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Llueve sobre mojado Debemos insistir de nuevo en que las instituciones del Estado deberían preservar los valores democráticos e impedir los reconocimientos que la dictadura franquista se otorgó para darse legitimidad.

Asociación Foro por la Memoria Democrática 05/03/2018

El campo de concentración de Judes (en la localidad gala de Septfonds) está en riesgo de ser ninguneado. Inscrito en la lista complementaria de Monumentos y Sitios del Patrimonio Nacional de Francia en septiembre de 2011, ya contaba desde 1997 con una placa de señalización y de reconocimiento. ¿Por qué nos interesa ese campo a fecha de hoy? Porque por él pasaron cerca de treinta mil personas, la mitad de las cuales eran combatientes españoles que huían tras la caída del frente catalán. De todos los fallecidos en aquel campo, algo más de ochenta compatriotas fueron inhumados en un cementerio de españoles recuperado y restaurado en 1978; el resto continúan desaparecidas, fueron integradas en las Compañías de Trabajadores Extranjeros o volvieron a la España franquista. De sus barracones, zonas de castigo o torres de vigilancia apenas queda nada: el proyecto de ampliación de una granja porcina cercana al perímetro del recinto, puede ser su puntilla mortal. Y el definitivo olvido de esas miles de personas que fueron recluidas en el mismo, también de aquellos judíos de paso hacia los campos de exterminio entregados por el gobierno de Vichy. Varias asociaciones francesas y españolas, entre ellas la nuestra, se han dirigido al presidente de la república por escrito, para proteger los restos del campo, dignificar la zona y mantener la memoria y el reconocimiento de los luchadores por la libertad que allí fueron recluidos y de las víctimas del fascismo europeo.

Pero de regreso a nuestro lares, debemos insistir de nuevo en que las instituciones del Estado deberían preservar los valores democráticos e impedir los reconocimientos que la dictadura franquista se otorgó para darse legitimidad. Nos referiremos ahora al ducado de Franco, título concedido a la hija del dictador por el rey Juan Carlos a la muerte de aquel y que ha significado desde entonces una forma más de humillación a las víctimas del franquismo, dando honores hereditarios a la familia que encabezó un golpe de Estado, fue aliado de Mussolini y de Hitler y mantuvo incontables violaciones de Derechos Humanos durante su prolongado mandato: una grandeza de España que equivale a un desprecio hacia las víctimas del régimen y que la Casa Real debería sopesar ya que pudiera colisionar con la Ley 52/07 o de Memoria. Mantener un título nobiliario que nació con el único objetivo de honrar a los descendientes del hombre que tiranizó España durante 40 años dice mucho de la calidad democrática de la que gozamos.

Y mientras asistimos a tales insultos, el monumento a las Brigadas Internacionales (las unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros antifascistas que acudieron a España a defender el legítimo gobierno republicano) instalado en el distrito madrileño de Vicálvaro el pasado mes de noviembre, ha sido violentado con pintadas fascistas, cruz gamada incluida, y la leyenda de rojos asesinos. Es recurrente este tipo de ataques desde la extrema derecha a los memoriales que existen a los internacionalistas; sistemáticamente es ultrajado en monolito que se erige en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid y, para colmo de fanáticos católicos, los instalados en el camposanto de Fuencarral hace tan sólo unos meses. Sí se debe considerar un delito de odio y por eso el Ayuntamiento de Madrid debe de ir al juzgado a denunciar estos hechos y, a la vez, diseñar un protocolo de actuación contra estos atentados, y el cuidado de los memoriales, ataques que ya no son aislados sino impregnados de ideología intransigente, reaccionaria y de indudable corte fascista que una institución democrática tiene que combatir con decisión y firmeza.

La Plataforma por la Comisión de la Verdad, a partir de un convenio firmado con el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, ha abierto una oficina para la recepción de documentos sobre la represión con el fin puesto en su digitalización que permita conservarlos a la par que se está adecuando un espacio en el Museo Etnográfico de la ciudad para su archivo e inclusión en los fondos existentes del periodo correspondiente a la guerra y el franquismo. Una iniciativa que permitirá la centralidad documental y el control y recuperación de fondos de su historia local.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife -que en primera instancia había avalado el derribo del monolito dedicado al general Franco en el Monte de las Raíces- y que llevó a cabo el desmantelamiento del monolito del lugar donde el 17 de junio de 1936 se celebró la reunión de los jefes y oficiales de la guarnición, que supuso la puesta a punto de la organización del golpe de Estado que propició el inicio de la guerra en julio de 1936. Con esta decisión judicial favorable al Cabildo quedan zanjados los recursos presentados contra la acción de la corporación insular que tuvo lugar en 2015. Que tomen nota otras corporaciones locales.


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Publicado en el Nº 314 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2018

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