Marina Albiol insiste en la necesidad de organizar una misión de investigación del PE sobre el proyecto de Gas Natural en Doñana

Grupo de Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) 29/01/2018

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, remitió a la presidenta de la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, Cecilia Wikstrom, el último informe sobre Doñana elaborado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández. En él, solicita al Gobierno que haga una evaluación conjunta del impacto que pueden tener sobre el Parque los cuatro proyectos existentes para la extracción y almacenamiento de gas natural, sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental y alerta sobre los riesgos sísmicos que podrían conllevar ciertas prácticas.

En un correo electrónico, Albiol pide a Wikstrom que, dada la relevancia del informe del Defensor del Pueblo y la coincidencia con las denuncias que se han venido presentando en PETI, incluya el documento como información complementaria a la Petición 0051/2013, que todavía se encuentra abierta. La eurodiputada recuerda a Wikstrom que durante el último debate que se celebró en PETI sobre Doñana “ya se denunció el riesgo sísmico del proyecto”, algo que recoge el Defensor del Pueblo en su informe.

Fernández emitió una nota el pasado 10 de noviembre en la que reflejaba las denuncias que se han venido haciendo desde algunas organizaciones ecologistas y políticas desde que se anunciara el proyecto de Gas Natural en Doñana. Entre ellas, la necesidad de hacer una evaluación acumulativa del impacto que tendrían en el Parque las cuatro actuaciones previstas: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar.

Por otro lado, recomienda al Ministerio de Energía que se revisen los informes de impacto ambiental emitidos –que también se encuentran cuarteados- y advierte de las dudas que le genera el informe del Instituto Geológico y Minero de España “sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados”, explicando que “las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero”.

Albiol cree que “no hay más tiempo que perder” y, ante “la importancia” de este informe del Defensor del Pueblo, que “refleja las denuncias que venimos haciendo desde hace años”, insiste en que “la comisión de Peticiones debe organizar cuanto antes una misión de investigación a Doñana para comprobar sobre el terreno lo que puede suponer un proyecto gasístico de estas características en una zona considerada patrimonio mundial por la UNESCO y que ha recibido ayudas económicas muy importantes de Bruselas”.

Eurodiputados piden a la Cruz Roja que envíe una delegación a Marruecos para evaluar el estado de los presos de Gdeim Izik

Un total de 28 eurodiputados y eurodiputadas de cinco grupos parlamentarios han enviado una carta al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, sumándose al llamamiento de un centenar de ONG para que envíe una delegación a Marruecos que evalúe el estado de salud en el que se encuentra el grupo de 19 presos políticos saharauis de Gdeim Izik. Además, denuncian las múltiples violaciones de la Cuarta Convención de Ginebra cometidas por el Reino de Marruecos en el proceso judicial que se cerró en julio de 2017 con sentencias que van de los 20 años de cárcel a la cadena perpetua.

La misiva, promovida por la eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López, refleja las irregularidades cometidas por Rabat desde el desalojo por la fuerza del conocido como Campamento de la dignidad de Gdeim Izik a finales de 2010, hasta la culminación de este segundo juicio a los presos saharauis.

Así, recuerdan que Marruecos tuvo que repetir el proceso contra los presos saharauis porque el primero, llevado a cabo por un Tribunal Militar en 2013, fue declarado nulo por el Tribunal Supremo por falta de pruebas. A pesar de ello, siguieron detenidos y fueron sometidos a constantes abusos y malos tratos. Así lo corroboró el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en diciembre de 2016, tras estudiar las alegaciones de uno de los prisioneros, Naama Asfari, quien había denunciado haber sido víctima de torturas.

“Más allá de las numerosas irregularidades procedimentales e incumplimiento de los principios reconocidos por la legislación internacional, como el derecho a un juicio justo, queremos denunciar en esta carta la violación de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe el uso de la tortura”, señalan.

Por otro lado, el hecho de que ambos juicios, tanto el Militar como el celebrado en el Tribunal de Apelación de Salé, se celebraran en Marruecos, ya choca de por sí con la Convención, al haberse llevado a cabo en una sede extraterritorial. Marruecos, al ser fuerza ocupante, no tiene ningún tipo de jurisdicción sobre los territorios del Sáhara Occidental. Insisten en que “deportaciones como las de los presos de Gdeim Izik constituyen otra seria violación”.

Además de criticar la política de dispersión de presos llevada a cabo por Marruecos -que ha distribuido a los detenidos en siete cárceles distintas, provocando que esto sea un escollo insalvable para muchas de las familias a la hora de desplazarse para visitarlos-, los eurodiputados inciden en que las condiciones de salud de muchos de ellos se han deteriorado gravemente, ya sea por la última huelga de hambre, que ha durado 30 días, o por las enfermedades crónicas de algunos.

Citan los casos concretos de Naama Asfari, cuya pareja, ciudadana francesa, tiene prohibido visitarle; de Abdel Jalil Laaroussi, cuyas “condiciones de salud son alarmantes por culpa de las torturas”; y de Abdallahi Abbahah y Ahmed Sbaai, confinados en celdas de aislamiento de 1,5 metros cuadrados. Este último, además, sufre una enfermedad cardiovascular grave de la que no está siendo tratado.

Estos casos, indican, “son sólo unos pocos ejemplos de las condiciones que soportan los activistas”, mientras “deberían ser considerados personas protegidas de acuerdo con el artículo cuatro” de la ya mencionada Convención.

Publicado en el Nº 312-313 de la edición impresa de Mundo Obrero enero 2018

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