El derecho a vivir dignamente Más de 600.000 andaluces y andaluzas viven sin ninguna cobertura social... La necesidad, por tanto de articular una medida integral de actuación no se puede hacer esperar.

María Castillo Martínez. Comité Central del PCE y del PCA Granada 05/04/2018

Andalucía es una de las comunidades (junto a Canarias) con las tasas más elevadas de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Según informe EAPN 2016, cuatro millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza, lo que supone más del 40% de la población. El instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía en el 35,4%, 13,1 puntos por encima de la media. Más de 600.000 andaluces y andaluzas viven sin ninguna cobertura social, 100.000 andaluces y andaluzas solo pueden optar a ayudas puntuales asistenciales. Uno de cada cuatro españoles o españolas en situación de pobreza es andaluz o andaluza, La mitad de los andaluces no puede afrontar gastos imprevistos. Andalucía lidera la clasificación nacional con una tasa de paro del 35,8%. España lo hace por quinto año consecutivo en la europea.

La necesidad, por tanto de articular una medida integral de actuación no se puede hacer esperar.

En Andalucía, su Estatuto establece en el Art 23.2: “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad”. Se trata de una definición general, y que sería objeto de una abordaje multidimensional en todas sus áreas: Modelo, método, encuadre económico y social, etc., pero no por la complejidad del asunto debemos resistirnos a avanzar en su estudio y aplicación para proyectar desde el ámbito de la política y responsabilidad institucional su puesta en marcha.

Se trata de un concepto no exento de polémicas debido, entre otras causas, a ese planteamiento capitalista trasnochado con el que los gobernantes neoliberales intentan convencer a la opinión publica de que su aplicación resulta “inviable” e “inaplicable” legal, social y económicamente. Los oligarcas miran por sus intereses, como es obvio…

Haciendo un recorrido por la teoría, comprobamos que son varios los modelos que inspiran y establecen distintos paradigmas en relación al concepto e implementación de la “Renta Básica”, cada uno con sus pros y contras. De lo que se trata es de realizar un trabajo de sistematización de valores, teorías, perspectivas, métodos etc. que reúnan lo mejor de cada uno y sinteticen bajo una perspectiva socialista, (de criterios basados en la mejor redistribución equitativa de recursos y de prioridad en la inversión social), todas las dimensiones que plantea este concepto y avanzar en su adecuada implantación. La mayoría social y los movimientos que en su defensa se están articulando, están jugando un papel crucial en su aplicación real. Resultan imprescindibles para avanzar en la consecución y puesta en marcha de un modelo de renta básica que supere el asistencialismo público o privado tan incrustado en nuestras políticas. Que realmente sirviera para conseguir la rehabilitación económica de las capas populares más castigadas por el capitalismo.

Recientemente, la Junta de Andalucía con el gobierno de Susana Díaz al frente, ha aprobado un Decreto que regula una “especie” de lo que ellos denominan renta básica, que poco o nada tiene que ver con el concepto que nosotras entendemos. De lo que se trata, más bien, es de un duplicado del “Ingreso Mínimo de Solidaridad”, que existe desde hace 20 años en Andalucía. Su propósito de vender de cara a la galería la preocupación del gobierno de Díaz por la pobreza en Andalucía, no cuela de ninguna manera, por motivos que son claros, y es que esta intentona de plasmar un cierto aire “socialista” a la actual gestión del PSOE, cae en la más pura falsedad cuando analizamos las condiciones de acceso a esta medida, su cobertura social y su impacto para frenar los datos de pobreza de los que Andalucía hace gala, por desgracia: Han hecho malabares con las partidas presupuestarias destinadas a las políticas sociales y como si de ilusionistas se tratase, han cambiado unas partidas por otras, aniquilado otras muchas (como las destinadas a la garantía alimentaria, las que cubren emergencias sociales o ayudas familiares para la cobertura de necesidades básicas puntuales), pareciendo así que se hace algo en materia de política social... Han cogido todo esas partidas presupuestarias y lo han destinado a este invento de la renta mínima. Nada que ver con la realidad, puesto que ese gasto ya estaba previsto, cambiarle la etiqueta solo sirve para despistar, para poner la típica cortinilla de humo, es pura falsedad, escaparate y postureo. Esta medida no cubrirá las necesidades de las personas objeto de su aplicación porque los que la reciban seguirán por debajo del umbral de la pobreza, ya que la propia norma establece como principal condición para otorgarla, que la unidad familiar disponga de unos recursos mensuales inferiores a la cuantía que les corresponda de esta Renta Mínima. Sacan un decreto que ni siquiera respeta su propio objeto de aplicación, que debiera ser el de acabar con las cifras de pobreza en Andalucía, Antonio Maíllo, Coordinador de IU Andalucía lo ha dejado claro: “la Renta Mínima de Inserción debe tener una dotación de 670 millones de euros que serían los necesarios para atajar de una manera radical la pobreza y la exclusión". Todo lo demás es chapucería y escaparate. No es ese el concepto del derecho a la dignidad que nosotras las comunistas deberíamos defender.

Como comunistas, creemos que debe plantearse en el seno de la sociedad y por parte de los poderes públicos, un debate profundo y responsable dados los continuos ataques que desde las instancias del poder neoliberal se dan para diluir, vilipendiar y desvirtualizar este concepto, hasta convertirlo en algo económica y socialmente inviable, en algo que ni siquiera merece ser debatido.

Nosotras y nosotras, comunistas, somos los responsables de mantener el debate abierto y hacerlo prosperar dentro de unos parámetros marxistas, basados en factores y criterios de base socialista que contemplen factores como la necesidad de redistribuir equitativamente la riqueza para el logro de unas mejores cotas de dignidad humana, avanzando en la protección de los derechos humanos. Andalucía necesita de manera urgente un vuelco en sus políticas sociales que avance hacia el establecimiento de recursos, prestaciones y medidas integrales destinadas a la dignificación social.

Publicado en el Nº 314 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2018

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