El tren de la memoria

Argentina déjà vu La desaparición de Santiago Maldonado nos ha devuelto la sombra de la última dictadura militar (1976-1983), que se distinguió por el uso de esta práctica como método de amedrentamiento.

Mariano Asenjo Pajares 04/10/2017

“Con vida se los llevaron y con vida los queremos”
(‘Tango de las madres locas’,
Carlos Cano)


Una multitudinaria manifestación para exigir la renuncia de la ministra de Seguridad del Gobierno argentino, Patricia Bullrich, tuvo lugar el pasado viernes 1 de septiembre al cumplirse un mes desde que el artesano Santiago Maldonado desapareció cuando acompañaba a la comunidad mapuche en su reclamación de tierras ancestrales. Las mismas son propiedad del magnate italiano Luciano Benetton desde 1991, bajo la razón social Tierras del Sud Sociedad Anónima. La protesta en la que participaba el artesano fue reprimida por la Gendarmería (dependiente de Seguridad), un cuerpo armado de naturaleza militar.

La desaparición de Santiago Maldonado nos ha devuelto la sombra de la última dictadura militar (1976-1983), que se distinguió por el uso de esta práctica como método de amedrentamiento político y dejó un saldo de 30 mil desaparecidos. La perspectiva de encontrarnos ante la repetición de hechos que se creían finalmente superados y el castigo a los responsables de la violencia de Estado, ha incentivado la movilización tanto entre las organizaciones de derechos humanos como en la ciudadanía. Asimismo, se vuelve a constatar el alto precio que pagan quienes luchan por los pueblos y contra la devastación medioambiental.

El año en curso comenzó con los asesinatos de los líderes ecologistas Isidro Baldenegro (México), Laura Vásquez (Guatemala) y Emilsen Manyoma (Colombia). Son algunas de las últimas víctimas de los conflictos que causa la defensa del medio ambiente en muchos países. Un total de 185 personas pertenecientes a 16 países fueron asesinados el año 2015 por esta causa, según Global Witness. El informe de la organización denuncia que muchos pequeños agricultores, indígenas y activistas ambientales son perseguidos debido a la presión y los intereses de las empresas madereras, mineras, energéticas y agroindustriales sobre sus tierras. Las comunidades locales que se oponen a los proyectos de sobreexplotación “se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo”, señala Billy Kyte, portavoz de Global Witness.

La expansión de Benetton en el país sudamericano ha estado empañada por denuncias de miembros de la comunidad mapuche que señalan haber sido despojados y expulsados ilegalmente de su territorio ancestral por parte de la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), que posee cerca de 900.000 hectáreas en la Patagonia. En estas tierras, el gigante de la moda se dedica sobre todo a la cría de ovejas para la producción de lana. El conflicto entre el pueblo indígena y el consorcio italiano surgió en 2002, cuando el matrimonio mapuche Curiñanco-Nahuelquir se instaló en el predio "Santa Rosa", cuya propiedad fue reclamada por Benetton. Como consecuencia, la empresa denunció al matrimonio por usurpación y un juez ordenó su desalojo.

La disputa no ha sido resuelta, como demuestran los recientes enfrentamientos entre mapuches de la provincia de Chubut y las fuerzas de seguridad. El pasado mes de enero unos 200 gendarmes nacionales y policías locales dispersaron una protesta de la comunidad Lof Resistencia Cushamen, que había bloqueado las vías de un tren turístico en reclamo de tierras. Tres personas fueron arrestadas y también fueron evacuados varios heridos por bala de goma. Amnistía Internacional condenó la violenta represión, que consideró desproporcionada y criticó la "creciente criminalización de la protesta y estigmatización del pueblo mapuche".

La actuación del gobierno derechista de Mauricio Macri ha contribuido a reforzar esa sensación de vuelta al pasado. Cabe recordar que el compromiso con los derechos humanos del empresario y ex alcalde de Buenos Aires se encuentra muy en entredicho. En tal contexto, resulta lógica la exasperación mostrada por la sociedad argentina ante el impúdico desinterés gubernamental en la búsqueda del joven. Muestra de la falta de sensibilidad política y humana para manejar una circunstancia tan delicada se encuentra en el hecho de que el mismo juez que ordenó el desalojo durante el cual fue desaparecido Maldonado se encuentre a cargo de esclarecer su paradero.

Santiago Maldonado debe aparecer con vida. La sociedad argentina afronta un desafío crucial desde su regreso a la democracia, en el cual están en juego no sólo la integridad del joven y el derecho a la protesta, sino la sobrevivencia del Estado de derecho.

#SantiagoMaldonadoDondeEsta

Publicado en el Nº 309 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2017

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