Mediaciones

Medios y autonomía Pues si no es posible pensar, desde los albores de la modernidad, la Democracia sin Comunicación, la acción política también debe cualificar la comunicación reforzándola activamente

Francisco Sierra 03/01/2018

Por circunstancias ajenas a mi voluntad, casualidades de la vida, me veo releyendo a Castoriadis. Cosas de la academia y los colegas de la Universidad de Zaragoza, empeñados en mirar de forma oblicua, necesariamente, la realidad. Difícil empeño en esta tierra nuestra. El caso es que tal relectura, a contrapelo de lo que vemos y oímos en los medios, no solo se antoja de plena actualidad. Da que pensar. Más no se puede pedir aun en la era del disimulo y dispersión hipertextual. Permita el lector algunas notas sueltas, ahora que parece que ya no hay nada que decir a propósito del necesario proyecto constituyente, estando como estamos en una dialéctica contrarrevolucionaria de represión y despojo. Una de las tesis nucleares del célebre autor greco-francés es, como se conoce, la necesidad de pensar el imaginario y los procesos instituyentes reconociendo, como es por otra parte pertinente, la autonomía como consustancial a la praxis social. Pero qué relación se da entre los medios de comunicación y la autodeterminación, si es que la hubiera.

Hace ocho años, en 2005, publicábamos una columna en un diario desaparecido (El País) a propósito del debate sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. En aquella ocasión apuntábamos cómo el descrédito de nuestras instituciones y representantes autonómicos, por la baja calidad democrática y, especialmente, el paulatino "cercamiento" de libertades públicas esenciales, pareciera derivar en un proceso, que hoy se constata, sin duda, en toda Europa, y día tras día en Estados Unidos, por el que, en realidad, el ámbito de dominio público en la mayoría de los países del mundo termina por dejar, como así hemos visto, la Constitución en pura retórica o arma arrojadiza del inmovilismo, en un documento inhábil, por no decir justificativo, del proceso de acumulación por desposesión. En esta lógica del significante vacío, del formalismo abstracto, se impone como necesaria la racionalidad del discurso cínico, verdadera antesala del autoritarismo y las formas de fascismo social. Si por crédito, según la RAE, hemos de entender apoyo o autoridad, afirmarse y establecerse en la buena reputación del público por medio de sus virtudes o de sus más que loables acciones, la clausura institucional de la deliberación ciudadana sobre asuntos estratégicos como el modelo de Estado -bien por la limitación del derecho de acceso y participación o, por omisión, a impedir una campaña de movilización y compromiso político con las organizaciones sociales y la ciudadanía- resulta así, en nuestro país, una suerte de renuncia a un proyecto social de progreso, a un nuevo marco y alianza verdaderamente autónomo e instituyente de nuevas lógicas modernizadoras. Antes bien, la función de los medios no es otra que quebrar la confianza por la repetición de los reforzadores de opinión en forma de extensión de la violencia simbólica que no tiene otro propósito que imponer de forma autoritaria un único modelo “de destino universal” que podemos llamar post Fernando VII. En la dialéctica de recorte de libertades, y de autonomía, llama en este sentido poderosamente la atención el comportamiento unánime de los medios. Como la obra de Castoriadis, da que pensar. Más aún con un gobierno de tradición franquista que confunde el derecho de información con la difusión de propaganda y la democracia con la forma orgánica de las Cortes ocupadas por personajes como Fraga, a la sazón Ministro de Información y Turismo, como el padre de Aznar, funcionario del régimen destinado a propagar los tiempos de silencio y de paz de los cadáveres en las cunetas.

De acuerdo a esa lógica del cercamiento 155, si la política, según Aristóteles, es el arte de lo posible, la comunicación parece ser, para nuestras autoridades, el correlato perfecto para la orientación de las posibilidades autonómicas deseables según la ley propagandística de dosificación. Una técnica conocida de propaganda, muy del tipo del Estado Nuevo de Salazar, por la que se administra, jerarquiza y controla los contenidos y las ideas discutibles en el marco de reforma del Estado, bien mediante la limitación del número de actores posibles y las voces únicas publicables, o definiendo los límites del juego o reglas de la comunicación política a cumplir. Exactamente todo lo contrario de lo que parece razonable para el fortalecimiento y la gobernabilidad en los tiempos que vivimos. Pues si no es posible pensar, desde los albores de la modernidad, la Democracia sin Comunicación, la acción política también debe cualificar la comunicación reforzándola activamente. Sabemos que todo sistema, también nuestro sistema político autonómico, se fortalece en la medida que los flujos de información, que las conexiones, los actores y las iniciativas de articulación social se multiplican, se traman y cruzan en múltiples direcciones, complejizando y enriqueciendo las miradas, los discursos y las propuestas de futuro.

Desde este punto de vista, parece claro, a nuestro entender, que el Gobierno y los partidos de todo el arco parlamentario deben comenzar por reconocer la inteligencia colectiva del pueblo catalán, como la del conjunto del territorio del Estado, garantizando la soberanía y poder de autodeterminación del pueblo como sujeto activo de su autonomía, como actor protagonista capaz de construir y desarrollar creativamente su modelo de nación, su política de reconocimiento y desarrollo institucional, sin tutelaje alguno, sin administración de los niveles de conciencia posible, ni la guía paternalista de una política de información que menoscaba los derechos profesionales y el estatuto autónomo de los periodistas, restringiendo así el natural derecho de la ciudadanía a informarse de las deliberaciones y posturas ideológicas en torno al futuro del Estado que o será plurinacional o no será.

De todas las lecciones a aprender en esta crisis, parece claro que si hemos de dar crédito, en definitiva, y creer, otorgar nuestra confianza a los representantes del Estado, y en particular del gobierno, será solo posible porque concurrimos con ellos, esto es, porque avanzamos juntos. Parafraseando un célebre lema de campaña institucional de la Junta: Andalucía, y España, será imparable sólo si avanzamos juntos, si todos caminamos, si la ciudadanía está comprometida, implicada y en pie. Y esto sólo es posible con información, con debate, con movilización popular, con un esfuerzo colectivo de pedagogía política. De libertad e información, de diálogo y participación pública, de medios y mediadores conectados, imbricados en el nuevo debate constituyente con las puertas abiertas a todos y a todas. Aún estamos a tiempo de cumplir estas condiciones. Todavía podemos abrir este espacio para formar, informar y fortalecer la autodeterminación de los pueblos de España como un proyecto en común. Ello depende de la voluntad política de nuestros representantes. Son ellos quienes tienen la primera palabra, pero –adviértase- no siempre la última. Rajoy debiera ser consciente, la esperanza es lo último que se pierde, que el tiempo ha mudado, y que, desde 2008, España es otro país. Como explicara Balibar, citando a Lenin, si antaño sucedía que los de arriba ya no pueden gobernar, los de abajo ya no quieren ser gobernados como antes. Hoy los unos no pueden no gobernar como antaño, y los otros no pueden ya resistir o luchar como antes. En esta posición y tiempo-encrucijada nos encontramos, sea transición o ruptura. Pero el Gobierno parece no entender esta paradoja. En su lugar, quiere controlar Internet como parte de la estrategia de criminalización de la protesta. Se trata del único rincón de la esfera pública no dominado absolutamente por la Vicepresidenta. Doble paradoja. No podrán, porque no saben que aquella información que no circula libremente termina por ser fuente de rumores y mayores resistencias. Como la propia acción de gobierno, no es posible el dominio absoluto de lo común.

Publicado en el Nº 312 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2017

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