Los Ayuntamientos sigue sin inventarios de caminos, y los que los tienen siguen sin recuperarlosLa apropiación de los caminos públicos, un expolio oculto La acción ciudadana es fundamental (…) protestas, peticiones, asociarse y salir a abrir caminos para que nuestros caminos sean nuestros.

Manuel Trujillo Carmona. Presidente de la Plataforma A Desalambrar y Coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos. 30/08/2018

En estos días no habrá lector de este periódico que no esté al tanto del expolio del patrimonio público que se viene haciendo en los últimos años: desde la privatización de las grandes empresas del Estado, la explotación del agua por empresas, la apuesta por la enseñanza privada en detrimento de la enseñanza pública, la sanidad privada, y otros tantos ejemplos.

Pero hay otro patrimonio público, de una herencia ancestral, que nos está siendo robado sin que la mayoría se dé cuenta: los caminos públicos.

A finales del siglo XIX había una gran abundancia de montes públicos, muchos por efecto de las desamortizaciones realizadas anteriormente, y muchos otros herencias colectivas de los vecinos de los pueblos que trabajaban en ellos desde muchas generaciones antes. Pero en esos años se desató una fiebre liberalizadora que hizo que se vendieran muchas fincas, o más bien casi se regalaron a los incipientes capitalistas de la época. Este hecho fue especialmente grave en las zonas de encinares, ya que si al principio iban a quedar exentas de la venta, finalmente sí que se vendieron, lo que dejó en particular a zonas como Sierra Morena con muy poco monte público, por lo que los únicos terrenos que quedaron como públicos para el uso de los ciudadanos fueron los caminos públicos y las vías pecuarias.

En los últimos años estamos viviendo un nuevo proceso de privatización de nuestros caminos, los únicos reductos públicos que quedaban, pero esta vez de espaldas a la legalidad: los dueños de las fincas se van apropiando de los caminos públicos y vías pecuarias, y las administraciones no hacen nada para parar ese expolio.

Pero volvamos atrás. ¿De qué caminos públicos estamos hablando? Hasta que se generalizó la construcción de carreteras, la forma de moverse de las personas por el territorio era a pie, a lomo de asnos, mulos o caballos, o a lo sumo en carretas. Caminos que, adaptados a estos usos, unían los pueblos o permitían vertebrar los territorios. Cuando se comenzaron a construir carreteras, algunos de estos caminos se convirtieron en carreteras, pero muchos otros no, quedando como un reducto de infraestructuras históricas de otros tiempos. Estos caminos en algunos casos siguieron usándose por la gente de las inmediaciones, en otros, sustituidos por las carreteras, o víctimas del despoblamiento de grandes zonas rurales, fueron relegados al olvido.

A desalambrar

Paralelamente, en las últimas décadas se vive una fiebre de cercar las fincas, sobre todo de forma paralela al incremento del uso de los terrenos forestales para la caza mayor, y ligado a unos nuevos propietarios ajenos al lugar donde están las fincas. En muchas zonas prácticamente no queda ya una finca sin vallado.

A pesar de repetidos requerimientos, los ayuntamientos, que quedaron como responsables de estos caminos, en su mayoría nunca hicieron un listado de los caminos que había en su término. Y cuando lo tenían, lo dejaron perdido en los archivos. Así que, cuando se produce un vallado de una finca, se hace en su totalidad, quedándose en muchos casos impunemente con los caminos públicos que pasan por ella, sin que los Ayuntamientos ejerzan su obligación de protegerlos. A veces se puede justificar por el desconocimiento, pero en muchos casos se hace desde el mayor desinterés, como ocurre en el caso de Córdoba capital donde se levantó ya hace 17 años el movimiento en defensa de estos caminos, con la Plataforma A Desalambrar.

El proceso sigue, la mayoría de los Ayuntamientos sigue sin inventarios de caminos, y los que los tienen siguen sin recuperar sus caminos y en muchos casos permitiendo que se sigan cerrando. Y ya no es un caso exclusivo del sur de España, la voracidad de los cotos de caza se generaliza por todo el territorio, y también aumentan los cierres de otros tipos de fincas, como las ganaderas, cerrándose cada vez más caminos en el centro y norte de España.

La legislación tampoco ayuda, los ayuntamientos que quieren recuperar sus caminos se ven envueltos a menudo en una maraña legal que hace lento y costoso recuperarlos, al no haber una legislación específica de caminos y aplicarse leyes, que específicamente parecen destinadas a proteger la propiedad privada y las usurpaciones del patrimonio público como la Ley Hipotecaria.

Vías pecuarias

Otro tanto ocurre con las vías pecuarias, los antiguos caminos de ganado que tenían una especial protección desde la Edad Media hasta el siglo XIX pero que con el declive de la trashumancia también pierden muchos de ellos su uso. Estos caminos quedan encomendados a las comunidades autónomas, y se publica en 1995 la Ley de Vías Pecuarias. Más de 20 años después, muchos municipios aún no disponen oficial de vías pecuarias, como en Murcia o Cataluña. En comunidades como Andalucía, tras un plan de recuperación de vías pecuarias que duró 15 años, se ha abandonado su recuperación y la mayoría de las vías pecuarias permanecen ocupadas por las fincas. La inacción, posiblemente deliberada, de la Junta de Andalucía, hace que se acumulen cientos de recursos administrativos a los expedientes de deslinde, con lo que lobbys de propietarios como ASAJA consiguen paralizar las recuperaciones de vías pecuarias y que sigan estando usurpadas por las fincas.

Ahora nuevos usos necesitan estos caminos: el senderismo, el ciclismo, la observación de fauna y flora requieren caminos para realizarlos. Sin embargo, las personas se encuentran con campos sellados en muchas partes del territorio.
Los habitantes de este país debemos reclamar que nos devuelvan lo que se han quedado. Que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas tengan los listados de caminos que son de su competencia, y que se ejerzan las acciones necesarias para que queden abiertos. Y si para ello hay que cambiar la legislación, que se haga. En estos días se estudian leyes de caminos en Mallorca y en Andalucía que pueden mejorar la situación de los caminos, como de hecho está ocurriendo, muy lentamente, con las leyes vigentes en Extremadura. Pero nos tememos que no será suficiente, y que se requiere una acción decidida a todos los niveles de la administración para una cuestión tan sencilla como determinar cuáles son nuestros caminos públicos y que estos estén abiertos al tránsito.

Mientras tanto, ejercer la acción ciudadana en forma de protesta, peticiones a las administraciones, asociarse, incluso salir a abrir caminos, es fundamental. La historia nos dice que lo que el pueblo no pide, nadie se lo da. Asociaciones como las englobadas en la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, cuya web es www.picp.es, presente en siete comunidades autónomas, o Ecologistas en Acción, se mueven para intentar abrir los caminos y son la vía para que nuestros caminos sean nuestros.

Publicado en el Nº 318 de la edición impresa de Mundo Obrero julio-agosto 2018

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