Señalemos y condenemos a los auténticos culpables de esta debacleEl desmantelamiento del sistema de Cajas de Ahorros: el caso de Caja Granada ¿Queremos que se devuelva el dinero prestado? Por supuesto, en forma de banca pública, y no transformando esa devolución en más cierres de oficinas.

Maribel Díaz Sevilla. Trabajadora Caja Granada, BMN, reciente en Bankia y miembro Comité empresa por CCOO 13/03/2018

Pasar de ser Caja Granada, una entidad sin ánimo de lucro y con representación social en sus órganos de gobierno, a ser Bankia, una entidad gestionada por capital privado, ha sido un camino totalmente orquestado y dirigido a terminar con una de las empresas emblemáticas de Granada y por extensión de Andalucía.

En el año 2010, la Asamblea de Caja Granada da su aprobación al SIP (Sistema Integral de Protección) que conformarían Caja Granada, Sa Nostra, Penedés y Caja Murcia.

Literalmente, el entonces presidente de la entidad granadina, Antonio Jara, calificó esta operación de estratégica y la valoró como “la decisión más importante y de mayor calado en la historia de la Caja”. Además aseguró que habilitaba a Caja Granada para abrir un máximo de 50 nuevas oficinas en Andalucía a partir del 2014. (Otra frase “lapidaria “ sería “Ni un paso dará Caja Granada que pueda lesionar los intereses de Andalucía”…). Hablaba ante su Asamblea de que la Caja había actuado con lealtad a la institución y con absoluta fidelidad a los intereses de Andalucía, con vistas a conseguir “una Caja más sólida, más solvente, más grande y mejor”.

Y fueron mentiras: Granada perdió, Andalucía perdió, y la presidencia del SIP recae en Carlos Egea, hasta entonces presidente de Caja Murcia.

Y perdió tanto que a principios de 2011, los consejos de administración de las Cajas integrantes aprueban traspasar todo su negocio a Banco Mare Nostrum (BMN) y comenzar así el proceso de bancarización.

Y no sólo se traspasa el negocio financiero, también el patrimonio público hasta ese momento de las antiguas cajas de ahorro, que pasan de ser propiedad de la sociedad a ser propiedad de manos privadas.

Y ya en 2012 empiezan las inyecciones de dinero público, y a golpe de Bruselas (que aún no ha explicado por qué el modelo de Cajas de Ahorros español era inexplicable y sí tienen razón de ser las cajas alemanas o francesas) el Frob comienza el desmantelamiento de oficinas, la pérdida de empleo con la consiguiente pérdida de calidad en la atención a la clientela, que no ha merecido, al igual que las plantillas, ser los grandes sacrificados de todo este proceso.

La dirección externaliza, subroga, cierra, vende…y es incapaz de sacar a flote, una vez más, esta empresa. Nos aboca a una absorción, que no ya fusión, que acabará por desmontar lo poco que de la marca Caja Granada quedaba en esta provincia.

Y ahora Bankia desembarca con un ERE por “causas organizativas”, que una vez más castiga a Andalucía y muy especialmente a Granada, que aprueba nombrar al señor Carlos Egea consejero ejecutivo, máximo responsable de la destrucción de BMN como presidente…( y cuya vinculación con el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, nadie discute…).

Y comienza un nuevo paso del Rubicón para la plantilla. Una plantilla que hace frente a su cuarta reestructuración en menos de 7 años, que se ha visto abocada a pedir la “cuenta” por el miedo a un traslado que significa sacrificar su unidad familiar. Una plantilla enferma de ansiedad, de depresión, de estrés, teniendo que dar la cara con una clientela cada vez más disgustada por las erróneas órdenes de sus directivos (con toda la razón del mundo), y teniendo que hacer frente a una sociedad que lejos de considerarnos bancarios y bancarias, nos considera banqueros. Una sociedad que nos ha demonizado como los causantes de esta crisis, de esta exclusión financiera, de la venta del patrimonio social de las Cajas de Ahorro a manos privadas, de la financiación pública, de la pérdida del Monte de Piedad, su buque insignia… Una sociedad que no nos considera clase obrera.

¿Queremos que se devuelva el dinero prestado? Por supuesto, en forma de banca pública, y no transformando esa devolución en más cierres de oficinas, en más exclusión financiera, en más pérdida de puestos de trabajo, con la consiguiente baja de cotizaciones a seguridad social, desempleo, impuestos y demás que eso supone y que repercute en todas y todos.

Hagamos un ejercicio de empatía y solidaridad hacia una plantilla que no lo ha tenido fácil, ni lo va a tener. Y que al igual que el resto de trabajador@s, se limitan a cumplir con su obligación para poder llevar un salario a casa.

Señalemos y condenemos a los auténticos culpables de esta debacle, que no están en las oficinas de provincias, sino en despachos enmoquetados.

Publicado en el Nº 314 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2018

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