Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018Marketing y prestidigitación de la derecha para consolidar los recortes “El techo de gasto para 2018 es 62.000 millones inferior al de 2010, e inferior incluso al de 2013, el peor año de la crisis“

Carlos Sánchez Mato 10/05/2018

Si algo puede quedar claro en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el gobierno de Rajoy en Consejo de Ministros es que va a la deriva. Porque, además de otros elementos, las cuentas aprobadas no son más que un ejercicio de marketing y prestidigitación para ocultar la parálisis del Partido Popular y de quienes les sostienen en el gobierno para impulsar y desarrollar las políticas sociales que necesita la mayoría de la ciudadanía. Es evidente que el proyecto político del gobierno está agotado y este proyecto de presupuestos es el exponente más claro de ello. Incorporar en estos presupuestos una subida sobre los de 2017 del 1% demuestra claramente su insuficiencia. La cifra del techo de gasto para 2018 aprobada el pasado mes de julio es 62.000 millones inferior al techo de gasto que había en 2010 (e inferior incluso al de 2013, el peor año de la crisis), lo que supone consolidar los recortes de los años anteriores, e impide atender a los principales retos de nuestra economía.

Además es imprescindible reseñar que de poco sirve una aprobación de Presupuestos para 2018 viendo la liquidación presupuestaria de 2017 publicada, que revela que nuestra crítica a las cuentas publicadas para ese año era completamente fundada. Cualquier parecido de la ejecución con la previsión es pura coincidencia. El déficit del conjunto de las administraciones públicas cayó hasta el 3,07% del PIB (el 3,11% con ayudas financieras), lo que significa que cumplió con el objetivo pactado con Bruselas por primera vez sin prórrogas. Pero aunque según Montoro “Hemos demostrado que la política presupuestaria es la llave maestra para el crecimiento económico, la creación de empleo y el superávit por cuenta corriente”, lo que precisamente queda demostrado es la rémora que para un crecimiento sano y equilibrado supone la política defendida por el Gobierno. En el último año el Gobierno ha reducido el déficit público en 1,4 puntos del PIB (con ayudas financieras), un ajuste que ha recaído casi íntegramente sobre el gasto, mientras que los ingresos apenas han variado. En concreto, los recursos financieros con los que contaron las administraciones públicas en 2017 alcanzaron el 37,91% del PIB, apenas 0,2 puntos más que en el ejercicio anterior. En concreto, los empleos no financieros cayeron hasta el 41,02% del PIB, esto es, 1,18 puntos menos que en el ejercicio anterior. Con este ajuste de los presupuestos de las diferentes administraciones, el Ministerio de Hacienda consiguió que el gasto público en 2017 fuese el más bajo en una década como porcentaje del PIB. Incluso por detrás del año 2008. España ya era en 2016 uno de los países europeos con menor tamaño de su sector público, por lo que, con este ajuste seguirá alejándose de la media europea. La otra partida de gasto fundamental en la que el PP ha recortado es la de inversión, 2,3 puntos porcentuales con respecto al PIB desde que llegó Rajoy al gobierno (46% menos que el último año de Zapatero).

Las pensiones y las zanahorias de Montoro

El proyecto de Presupuestos de 2018 ha sido calificado por su mentor como el de los pensionistas y los empleados públicos. Esas son las “zanahorias” que Montoro ofrece para conseguir la mayoría parlamentaria para su aprobación.

Incluye una subida del 3% para las pensiones más bajas y una mejora para las de viudedad. Es vergonzoso que puedan incluir como medida estrella algo que estaba comprometido en la reforma de las pensiones de 2011 pero que no habían aplicado hasta ahora. Han incumplido esto durante 7 años y ahora, lo presentan como un logro cuando es una medida claramente insuficiente. Consiste en una subida de la base reguladora (por la que se calcula la cuantía de la prestación) del 52% al 60% para los mayores de 65 años sin otras fuentes de ingresos. Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el gasto en pensiones contributivas en 2017 fue de 115.729 millones de euros, equivalente al 9,9% del PIB. Esto supone que el esfuerzo que el gobierno destina al pago de pensiones se redujo por cuarto año consecutivo. En 2013, alcanzó el máximo de la serie histórica con el 10,6% del PIB, desde ese momento no ha hecho más que caer. Es evidente que se trata de un claro ejemplo de falta de voluntad política que claramente han detectado nuestros pensionistas. En los últimos cuatro años, el gasto en pensiones siempre ha crecido menos que el PIB, lo que significa que el esfuerzo para abonar las prestaciones se ha ido reduciendo. En concreto, el gasto como porcentaje del PIB se ha recortado en seis décimas desde 2013. Si se hubiera mantenido el esfuerzo similar al de ese año (y que está lejos de la media de países avanzados europeos) las pensiones podrían haber subido 4 veces lo que subieron los precios este año 2018.

Y en relación al acuerdo con los sindicatos para la subida salarial de los empleados públicos, éste supondrá incremento del 1,75% en 2018; de un 2,25% en 2019, y de un 2% en 2020. Pero no puede ocultarse el viraje con el tremendo deterioro que las políticas del PP han causado en el empleo público ya que el mayor ajuste en toda la recesión en materia presupuestaria recayó sobre los trabajadores públicos. La remuneración de asalariados se redujo en tres décimas del PIB, pasando del 10,85% al 10,55%. Esto es, soportó un 25% de toda la reducción del déficit. La subida de los salarios inferior al PIB (se incrementaron un 1%) unido al nuevo ajuste en las plantillas del sector público provocó que la masa de salarios volviese a caer en 2017. En concreto, el gasto en remuneración fue el más bajo desde el año 2008 como porcentaje del PIB. Por eso es especialmente detestable que la maquinaria de propaganda gubernamental pretenda defender que el acuerdo sindical alcanzado para mejorar las retribuciones de empleados públicos es algo a glosar cuando se trata de una mínima tirita a aplicar después de una enorme sangría.

A estos elementos destacables en relación a las políticas de gasto más significativas, hay que añadir la absoluta inconsistencia de los ingresos previstos por parte del PP. Venden, una vez más, una rebaja fiscal con un impacto que supondría 2.000 millones de euros y lo hacen al mismo tiempo que prevén un incremento de recaudación tributaria superior a los 16.000 millones de euros, más de un 8%.

Un ejercicio de trilerismo fiscal que supone una oportunidad perdida para la mayoría social porque unos presupuestos enfocados a reducir el déficit social tendrían un efecto balsámico sobre la gente más castigada sobre la crisis capitalista que sigue asolando a la clase trabajadora en todo el Estado español.

Hay alternativa técnica. No hay voluntad política.

Publicado en el Nº 316 de la edición impresa de Mundo Obrero mayo 2018

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