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Tener un general dentro de la mochila La Fundación Nacional Francisco Franco expresa en un comunicado que sacar al caudillo franquista de donde está no corresponde a una sociedaddemocrática sino más bien a dictaduras como la de Corea del Norte o Venezuela.

Asociación Foro por la Memoria Democrática 29/10/2018

Abierto el procedimiento burocrático para llevar adelante la exhumación del general Franco de la basílica de Cuelgamuros, ya hemos asistido al enésimo espectáculo lamentable protagonizado por la familia del dictador y, como no, por la fundación que lleva su nombre, motor de un agitadísimo y cansino verano en medios de comunicación, redes sociales y apariciones estelares en unos y otras de defensores y amigos del genocida. Y sin voluntad de menospreciarlo porque deja huella y traerá consecuencias, sin duda alguna.

La posición de la familia, como ya era sabido, no se hizo esperar; ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo al que le instan que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto ley aprobado por el Ejecutivo que inicia el proceso. Los siete nietos de Francisco Franco, perece ser que por rotunda unanimidad, opinan que el decreto es en contra de la voluntad de sus descendientes, que quieren que los restos continúen donde están, ya que consideran -ellos, sus abogados o sus asesores- que no es un caso de extraordinaria y urgente necesidad. Evidentemente, se sitúan fuera de la ley porque piensan que están -y merecen estar- por encima de ella. Su arrogancia les lleva a acusar al Ejecutivo de Sánchez de incurrir, o poder incurrir si no se para el procedimiento abierto, en un delito de prevaricación, usurpación de funciones (de lo que hiciera el militar durante y tras la guerra ni saben ni quieren saberlo o ni les importa) y hasta de profanación de sepultura, argumentando que con ello se rompe con una situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas. Efectivamente, es un deber democrático terminar con tal consentimiento y situación, pero no sabemos aún lo que opinará al respecto un juez si al final se llevara a la Audiencia Nacional tan lamentable desacato administrativo de los ministros y ministras socialistas, o la del Defensor del Pueblo, que tampoco se había pronunciado cuando se escribían estas líneas.

Más color -azul oscuro por supuesto- ha puesto estos últimos días de verano el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, a la que por cierto pertenece un bisnieto del dictador e hijo de la actual duquesa de ídem, emparentado con el actual Jefe de Estado porque es un Borbón y quien, si se le agitara un poco, sería capaz de reclamar el trono de España en un patriótico arrebato de pureza de linaje. Chinarro, que así se apellida el sujeto referido, tampoco está de acuerdo con el traslado de los restos del caudillo franquista; así lo dejó expresado en un comunicado público en el que expone que donde está es su sitio (piensa y cree, como si aquel lugar fuese suyo) y sacarlo de ahí, vía decretazo, no corresponde a una sociedad democrática sino más bien a dictaduras como las de Corea del Norte o Venezuela. Como valedor de una importante fuente doctrinal como es la FNFF, este elemento no se cansa en proponer titulares: exige a la autoridad eclesiástica católica que se niegue a la exhumación -…me resultaría una muestra de ingratitud porque deben todo a Franco… llega a decir en el escrito- aunque alaba la postura mantenida hasta ahora por el abad del Monasterio ubicado en el complejo aquel y que no ha sido otra que la de entorpecer cualquier acción al respecto. El cambio de postura del PP con respecto al debate parlamentario del decreto de marras, de voto en contra al de abstenerse, ha contado igualmente con la respuesta encontrada de Chinarro, pues acusa a los populares de revertir la historia: según él, la ley de Memoria Histórica, base jurídica del decreto, ataca a la democracia {sic] y a la monarquía.

Ya que el Gobierno actual ha manifestado su intención de reformar la Ley, apuntamos desde aquí algunos aspectos que pudieran incluirse, como es la de ilegalizar a entidades que hacen o hagan apología del franquismo, el sancionar a los que no cumplan con la ley o abrir mecanismos de investigación de las grandes fortunas amasadas durante la dictadura, comenzando por la de la propia familia del general.

Y terminamos con una pregunta: ¿qué está pasando con la recuperación de los restos depositados en las criptas de la basílica..??


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Publicado en el Nº 319 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2018

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