Una alternativa económica concreta a los PGE del PPPresupuestos al servicio del empleo: Cuestión de voluntad política Una orientación presupuestaria diferente permitiría mejorar las condiciones económicas de la mayoría, con mayor estabilidad en el empleo y mayor retribución

Eduardo Garzón
Carlos Sánchez Mato 10/03/2018

Los presupuestos no son sólo una herramienta para trasladar el dinero de un sitio a otro -desde el bolsillo de los contribuyentes hacia el bolsillo de los beneficiarios de las políticas públicas-, sino que además conforman el más poderoso instrumento de política económica que existe para definir e influir en las características del modelo económico, social y ecológico de un país. Tienen capacidad para redistribuir la renta y la riqueza, priorizar unas políticas y unas actuaciones frente a otras, crear las condiciones para que las actividades económicas puedan prosperar, y sentar las bases para una dinámica económica que puede ser muy diferente a la actual.

Desgraciadamente la herramienta de los Presupuestos Generales del Estado lleva tiempo siendo utilizada por los gobiernos del PSOE y del PP para seguir dando vueltas de tuerca a los planteamientos neoliberales a través de políticas de austeridad y devaluación salarial. Lo que persiguen con estos movimientos es deteriorar el poder de la clase trabajadora y reducir el tamaño del sector público, dando así facilidades de muy diverso tipo al negocio privado. Es imprescindible que se produzca un importante cambio de rumbo que abandone los presupuestos que definen un modelo económico neoliberal y abrace unos que pongan por delante la cobertura de las necesidades sociales de la clase trabajadora y los desafíos ecológicos y de género a los que nos enfrentamos.

Para eso hemos presentado desde el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem, En Marea una propuesta alternativa de presupuestos generales del Estado que cumple dichos objetivos.

De entre los muchos elementos centrales, nos interesa destacar el relacionado con la cuestión laboral. Hoy día nos encontramos con un terrible drama social: la tasa de paro continúa en niveles propios de Estados fallidos o recién salidos de una guerra civil, buena parte del paro se reduce por el envejecimiento de la población y por la emigración de nuestra juventud, y los pocos empleos que se crean son generalmente de carácter precario y con bajos salarios. En la actualidad se realizan prácticamente las mismas horas de trabajo a la semana que cuando llegó el PP al gobierno, pero hay casi un millón de empleados más. Esto quiere decir que el empleo se está desguazando: donde antes trabajaba una persona por 1.500 euros mensuales ahora trabajan dos por 750. Hay más personas trabajando pero la cantidad de renta y masa salarial apenas ha variado.

Lo que ocurre no responde a fenómenos inexplicables o inevitables. No es otra cosa que el resultado de las reformas laborales que se implementaron y que dinamitaron el poder de negociación colectiva, arma fundamental para la clase trabajadora. Pero otro factor que ha coadyuvado a la agudización de esta desastrosa situación, es la aplicación de políticas de austeridad fiscal. Y es que reducir la inversión y el gasto público ha potenciado los letales efectos del colapso del sector privado y no ha hecho sino deprimir aún más la capacidad adquisitiva de la población y torpedear de esta forma las posibilidades de creación de empleo. Prueba de ellos son los resultados de la encuesta trimestral de coste laboral del Instituto Nacional de Estadística cuando se les pregunta a las empresas por qué no contratan: el 93,9% de las encuestadas responde que no lo hacen porque no necesitan contratar a nadie más. Y no lo necesitan porque no tienen suficientes clientes (porque la gente tiene poca capacidad adquisitiva) y de nada les sirve contratar a alguien si no hay tareas que encomendarle. Tanto la encuesta de acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas que realiza el Banco Central Europeo como la del Observatorio del Trabajo Autónomo presentan resultados coherentes con lo apuntado: la mayor parte de las empresas y de los autónomos declaran que su principal problema es que no tienen suficientes clientes. No planteamos que la actual crisis sea otra cosa que una clásica tal y como la hubiera concebido Marx. Es decir, crisis de sobreacumulación de capital y mercancías y no crisis de subconsumo. Pero que este no sea el origen no quiere decir que no tenga efectos devastadores la insuficiencia salarial con la que el capital ha combatido la decreciente tasa de ganancia.

Cambio de modelo productivo e igualdad de género

Por eso nuestra propuesta plantea un giro de timón con respecto a las políticas públicas: el gasto público total sería 1,7 puntos porcentuales del PIB superior a la propuesta actual del gobierno. Estamos hablando de unos 20.000 millones de euros que se repartirían entre políticas sociales, políticas para la modernización económica y cambio productivo y políticas para la igualdad de género y cierre de la brecha salarial. En conjunto, el efecto expansivo sobre la actividad económica generado por el aumento del gasto público permitiría garantizar una tasa de crecimiento del PIB del 3,5% frente al 2,3% previsto por el gobierno. Esto, a su vez, haría posible un incremento del empleo del 3,2%, con una mejora de la productividad de alrededor de tres décimas, sustancialmente mayor que el incremento del empleo del 2,4%, con estancamiento de la productividad, que prevé el ejecutivo de Rajoy.

Entre las actuaciones contempladas, destaca un programa de inversiones orientadas tanto al aumento de la eficiencia energética (revisión de los edificios, mejora de la red eléctrica, transporte público, medidas de ahorro energético en la industria) como a la sustitución del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles y de centrales nucleares, por energía procedente de fuentes limpias y renovables. Estos planes generarían distintos tipos de beneficios, siendo uno de los más importantes la creación de empleo, relacionado tanto con la construcción (rehabilitación de edificios, infraestructuras para las nuevas energías) y las industrias auxiliares, como con un sector más cualificado relacionado con la ingeniería y la innovación, dando pasos hacia un cambio de modelo productivo.

Eliminar la precariedad crónica

Por otro lado, nuestra propuesta recoge dos planes de empleo importantes. Uno para los jóvenes que estaría dotado con 1.100 millones de euros, que consistiría en transformar la Garantía Juvenil en un verdadero plan de empleo que facilite la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo e impulse el retorno de los jóvenes emigrados a otros países. Otro para acabar con el empleo precario en las administraciones públicas, que iría de la mano de una Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 20.000 nuevas plazas. Y con la pretensión de contribuir a reducir la brecha salarial de género nuestra propuesta incluye la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad, haciéndolos obligatorios e intransferibles. La brecha salarial no se explica tanto por la diferencia de remuneración en los mismos puestos, sino por la fuerte segregación de las mujeres en el mercado de trabajo (ellas trabajan en sectores peor remunerados, y evolucionan menos que ellos hacia categorías laborales mejor remuneradas); asimismo, las mujeres tienen vidas laborales más discontinuas, con más periodos de bajas. Las políticas públicas deben orientarse a que las mujeres dejen de tener la etiqueta de “menos disponibles para el empleo”.

En definitiva, se trata de una demostración clara de que una orientación presupuestaria diferente permitiría mejorar las condiciones económicas de la mayoría, con mayor estabilidad en el empleo y mayor retribución, con un avance firme para conseguir la eliminación de la precariedad crónica que caracteriza nuestro modelo de crecimiento. Y todo ello es perfectamente posible con actuaciones de política fiscal de reducida magnitud y sin abordar elementos tan discutibles como el de la estabilidad presupuestaria para los que sería complicado obtener mayoría parlamentaria en el actual escenario. Es necesario poner en marcha cuanto antes una alternativa de país al proyecto agotado del Partido Popular. Solo hace falta voluntad política.

Publicado en el Nº 314 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2018

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