Las cadenas rotas

La soberanía del Sáhara occidental y nuestra flota pesquera La Justicia europea excluye las aguas del Sáhara Occidental del acuerdo de pesca con Marruecos.

Vanessa Angustia 25/10/2018

Cuando el Gobierno de España firmó la renovación del acuerdo pesquero con Marruecos en el seno de la Unión Europea, sabía que ponía en riesgo el trabajo de nuestra flota pesquera y así lo determinó también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2018 al respecto de la renovación del Acuerdo de pesca de la Unión Europea y Marruecos es tajante. Dicha sentencia dice literalmente “la zona de pesca marroquí de que habla el protocolo no incluye las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental [...] La inclusión del territorio del Sahara Occidental en el Ámbito de aplicación del Acuerdo de Asociación infringe determinadas normas de derecho internacional general aplicables en las relaciones entre la Unión y el Reino de Marruecos, a saber, el principio de autodeterminación.”

El Gobierno de España sabe, igual que todas nosotras y nosotros, que el territorio del Sahara Occidental es del pueblo soberano saharaui y por tanto, también lo son las aguas adyacentes, lo han sabido siempre. Lo ha sabido España desde el momento en que tras la Marcha Verde y como resultado de los Acuerdos de Madrid, ilegales e inválidos según el derecho internacional, abandona sus responsabilidades como potencia administradora en 1976 y frena la descolonización del Sahara Occidental entregándolo a la fuerza ocupante del Reino de Marruecos. El Gobierno de España ratifica la defensa de la fuerza ocupante y asesina que es Marruecos.

Las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental a las que se refiere la sentencia, suponen el 91% del total de las aguas de explotación pesquera incluidas en el acuerdo y donde la flota comunitaria realiza un 94% de sus capturas. El Gobierno de España ha firmado un acuerdo ilegal que deja vulnerable y desprotegida a la flota española, en su mayoría gallega, andaluza y canaria que allí faena. 90 embarcaciones, 80.000 toneladas de captura, 40.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, los recursos y las vidas de familias en suspenso por la irresponsabilidad del Gobierno de España al negar la soberanía del Sahara Occidental y apoyar y defender la ocupación marroquí.

Las claves para resolver el conflicto y anular la posibilidad de repetir la situación de inestabilidad e inseguridad que denuncia nuestra flota pesquera son sencillas si existe la voluntad política que parece no tener ni el gobierno que fue de Mariano Rajoy ni el actual gobierno socialista.

La ministra García Tejerina, titular del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, actuó, no como Gobierno, sino como sucursal de Fertiberia, desde donde, por cierto, también se expolian los recursos del pueblo saharaui, en este caso los mineros. Y tras la revisión del acuerdo, el nuevo titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, curtido en el cuerpo diplomático en Marruecos entrega más futuro de nuestra flota y resta más soberanía al Sahara Occidental, parece que el gobierno socialista deseaba compensar al Reino de Marruecos por el retraso del acuerdo, debido en realidad a los términos de la ocupación ilegal del Sahara.

El Gobierno debe acatar y actuar de acuerdo al derecho internacional y por tanto instar a la Unión Europea a iniciar de inmediato las negociaciones con los y las legítimas representantes del pueblo saharaui, el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática que en todo momento han apostado por la negociación para poner en marcha con sus representantes un nuevo sistema de licencias. El Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática es el legítimo representante del pueblo saharaui y su territorio desde la proclamación de independencia declarada por el Frente Polisario en 1976. España debe reconocer de inmediato la RASD y apoyar el referéndum solicitado por el pueblo saharaui para reconocimiento de su independencia y soberanía con carácter universal y vinculante.

El Sahara Occidental no es marroquí y Marruecos no tiene ningún derecho sobre él. Los términos del nuevo acuerdo respecto de la “consulta” al pueblo saharaui sobre sus aguas son inaceptables, lo que debe dar o no el pueblo saharaui es consentimiento, tal y como además avala la sentencia del TJUE. Es inaceptable también que el ministro Planas reduzca a “población local” la afectada, con 170.000 saharauis en el exilio, en campos de refugiados y con muros levantados por el ejército marroquí para impedir la vuelta a su tierra.

El Gobierno de España debe poner en marcha de forma inmediata las ayudas necesarias para garantizar el mantenimiento de nuestra flota pesquera, garantizar que pueda faenar, sus desembarcos de capturas, las infraestructuras y garantizar su seguridad, así como resolver la inseguridad jurídica en la que faenará nuestra flota por las vulneraciones del acuerdo a la sentencia del TJUE y cómo repercutirá en su faena y cuotas la mayor presencia de trabajadores de origen marroquí firmada.

Partido Popular y PSOE tenían en sus manos la oportunidad de resolver con éxito el reconocimiento de la soberanía del Sahara Occidental y la protección a largo plazo de la flota pesquera española. Ambos han optado por alargar con su irresponsabilidad ambos conflictos y entrelazarlos aún más. Toda cesión, para proteger a Marruecos, esa Marruecos que encarcela periodistas, activistas, que asesina en campos de refugiados, que tortura, que quiere ser parte de la Europa Fortaleza criminalizando migrantes.

España tiene una deuda histórica con Sahara Occidental, debe saldarla. El Gobierno es responsable de nuestra flota pesquera y sin más demora, debe protegerla.

Publicado en el Nº 319 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2018

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