Las mujeres sí saben que una violación es una violación y no un abusoLa justicia mostró su rostro patriarcal y reaccionario en la sentencia de La Manada Si me dejo, no hay lesión que demuestre lo que ha pasado. Si no me dejo, me pueden matar.

Gema Delgado 05/06/2018

La agresión sexual es una amenaza larvada con la que conviven todas las mujeres del mundo. Cada día 4 mujeres son violadas en España. Violaciones denunciadas y registradas por el Ministerio de Interior. Aunque también se sabe que sólo una de cada seis u ocho víctimas denuncia la agresión. En el primer trimestre de 2018 el Ministerio de Interior registró 3.025 delitos contra la libertad sexual, de ellos 371 fueron agresiones con penetración. Estos datos muestran una tendencia al aumento constatado ya en 2017, en que estos delitos crecieron un 10,6% respecto al año anterior, según fuentes oficiales.

Víctimas de agresiones sexuales explicaron recientemente en los medios cómo, por puro instinto de supervivencia, se sometieron cuando a punta de navaja las metieron en un coche y las violaron. Es una situación muy difícil para la víctima: "Si me dejo, no hay lesión que demuestre lo que ha pasado. Si no me dejo, me pueden matar”. Y ese es también el doloroso consejo que las madres dan a sus hijas si se encuentran en esa situación. Pero los jueces piden una reacción de la víctima, exigen evidencia de resistencia, si no lo pueden interpretar como consentimiento. Y si consideran que hay consentimiento, lo calificarían de abuso (9 años de cárcel) en lugar de agresión (20 años).

La sentencia de la violación en grupo de La Manada a una joven de 18 años durante los San Fermines de 2016 destapó la caja de Pandora del patriarcado judicial y legislativo: un código penal confuso en cuestión de delitos sexuales; una legislación que no califica de agresión sexual una violación múltiple si la víctima no se ha resistido lo suficiente, aunque sea a costa de poner en peligro su vida; y un poder judicial fuertemente masculinizado y reaccionario que es el responsable de interpretar las leyes.

La guinda del pastel fue cuando, tras el escandalo de la sentencia, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, encargó a la Comisión General de Codificación que estudiara una revisión de los delitos sexuales en el Código Penal, y la fotografía mostró que la comisión estaba formada por 20 hombres y ninguna mujer. Luego se fue rectificando hasta componer por fin una comisión igualitaria. Todo a raíz de la sólida presión social.

A veces no se trata sólo de que los jueces sean hombres o mujeres, sino de que tienen “una visión muy masculina de las cosas”, manifiesta la abogada penalista de Begoña Lalana. Y si en estos delitos la interpretación no la haces desde el punto de vista de la víctima, no se dará verdadera protección a las personas a las que pretende amparar”. Añade la penalista que en el caso del juicio de La Manada se ha discutido a la víctima desde el primer día y que quien ha creado un juicio paralelo han sido los agresores que pusieron el foco en la joven madrileña. “Parecía que era a ella a quien se enjuiciaba”.

Con este caso se ha visibilizado lo que hay. “Tenemos una justicia patriarcal y machista, tanto en la aplicación como en la normativa”, expresa la abogada Coral Gimeno, del Foro de Abogados de Izquierdas. “Es una superestructura que respalda a un sistema del pensamiento imperante que es el patriarcado capitalista. Y es desde el Derecho y la Justicia desde los que el Estado ejerce el control de la sociedad”.

De delitos de honor al “consentimiento”

Cuenta Gimeno que cuando ella estudió Derecho, y hasta 1989, los delitos sexuales no estaban englobados en los delitos contra la libertad sexual, sino en delitos contra el honor, de forma que no se preveía como delito la violación a una prostituta o la violación dentro del hogar. No se consideraban como tales porque no atentaban al honor. Claro ejemplo del carácter machista de la previsión de este delito es el hecho de que el mismo se limitaba a la penetración vaginal con pene. Se legisla y se aplica la ley desde el ámbito político, público masculino y por tanto está elaborado desde este único punto de vista para proteger los bienes jurídicos asociados a la masculinidad que no son otros que los intereses del heteropatriarcado capitalista.

En 1995 se contemplan los delitos contra la libertad sexual, pero sigue haciéndose desde una visión masculina, que deja las violaciones en abusos si la mujer no se resistió. “El Derecho Penal está creado por y para los hombres. Así es como el derecho patriarcal capitalista se pone en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual desde el punto de vista del agresor y no desde el punto de vista de la victima”.

Sororidad y cultura democrática

A las pocas horas de conocerse la sentencia de La Manada se levantó una ola de sororidad. Las mujeres, tomaron las calles de todo el Estado, unas calles que aún guardaban el calor de la histórica Huelga de Mujeres y la arrolladora manifestación del 8 de marzo que denunciaba, entre otras cosas, el patriarcado en todas las instituciones de la sociedad. No podían consentir que a los cinco hombres que llevaron a una joven a un portal y la penetraron simultáneamente por turnos, y luego la dejaran tirada sin ropa y sin móvil para pedir ayuda, les condenaran por abusos en lugar de por agresión. Los magistrados de la Audiencia Nacional de Navarra consideraron que no se trató de una agresión sexual porque no apreciaron violencia contra la víctima y ésta no manifestó resistencia. Los acusados declararon que hubo consentimiento.

Ese es un elemento clave que Coral Gimeno quiere dejar claro: “hay que deconstruir los conceptos desde una perspectiva de género: El consentimiento requiere el acuerdo de voluntades y hay que manifestarlo de forma expresa. El consentimiento no es lo mismo que no resistencia”, que puede ser por sock o por pura supervivencia. “Eso es una visión machista de la interpretación de la propia norma que no tiene en consideración la perspectiva de las mujeres”.

El patriarcado y el coorporativismo volvió a relucir cuando el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria consideró las manifestaciones convocadas por la mujeres como “una reacción desproporcionada que demuestra una falta de educación general y cultura democrática que recuerda a la ley de linchamientos del Oeste”, según recogió la prensa. Las calificó como “manifestaciones fuera de tono que no benefician a España” criticándolas por precipitarse cuando ni siquiera se habían leído la sentencia de 300 folios.

El revuelo desatado dejó a la luz más cosas, como la frecuencia de peticiones de absolución en estos delitos, de la que hizo gala en este juicio el juez Ricardo González, que veía en los vídeos grabados durante la violación “un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos”. Anteriormente este mismo tribunal juzgó 8 agresiones sexuales: cuatro acabaron con condena y 4 absoluciones. Estos días también se rescató una sentencia en la Audiencia de Cantabria que descartaba el delito de agresión sexual a una niña de 5 años porque no quedó probado que opusiera resistencia física o protestara durante la violación” hecha por un familiar. Asimismo, el Tribunal Supremo revocó una sentencia de la violación de una niña alegando que una víctima puede disfrutar de la violación.

Formación judicial en violencia de género

Begoña Lalana incide en la necesidad de que los jueces reciban formación en violencia de género, ya que por ahora está limitada a los juzgados y Audiencias que tratan los casos de violencia de género. En el caso del juicio de La Manada declara que está claro que hubo lo que se llama intimidación ambiental. Que los hechos de la sentencia son correctos pero lo que no es correcto es la aplicación del derecho a esos hechos. “No tiene sentido que en otros delitos, como cuando alguien te roba el bolso con una navaja, nadie exige que muestres resistencia y sí se hace en los delitos de agresión sexual”.

Cuenta un caso real. Una mujer es atacada en la puerta de su casa, la conducen al dormitorio y la violan. El agresor dejó la navaja en la mesilla durante la agresión y la mujer no intentó defenderse heroicamente pensando que si se enfrentaba quizá ella podría salvar su vida pero tal vez su bebé no. ¿Se puede decir que no fue agresión porque hubo consentimiento?

La abogada penalista defiende una modificación del Código Penal en delitos contra la libertad sexual que definan y simplifiquen las conductas: “el derecho penal no puede ser abierto sino taxativo, definiendo conductas claras, porque no puede ser que por una misma conducta pueda haber dos infracciones diferentes”. Respecto a las penas, considera que 20 años por agresiones sexuales es suficiente. “Si fueran más altas serían contraproducentes ya que si se equiparan a las de asesinatos el agresor podría matar a la víctima para quitarse de encima al testigo. Las penas tienen que servir para disuadir de cometer un delito”.

Si algo positivo hay que sacar de todo esto, concluye Lalana, es el amplio debate que ha generado entre la gente joven y en los institutos.

La solución pasa por la educación

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas, Tina Alarcón, insiste en que la solución pasa por la educación, en trabajar en escuelas, colegios, en la población preadolescente. Dice que hay que enseñar a los jóvenes a respetar la libertad de las mujeres y que no se trata solo de enseñar a las mujeres a defenderse o a que no vayan solas por ciertos lugares ni a determinadas horas.

Otra de las reivindicaciones de los colectivos que trabajan el tema es acabar con el mito de que las agresiones sexuales las realizan desconocidos que atacan por la calle. Los agresores están mucho más cerca de lo que imaginamos. En 8 de cada 10 casos el agresor es un conocido (47,1%) o un pariente (23,2%), según desvela una macroencuesta encargada por la delegada del Gobierno para la Violencia de Género realizada en 2015. También desveló que más de 1,7 millones de mujeres y niñas han sufrido agresiones a lo largo de su vida en este país.

La violencia sexual es una forma más de violencia de género según la Convención de Estambul, porque afecta a las mujeres por serlo, pero en España sólo se considera tal la que ocurre en el ámbito de la pareja.

La sentencia de La Manada aún se puede revisar en dos instancias superiores: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Tribunal Supremo.

Publicado en el Nº 317 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2018

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