Los menores son las víctimas más desprotegidas en la violencia de géneroMala pareja, buen padre: la falacia patriarcal Hasta 2015 no se incluyó a las hijas e hijos menores como víctimas de violencia de género. Hasta entonces sólo eran testigos o hijas e hijos de víctimas.

Arantza Gracia. Área Feminismo - PCE Aragón 21/11/2018

Desde hace algunos años se viene denunciando, no sólo por las organizaciones feministas, sino también por personas del mundo sanitario, jurídico y de la intervención social, cómo la violencia de género afecta igualmente a las y los menores que conviven en ese entorno, siendo especialmente dramáticas las cifras de sus asesinatos.

Como sucedía hasta no hace mucho con la violencia machista, las afecciones a menores se mantenían dentro del ámbito de la casa. Se hablaba de “menores hijos e hijas de víctimas de violencia” o “menores testigos de violencia”, cual daños colaterales a vivir en un entorno violento. Por fortuna, en el desarrollo de la Ley del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en 2015, se modificó la Ley de protección contra la violencia de género de 2004 para incluir, específicamente, a los hijos e hijas menores como víctimas estableciendo, además, la necesidad de que la judicatura se pronunciase sobre las medidas de protección a la infancia respecto al padre-agresor.

No es sencillo hablar de forma general de las consecuencias de la violencia de género en el desarrollo de niños y niñas porque son muchas las variables que las condicionan: el tiempo que lleva expuesto/a la violencia, la edad, el tipo de violencia (física, psicológica, económica)… Sí se puede concluir que la vivencia del maltrato hacia su madre puede suponer un punto importante de desequilibrio en el desarrollo integral del/la menor.

La socialización se aprende, principalmente, mediante el ejemplo. La observación cotidiana de conductas y sus consecuencias nos sirven de guías para marcar nuestro comportamiento. ¿Qué modelo de conducta le estará mostrando este padre-agresor? ¿Es un modelo que, como sociedad, podemos permitir que se aprenda y continúe? En el caso de menores víctimas de violencia de género hay evidencias que muestran que se encuentran en riesgo de convertirse bien en nuevas víctimas de otras formas de violencia, bien en agresores/as de ésta u otras formas de violencia.

Por otro lado, los y las menores no son únicamente testigos de la violencia ya que, a causa de la relación violenta que impone el padre-agresor, éste está más preocupado por mantener su estatus dominador que de ofrecer los cuidados necesarios en la crianza. Es decir, que ese padre-agresor, durante el periodo que ha convivido con su hijo/a, le ha preocupado entre poco y nada el bienestar del mismo/a.

Por si fuera poco, entre las diferentes estrategias que un maltratador suele usar para mantener su estatus y seguir haciendo daño a la mujer, está la de intentar minar la relación entre madre e hijos o hijas, en diferentes intensidades: desde usar el falso Síndrome de Alienación Parental, acabando de la forma más dolorosa y dramática posible, el asesinato.

Estando demostrado el estatus de víctima y el daño provocado al/ a la menor, en los balances del Consejo General del Poder Judicial de 2017 podemos comprobar cómo el régimen de visitas parental sólo se suspendió en un 2,8% de las órdenes de protección.

Añadido a esto, la patria potestad sólo fue retirada en un 0,4%, pese a que el Tribunal Supremo avala que la privación de la patria potestad puede ser determinada por un juez de lo penal ante una condena por violencia de género (la patria potestad son todos los derechos y deberes en relación con los hijos/hijas menores, y la custodia es el cuidado cotidiano de menores).

Y más dramático todavía, sólo en un 0,8% de los casos se tomaron medidas concretas destinadas a la protección directa del/de la menor.

Es aquí donde podemos ver los mimbres patriarcales con los que está construida la “justicia” en nuestro país. Cuando se realiza un estudio sobre el interés superior del/de la menor, se está haciendo prevalecer el que mantenga el vínculo con el padre-agresor (como si fuera una buena cosa el mantener un vínculo con una persona violenta y machista que ha obviado durante mucho tiempo su bienestar) y, sólo en algunos casos antepone la seguridad de la mujer y mantener a la víctima (también menores son considerados víctimas) separada de su agresor. Y, si la madre osa luchar contra esta custodia compartida, pensando en el bienestar emocional y físico y en su seguridad, en muchas ocasiones se ve desacreditada como víctima, llegando a alegarse, incluso, que se usa la denuncia de violencia de género como excusa para quitarle la custodia al padre-agresor. ¿Podemos pedirle a una madre maltratada que se divorcie y deje sus hijos/as con su padre-maltratador, sin que pueda estar ella pendiente? Todo el mundo tenemos en mente el caso de Juana Rivas y cómo se la ha cuestionado por no querer que su hijo y su hija vivan con esos riesgos.

Necesitamos construir una sociedad consciente de que no existe un doble rol, de buen padre pero mala pareja, no se puede disociar; unos/as profesionales que sean capaces de detectar y ayudar a menores víctimas de violencia de género, y una judicatura valiente que se atreva a aplicar la ley en sus justos términos.

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SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS

El Pacto de Estado contra la violencia de género vuelve a reincidir sobre la custodia y, como muchas de las medidas que recoge el mismo, no hace sino recordar que se debe cumplir lo que aparece en la Ley de Igualdad, en la Ley de protección contra la violencia de género o en el Convenio de Estambul: la suspensión del régimen de visitas "en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia". Pero, como gran parte de los puntos de este Pacto, seguimos a la espera de su cumplimiento.

Pero es que ya nos lo exigía la ONU hace años. Tenemos la obligación de formar en perspectiva de género a todas las personas que intervienen en los procesos jurídicos de violencia de género, especialmente quienes trabajan con menores. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió un dictamen que condenaba a España por no proteger adecuadamente a la hija de Ángela González Carreño, asesinada en un régimen de visitas sin supervisión, pese a la multitud de denuncias que esta madre había emitido. Este dictamen obligaba a España a indemnizar y reparar adecuadamente a esta madre, pero, no contentos con no haber protegido a la menor, el Gobierno se negó a pagar aduciendo que no se trataba de un dictamen vinculante. Por suerte, el Tribunal Supremo condenó el pasado mes de julio al Estado por no aplicar la resolución y deberá indemnizar a esta madre, aunque nunca le devolverá a su hija.
Y es que, efectivamente, el asesinato de los y las menores es la herramienta más dolorosa que un maltratador puede usar.

Según informes de Feminicidio.net, desde 2013 la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha comenzado a contabilizar a menores asesinados/as cuando el asesino es el padre, padrastro o actual pareja de la madre. En 2018 ocho niñas y dos niños fueron víctimas de la violencia machista, de los cuales sólo tres aparecen en las cifras oficiales. Cinco de estos asesinatos fueron cometidos por sus padres, mientras que los otros tres fueron perpetrados por un abuelo que asesinó a su nieta recién nacida, una menor de 13 años asesinada por su vecino, y una bebé asesinada por la pareja de su madre. Sólo tres de las niñas asesinadas por sus padres son consideradas violencia machista y dos están todavía en investigación.

Resulta preocupante visibilizar estos datos porque demuestran cómo los datos oficiales no son capaces de mostrarnos una imagen real de la violencia de género en menores, como tampoco lo son en los asesinatos a mujeres. Por otro lado, estos datos oficiales tampoco aparecen desagregados por sexo. ¿Un agresor machista, hará extensiva esta violencia machista también con su hija? Mientras no tengamos una foto verídica de las cifras y las realidades, no seremos capaces de cuantificar y analizar en profundidad las consecuencias de la violencia machista.

Publicado en el Nº 321 de la edición impresa de Mundo Obrero noviembre 2018

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