Alternativas laborales: planificación y diversificaciónNavantia, más allá del dilema entre fabricar armas o mantener el empleo El verdadero problema es que la dirección de la empresa ha priorizado determinados intereses políticos y económicos, especializándose en la industria armamentística y la tecnología bélica y anteponiendo las relaciones con Arabia Saudí.

Gema Delgado 23/10/2018

El problema de Navantia no pasa porque los trabajadores de la empresa pública de construcción civil y militar, los caldereros, los pintores, los mecánicos... tengan que elegir entre el dilema envenenado de pan versus paz, o mantener su puesto de trabajo frente a la fabricación de armamento destinado a masacrar a la población yemení. “No se puede hacer recaer sobre ellos la responsabilidad que tienen los gobernantes de un país en las decisiones que toman sobre un sector que es condenado a sobrevivir al límite de la carga de trabajo y con una cartera casi exclusiva basada en la industria armamentística” expresaba un comunicado del Partido Comunista de Andalucía, que se solidarizaba con la lucha de los trabajadores para asegurar su puesto de trabajo y “por mantener la actividad de la factoría contra viento y marea a lo largo de décadas”, a la vez que condenaban la venta de armas al régimen genocida de Arabia Saudí.

Así se expresó también Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, que dijo ser consciente de la dramática situación de desempleo de la zona y recordó que “es responsabilidad del Gobierno español y las demás autoridades económicas y locales crear las condiciones para que haya alternativas laborales”.

Se puede garantizar el puesto de trabajo de la planta de San Fernando, de la Bahía de Cádiz y del resto del territorio español a la vez que respetar el cumplimiento de los Derechos Humanos y bloquear el envío de armas a Yemen, como ya han hecho otros países como Suecia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Noruega y la región belga de Valonia. Y como lo hicieron otros durante la guerra civil española negándose a fabricar y vender armas u otros suministros a Franco e impedir así que las utilizaran contra los luchadores antifascistas, cuenta a Mundo Obrero Enrique Santiago, Secretario General del PCE.

El día 5 de noviembre, cuando Enrique Santiago se reúna con los trabajadores de los astilleros de San Fernando les reiterará el respaldo del Partido Comunista de España en la defensa de los derechos de los trabajadores de Navantia -sobrevivientes de múltiples reconversiones industriales, absorciones y fusiones-, y su exigencia de que se mantenga la carga de trabajo en construcción civil o militar a países no implicados en conflictos armados. Argumentará que la solución del presente y futuro de Navantia no está en la venta de estas cinco corbetas a Arabia Saudí, y les explicará que sí hay alternativas de viabilidad para el sector de la construcción naval, de tecnología puntera, y que éstas pasan por la diversificación de la producción, por un plan estratégico y por un cambio en las prioridades de la empresa, tanto en el tipo de producción como en la cartera de clientes.

Se abrió el melón

En la práctica, todo sigue como si no hubiera pasado nada. Pero sí pasó. En septiembre, la ministra de Defensa abrió un espinoso debate que durante 8 días protagonizó las noticias en todos los medios de comunicación y sacó a la luz un tema del que nunca se ha querido hablar: la falta de coherencia que han mantenido los gobiernos de este país con la venta de armamento español a países como Arabia Saudí que violan constantemente los derechos humanos, incumpliendo además los tratados internacionales.

Para contextualizarlo mejor hay que remontarse al pasado 9 de agosto. Arabia Saudí bombardeó un autobús escolar en un mercado en el Norte de Yemen. Las imágenes de más de 40 cadáveres infantiles y decenas de heridos sirvió para escandalizar a todo el mundo y poner los focos mediáticos en una guerra silenciada contra la población de Yemen, que dura ya más de tres años y que ha ocasionado la crisis humanitaria más grande del mundo: el 75% de la población padece hambruna y necesita asistencia médica, según la ONU.

Poco después, el 3 de septiembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciaba la retirada de un contrato, firmado en 2015 por Rajoy, por el que España vendería 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí que servirían para continuar la masacre en Yemen. Entonces los jeques lanzaron un órdago a lo grande y amenazaron con la suspensión de otro contrato: la construcción de cinco corbetas en los astilleros de Navantia de San Fernando de Cádiz, por un importe de 1.813 millones de euros, que supondrían la creación de 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos, durante cinco años, en la Bahía de Cádiz, una de las zonas del Estado español con más paro. En 24 horas los trabajadores tomaron las calle en defensa de sus puestos de trabajo tras el temor de la cancelación del contrato. A ellos se sumó el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi. La presidenta de la Junta empezó a mover fichas con el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, recondujo la situación con los jeques alegando que “son armas de precisión y no producen daños colaterales”. El 12 de septiembre se envían las armas y Arabia Saudi confirma que el contrato de Navantia sigue en pie.

Cuestión de prioridades y alternativas

Aparentemente, todo volvió a su cauce pero los lodos que dejaron las aguas desbordadas mostraron la subordinación del gobierno, que tuvo que dar marcha atrás, el poder de las relaciones fraternales y económicas de la Jefatura del Estado con sus pares saudíes -las comisiones en venta de petróleo, armamento y otros negocios como la construcción del AVE a la Meca percibidas presuntamente por el rey emérito o sus allegados- y la presión de las grandes empresas vinculadas al negocio armamentístico o que tienen intereses comerciales en la zona.

También sacó a la luz cómo la dirección de Navantia ha ido especializándose en la industria armamentística y la tecnología bélica, como si fuera un monocultivo, y ha priorizado las relaciones con Arabia Saudí. Enrique Santiago explica que Navantia rechazó un contrato con la armada brasileña, que no tiene conflicto bélico con otros países ni está implicada en la violación de los derechos humanos. Y que también rechazó otro contrato con un armador vasco para la construcción de un petrolero. En ambos casos adujo que ya tenían mucha carga de trabajo. “Pero es precisamente ese tipo de contratos rechazados los que demuestran que mantener los puestos de trabajo es compatible con defender los derechos humanos y que es una cuestión de decisión política. El problema es que la dirección de Navantia ha priorizado unos intereses políticos y económicos” dijo el Secretario General del PCE, “La solución viene de la mano de la diversificación, tanto en nuevas líneas de producción como en la cartera de clientes, para lo que es necesario que la diplomacia española sea más proactiva, buscando nuevos mercados y contratos por medio de una intervención decidida de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Navantia es una empresa con un alto desarrollo tecnológico y estratégico y valor añadido que debería aplicarse a la industria civil”.

Publicado en el Nº 320 de la edición impresa de Mundo Obrero octubre 2018

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