Mediaciones

Tiempo de silencio Hay quienes sostenemos en todo ciudadano, el poder de la palabra compartida sin mediación, socializando, en fin, la posibilidad de informar, y no solo de ser informado.

Francisco Sierra 12/06/2018

De la libertad de impresión a la libertad de expresión pública hay un abismo que, en un país como España, pareciera una cesura o herida abierta sin solución de continuidad. En un ejercicio modélico de autopromoción empresarial, los tertulianos del Capital parecen empeñados en cavar la fosa aséptica de esta reedición decimonónica de “Viva las Caenas” con la que se reedita como farsa el modelo de gobernanza corrupta y despótica imponiendo como única la libertad de expresión, la excluyente, como arma arrojadiza. Y es que cuando se agudizan las contradicciones afloran a la luz la verdadera naturaleza y el talante de los diferentes agentes sociales. Así, la aparente contradicción entre libertad de expresión y el derecho de manifestación y protesta pierde consistencia cuando el análisis profundiza en el conflicto desentrañando el sentido real e histórico, más allá de figuraciones sobre la forma, el lenguaje o galimatías varios.

En una sociedad que explota productivamente la comunicación, traspasando el control social de fuera (la fábrica) a dentro (comunicación) de la propia sociedad (economía de la información) el problema de la ley mordaza en nuestro entorno suele plantearse desde dos perspectivas bien distintas y diríase que antagónicas. La primera, la de los tertulianos a sueldo del Santander y las eléctricas pone el acento en el concepto de universalidad subjetiva del derecho a la información mediada por las empresas periodísticas y los profesionales de la información “en virtud, se dice, de un deber que respalda el derecho a la información de todos y cada uno de los hombres de una comunidad, esto es, como un derecho administrado (por no decir administrativo). Por otra parte, hay quienes sostenemos otra idea distinta que aspira a hacer efectiva, desde lo real y concreto, lo siempre prometido y no realizado, reconociendo en el sujeto universal, todo ciudadano, el poder de la palabra compartida sin mediación, socializando, en fin, la posibilidad de informar, y no solo de ser informado. Las mixtificaciones de la doctrina del Derecho a la Comunicación, más aún hoy en la era de la posverdad y las redes sociales, intentan sin embargo separar al titular de la empresa informativa del objeto intelectual de la producción con argumentos formalistas (“es la ley”, afirman) obviando el derecho a la propiedad y la precariedad de los mediadores (los profesionales) en una pura abstracción que no toma en cuenta la ausencia de pluralidad en los grandes medios, la concentración del poder de informar en unas pocas voces exclusivas y excluyentes cuando, justamente, la primera libertad de prensa (San Marx dixit) consiste en no ser ninguna industria. Así, los guardianes de la libertad empiezan por apelar a legalismos (como la Ley Mordaza) y terminan por invertir el sentido para, al contrario que en el film de García Berlanga, todos vayan a la cárcel por si a alguien se le ocurre criticar o cuestionar el orden reinante, nunca mejor dicho.

Si entendemos la información como mercancía (aunque de facto se omita la palabra) y, por ende, el derecho a la información como una mediación mercantil inevitable, toda intervención en este proceso que cuestione a los editores y propietarios de los medios (capital financiero, básicamente) han de ser condenados por herejía. Como bien sentencia el médico perseguido por la Inquisición del sevillano Alberto Rodríguez, la peste es la ignorancia. En este país de peineta y misa diaria y de criminales de guerra bajo palio, el derecho a la información es un lujo por encima de las posibilidades que vive la gente. De modo que el derecho a la información del sujeto universal (sujeto, diríamos, no suject, esto es, concreto, de carne y hueso) queda subsumido, al igual que el subordinado sujeto profesional, el periodista, por la relación de dominio del capital, del sujeto organizado, inanimado, de la empresa. Así, la libertad de información y sus derechos dependen de la libre concurrencia, del sujeto empresarial que se alimenta del tiempo del silencio de la base dominada, de la inanidad que hace posible la cosificación del periodista y del público, despersonalizados ambos en el proceso de circulación mercantil de las noticias y falsedades de las fantasías y sueños del Capital. Es por esto que la libertad de información es la libertad de los vampiros (en magistral metáfora de Marcuse) que existe y en la práctica se instituye en único portador del derecho a la palabra libre a pesar de o precisamente por existir no siendo. Paradojas de la vida en este país, poblado de fantasmas, espectros y ahora cadenas que hacen posible los juegos de sombras de un tiempo marcado por la voluntad de imponer el silencio de todos, como ayer hicieron en desbandadas como la de Málaga. Tienen sin embargo los días contados. Los millennials, han leído mucha literatura fantástica. Saben que los fantasmas no existen. Es ficción, como el derecho a la comunicación en España.

Publicado en el Nº 317 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2018

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