en diferentes obras, alrededor de 35.000 personas de distintos países y de distinto origen social, cultural, etc. vinieron a luchar contra el fascismo aun sabiendo las escasas posibilidades de salir con vida. De los 9.000 brigadistas franceses, más del 90% eran obreros. Intelectuales, periodistas, fotógrafos, obreros. Muchos de ellos murieron en un país que probablemente no sabían situar en el mapa, pero por una causa internacional que tan solo unos años más tarde se revelaría determinante para el futuro de la humanidad: el antifascismo. En efecto, la guerra civil española se situaba en los prolegómenos de una inevitable conflagración mundial que no tardaría en llegar. Esta fue una de las razones por las que los países «democráticos» no se alinearon primero con el bando republicano ni más tarde con los soviéticos hasta que el avance nazi-fascista lo hiciera inevitable, una vez que la Unión Soviética sufrió un desgaste importante tras frenar en solitario la «guerra relámpago» iniciada por las tropas hitlerianas. De nuevo el contexto geopolítico es determinante: los países democráticos, esto es, los países capitalistas-liberales, parecían temer más el avance de la «amenaza bolchevique», vista en cualquier gobierno de izquierdas susceptible de aliarse con la Unión Soviética, que del propio nazi-fascismo, un freno radical de ésta. Para la posteridad quedó la lección de dignidad que el pueblo español brindó al resto del mundo: mientras el nazi-fascismo entró en otros países como Pedro por su casa, aquí se encontró una resistencia tenaz de tres años que solo pudo ser doblegada con la ayuda de alemanes e italianos.

La visión hegemónica en el imaginario popular –no así en la historiografía seria– de la guerra como una lucha fratricida entre dos bandos enloquecidos se revela bastante generosa con los vencedores: se obvia el contexto, los orígenes y las causas. Cuando se analiza desde una perspectiva estrictamente moral se llega a la conclusión de que ambos bandos cometieron atrocidades –lo cual no dejar de ser cierto– por lo que ambos son igual de condenables. Se obvia que unos defendían la democracia y otros el fascismo, unos utilizaban la violencia como autodefensa y otros como la manera de imponer la dictadura tras fracasar electoralmente. Desde esa posición moralista habría que renunciar a todos y cada uno de los derechos sociales que todavía disfrutamos, ya que fueron conquistados a través de procesos violentos al constatarse como única vía una vez que los privilegiados negaron cualquier cauce democrático. Hablamos de derechos tan básicos como el sufragio universal o la jornada laboral de ocho horas. No es algo exclusivo de la historia del movimiento obrero. «La violencia es la partera de la historia», dejó escrito Marx.

El siguiente paso de la simplificación de la guerra como una disputa entre dos bandos igual de enloquecidos consiste en presentar la contienda como una lucha entre hermanos. Esto despoja de cualquier carácter político el conflicto, señalando que pertenecer a un bando o a otro era una mera cuestión de azar. Al despolitizarse se hace más digerible la versión de que en última instancia todos eran iguales. Se trataría de una lucha entre el equipo rojo y el equipo azul con el pueblo como víctima en el centro del campo. La película Katyn (AndrzejWajda, 2007), sirviéndose del catolicismo anticomunista polaco, representa en una escena este intento de equidistancia y de comparación entre ambos bandos, en este caso nazis y soviéticos: un grupo de polacos huye por un puente dejando atrás a los nazis, cuando de repente son advertidos de que por delante vienen los soviéticos, quedando atrapados entre ambos.

Uno de los consensos de la Transición fue el acuerdo oficioso de «punto y final» sobre la guerra civil, que no significa que no se pueda hablar de ella, sino que se deba hacer en determinados términos. Ir más allá sería «reabrir heridas». Apoyado en este consenso institucional, el cine ha sido el gran constructor de la narrativa hegemónica sobre la guerra civil. Tras más de 100 películas en las que se aborda el tema, en muchas de ellas de manera indirecta o a través de metáforas, sigue faltando la película definitiva que muestre sin ambages qué significó aquello. La mayoría opta por una posición equidistante que acaba llamando a la reconciliación nacional entendiéndola como la superación del trauma sin escarbar demasiado. El ejemplo paradigmático es La vaquilla (1985) de García Berlanga. Otras optan por la personalización que despolitiza el conflicto, como La mula (2013) de Michael Radford. Otras deciden apostar por una visión anticomunista sin complejos, como hacen Encontrarás dragones (RolandJoffé, 2011), Un Dios prohibido (Pablo Moreno, 2013) o Bajo un manto de estrellas (Óscar Parra, 2013). Mención aparte merece en esta lista Tierra y Libertad (Ken Loach, 1995), probablemente la película más famosa sobre la guerra dirigida paradójicamente por un británico. Desde una perspectiva trotskista-orwelliana narra el conflicto interno dentro del bando republicano acaecido en Cataluña, comprando el discurso franquista de que el PCE no era más que un tentáculo de Stalin.

La película más reciente hasta la fecha, Gernika (Koldo Serra, 2016), presenta una Euskadi bajo el dominio aterrador de las checas estalinistas, con unos republicanos al servicio de Moscú. No hay rastro del nacionalismo católico y conservador tan prominente ya entonces, tampoco del gobierno vasco, ni siquiera de franquistas reaccionarios. La situación de Gernika se presenta de tal manera que uno acaba viendo el bombardeo como un mal menor ante el control de unos soviéticos deshumanizados. Los únicos que acaban mostrando algo de compasión son… ¡Los propios alemanes!

Franco afirmó que estaba dispuesto a exterminar a todo el que no se sumara a la «Cruzada». El general Mola sintetizó la base del totalitarismo franquista como programa de «terror y aniquilación» con el objetivo de «eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros»[2]. El nacional-catolicismo fue la denominación particular del fascismo español. Se apoyó en los mismos sectores que vieron amenazados sus privilegios con la República. La Iglesia se erigió como el gran dispositivo de control social. Si las víctimas de la guerra se cuentan por cientos de miles, la cifra de represaliados –fusilamiento, cárcel o exilio en el mejor de los casos– desde el 1939 no se queda atrás.

Tuvo que venir en este caso un mexicano, Guillermo del Toro, para enseñarnos en El laberinto del fauno (2006) qué era un falangista. De nuevo una película extranjera se convirtió en la más famosa sobre los maquis. Sin embargo, cinco años antes Montxo Armendáriz dirigía la excelente Silencio roto, en la que podíamos ver el escepticismo de unos maquis poco menos que abandonados a su suerte tras la política de no intervención de los «aliados». La filmografía sobre los guerrilleros, tachados por el régimen de bandoleros, también opta en gran medida por la despolitización y los dramas personales. Y llegó el día de la venganza (Fred Zinnemann, 1964), Metralleta Stein (José Antonio de la Loma, 1975), Los días del pasado (Mario Camus, 1977), El corazón del bosque (Manuel Gutiérrez, 1979), Luna de lobos (Julio Sánchez, 1987), Huidos (1993, Sancho Gracia), El portero (Gonzalo Suárez, 2000) o El año del diluvio (Jaime Chávarri, 2004) narran historias en clave de aventuras dramáticas, pero no se profundiza en el contexto sociopolítico que obligó a miles de personas a tirarse al monte.

Tanto el cine de la guerra como el de posguerra (con la excepción casi única de la adaptación que Benito Zambrano hizo de La voz dormida en 2010) lejos de crear una identidad política basada en el antifascismo como base de la democracia en Europa, han apuntalado la visión simplista y generosa con los vencedores. Esta ausencia de identidad nacional democrática-antifascista fue representada de manera insultante en el desfile del 12 de octubre de 2004, al que el ministro de Defensa José Bono invitó a dos excombatientes que lucharon en los dos bandos enfrentados tanto en la Guerra Civil como posteriormente en la II Guerra Mundial: uno en la División Azul a las órdenes de Hitler y otro en la División Leclerc que acabaría liberando Francia del yugo nazi.

En 1947 Franco aprobó la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado convirtiendo España de nuevo en Reino y arrogándose la potestad de elegir a su sucesor a título de Rey cuando lo estimara oportuno. Años más tarde, el 22 de julio de 1969 a las seis y media de la tarde para ser exactos, pronunció un solemne discurso en el Palacio de las Cortes en el que designó a Juan Carlos de Borbón y Borbón como sucesor por, entre otros motivos, «las claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del Régimen». En palabras del dictador, esta decisión ayudaría a que «todo quede atado y bien atado para el futuro»[3]. A la mañana siguiente, Juan Carlos de Borbón y Borbón aceptó la designación jurando «lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino». A continuación pronunció un discurso que empezó con las siguientes palabras: «Quiero expresar, en primer lugar; que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936».

Este recorrido histórico no es un capricho ni un mero ajuste democrático de cuentas, lo cual no estaría de más, sino un ejercicio indispensable para entender el devenir de los acontecimientos posteriores. 40 años de dictadura inclinaron hacia un lado la «correlación de debilidades» y dejaron un poso que impregnaría transversalmente la sociedad hasta el punto de convertirse en el factor sin el cual no se podría entender lo que vino después: el miedo.

Ese miedo que acabaría vertebrando el comportamiento político de los españoles no solo durante la dictadura sino también una vez superado el proceso de Transición, fue el resultado del totalitarismo fascista que a veces se oculta debajo del término «franquismo». La Transición asumió la versión oficial del régimen según la cual el franquismo nunca fue una dictadura totalitaria sino un régimen autoritario. De la Guerra Civil como Cruzada se pasaba como por arte de magia al Estado católico, social y representativo en 1945. Más adelante, el propio desarrollo del régimen produciría una apertura cuya evolución natural culminaría en la democracia. Así, el Golpe de Estado fue un «mal menor» que trajo un régimen autoritario que a su vez funcionó como «mal necesario» antes del inevitable advenimiento de la democracia.

Esta versión tiene su origen en la teoría del sociólogo J. J. Linz, criado en familia, instituciones y ambientes culturales falangistas, que en 1950 marcharía a los Estados Unidos. Linz se sirvió de argumentos del Cuñadísimo Ramón Serrano Suñer, uno de los principales dirigentes en los primeros y más duros años de posguerra, reconocido germanófilo, quien negaría cualquier parecido con un Estado totalitario. Más tarde sus formulaciones serían traducidas al castellano y apadrinadas por Manuel Fraga Iribarne[4]. Su definición de autoritarismo no pasaría desapercibida en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado la haría suya para legitimar el apoyo a innumerables dictaduras sangrientas como la de Pinochet en Chile. Bajo estos presupuestos, el franquismo no tenía una ideología totalizante ni presentaba una movilización política que abarcara todos los ámbitos de la sociedad. Quedaba así bien aseado para que la Transición sin ruptura ni depuración pudiera convertirse en un proceso modélico y el sistema resultante en una democracia homologable a las europeas. Sin embargo, el miedo de la población española no era casual, sino el fruto de un régimen totalitario que creía que poder y piedad eran incompatibles.


[1] Díaz, José. La pasión por la unidad. Discursos y artículos. 1935-1938(p. 242). (2002). Sevilla: Fundación de Investigaciones Marxistas.
[2] Preston, Paul. El holocausto español(p. 25). (2011). Barcelona: Debate.
[3]Grimaldos, Alfredo. Claves de la Transición. 1973-1986. (para adultos). De la muerte de Carrero Blanco al referéndum de la OTAN(pp. 23-27). (2013). Barcelona: Península.
[4] Morán, Gregorio. (2015). El precio de la transición (p. 113). Madrid: Ediciones Akal.

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