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La diplomacia económica y los derechos humanos Los países occidentales son cómplices del régimen saud, que mantiene una guerra con Yemen que ha causado más de 10.000 muertos y 2,4 millones de desplazados.

Willy Meyer 17/11/2017

En el contexto de la diplomacia del siglo XXI, la diplomacia económica se presenta, para la política exterior española, “como uno de los principales instrumentos de la acción exterior… y una prioridad política al servicio de la reactivación económica y de la mejora de la imagen de España.[1] Es parte esencial de la competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación porque enriquece, a juicio de ese Ministerio, la actuación más conocida de la diplomacia: la cooperación política internacional, la seguridad y el mantenimiento de la paz, “desde la promoción y defensa de los Derechos Humanos”[2]. Estas declaraciones de principios, son compartidas y desarrolladas en los Tratados de la UE quién, desde mediados de los años 90´ introdujo, en los acuerdos firmados con terceros países, una cláusula que inscribe los principios democráticos y los derechos fundamentales como un elemento esencial del acuerdo.

Las cláusulas tienen su cobertura legal en los tratados comunitarios: el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en el propio articulado del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en particular el artículo 177.2 sobre Cooperación al Desarrollo.

Hoy la cláusula está presente en más de 50 acuerdos que implican a 120 países, y aunque desde su introducción se han suspendido algunos acuerdos e impedido la celebración de otros, su utilización es casi nula.

En ese contexto, el Consejo de Ministros de la UE aprobó en 1998 un Código de Conducta sobre ocho criterios aplicables a la exportación de armas y material de doble uso a terceros países. Entre los ocho criterios se mencionan el respeto de los Derechos Humanos en el país de destino final (criterio 2) o el mantenimiento de La Paz y Seguridad y la Estabilidad Regional (criterio 4). Los ocho criterios fueron incorporados en la legislación española en el Real Decreto 491/1998 por el que se aprueba el Reglamento del Comercio Exterior de material de defensa y de doble uso. [3]

Esa defensa teórica, de condicionar las relaciones comerciales con terceros países y los Derechos Humanos en el desarrollo de la política de vecindad de la UE y de la propia política exterior española, se ha visto impugnada en actuaciones que han puesto en entredicho el pretendido equilibrio entre relaciones comerciales y Derechos Humanos.

Así, en las revueltas populares de la "Primavera Árabe" en Túnez y Egipto en 2010 contra Ben Alí y Hosni Mubarak, reprimidas de forma violenta (66 muertos en un mes en Túnez y 800 en Egipto al final de la rebelión), la UE no aplicó la cláusula 2, condicionante de los Acuerdos de Asociación suscritos con ambos países.

En el caso de Marruecos, y a pesar de que mantiene ocupado de forma ilegal una parte del territorio del Sáhara Occidental, la UE le concedió un Estatuto Avanzado en el Acuerdo de Asociación siendo José Luís Rodríguez Zapatero el presidente de turno de la Unión.

Y en el mes de enero de este año, el Rey Felipe VI realizó un viaje oficial a Arabia Saudí para cerrar una venta de armas millonaria, cinco corbetas por más de 2.000 millones de euros para la marina saudí, interesándose también por el proyecto de alta velocidad La Meca-Medina que desarrolla un consorcio español.

La visita se realizó a pesar de que la Eurocámara reclamó en el mes de febrero el fin de la venta de armas a Arabia Saudí.

El equilibrio entre la diplomacia económica y los derechos humanos en este caso ha quedado más que en evidencia.

La dinastía saud mantiene una monarquía absolutista con la aplicación de la Sharia (Ley Islámica) como norma fundamental con aplicación de la pena de muerte o el castigo corporal. La mujer permanece sometida con leyes especiales que limitan su participación en espacios públicos y, dentro del sunnismo, el pueblo saudí abraza la secta del "wahabismo" que es la versión más ultra-conservadora del Islam que ha financiado organizaciones de signo terrorista desde Afganistán a Iraq o Siria. [4]

Además, en plena visita de Felipe VI, Arabia Saudí mantenía y mantiene junto a otros países del Golfo, una guerra con Yemen que, según NNUU ha causado la muerte a más de 10.000 personas y un desplazamiento de 2,4 millones. La propia NNUU ha propuesto crear una comisión independiente para investigar posibles crímenes de guerra al bombardear blancos prohibidos por el derecho internacional como viviendas, instalaciones médicas o edificios públicos.

Junto a España, Estados Unidos, Francia, Italia, Holanda y Reino Unido vendieron armas en 2015 a Arabia Saudí (drones, bombas, misiles, munición) por valor de 25.000 millones de dólares.

La dura realidad es que al ser Arabia Saudí una potencia petrolífera, los Países Occidentales mantienen una posición no solo complaciente, sino cómplice con el régimen saud alejado de ser un país que cumpla los más mínimos estándares democráticos exigidos por esos mismos países.

En este caso, la diplomacia económica no sirve como un activo en las relaciones internacionales para promover los Derechos Humanos y la Paz.

Notas:
[1] http://goo.gl/yoMK89
[2] http://goo.gl/zthqH9
(3) http://goo.gl/7kCXov
(4) https://goo.gl/2ZczTL

Publicado en el Nº 310 de la edición impresa de Mundo Obrero octubre 2017

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