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Una de varios Castilla La Mancha no tiene ninguna fórmula reglamentaria sobre memoria, ni ley que proteja estos vestigios históricos.

Asociación Foro por la Memoria Democrática 10/04/2018

Todavía vivas las ascuas por las celebraciones que en la Comunidad de Madrid hacen diversas localidades en relación con la batalla del Jarama, de sus elementos arqueológicos conservadas, algunos catalogados y protegidos, así como de los lugares de memoria públicos erigidos o mantenidos como espacios didácticos, hay que hacer referencia esta vez a uno conocido como el Hospitalillo, situado en Tarancón, ciudad conquense en la carretera de Valencia muy cercana al lugar de la batalla y que fue eslabón fundamental por su proximidad al frente, en el servicio sanitario de los combatientes y la evacuación y atención de heridos en la retaguardia distinta al Madrid sitiado, sistema que incluía también instalaciones y centros anejos -ambulancias, almacenes, etc.- en otros pueblos ubicados en la misma carretera y donde trabajaron, sobre todo, profesionales de la medicina en las Brigadas Internacionales. El edificio de Tarancón cuenta, además, con refugio antiaéreo. Este complejo, de patrimonio municipal, está sumido en el más absoluto de los abandonos; su desaparición supondría eliminar una parte importante de la historia sanitaria republicana durante la guerra y, por supuesto, un atropello al papel de los internacionalistas en la defensa de la libertad y la democracia en aquella contienda. Castilla La Mancha, Comunidad que no tiene ninguna fórmula reglamentaria sobre memoria (ni ley que proteja estos vestigios históricos) debería garantizar que el consistorio taranconero conserve, repare y de función a esos edificios, como aprobara hacerlo en su día, para uso y disfrute de sus vecinas y vecinos, muchos de los cuales nacieron en el mismo mientras se mantuvo su actividad, y mantener una memoria viva que excede con mucho la de su historia local.

Otro ayuntamiento que no cumple con la ley de memoria es el de Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP desde 2007 con mayoría absoluta. Esta vez por no retirar un vestigio, el víctor o vitor franquista, de los espacios públicos de la localidad (concretamente en las fachadas de edificios de viviendas protegidas construidas entonces), y a pesar de haber sido a requerimiento del juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 9 de Madrid al que le elevó la denuncia, que confirmó su obligación de retirarlo. Además, ha de elaborar un catálogo de vestigios disconformes con la ley, incluido el callejero, que pudieran seguir existiendo con el fin de suprimirlos también de la vía pública.

Y llega la esperanzadora noticia de que la Fiscalía Provincial de Castellón tiene abiertas diligencias de investigación penal contra Alfonso Arín, el alcalde de La Serratella (Castellón), también por posibles los delitos de desobediencia y prevaricación al no cumplir con la ley tras su negativa de retirar el escudo franquista que preside el balcón del edificio de la Corporación. Es lo que tiene el aprobar un marco legal con régimen sancionador por incumplimientos probados.
Comportamiento diferente vemos en el Ayuntamiento de Valencia al plantear a la Consejería de Justicia de la Generalitat la existencia aún en dos edificios públicos, pertenecientes ambos a dependencias de la Guardia Civil, la Comandancia del barrio de Patraix y el cuartel de Benimaclet, de elementos con simbología de la época de la dictadura que ha de eliminarse, para que sea consecuente con ello.

Pero volviendo a una realidad más indeseable, el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha declarado prescrito el crimen de tortura imputado a Antonio González Pacheco (Billy “el Niño”) en que se basa la querella criminal interpuesta por Felisa Echegoyen Castanedo contra el ex policía por un delito de torturas cometido en 1974 y en un contexto de crímenes contra la humanidad. Para la jueza, no se puede considerar un delito de lesa humanidad al faltar el requisito de tratarse de un ataque organizado y sistemático contra un grupo de población, y procede declarar prescrito el delito, además de considerar extinguida la responsabilidad criminal; el fiscal también fue favorable a la prescripción. Una vez más la justicia a favor de la impunidad franquista.

Y en el centro de este desconsuelo nos deja Josefina en una orfandad casi absoluta. Siempre con nosotros.


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Publicado en el Nº 315 de la edición impresa de Mundo Obrero marzo abril 2018

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