El informe Sombra al GREVIO pone de manifiesto el incumplimiento sistemático del Convenio de Estambul en EspañaMaquillaje turco, condolencias y dramas personales Los representantes del Estado tienen la responsabilidad de llevar las reivindicaciones del 25N a las leyes, los presupuestos, los currículos educativos, los protocolos...

Nora García Nieves 21/11/2018

Después de siete años de la firma del Convenio de Estambul, el Estado español suspende estrepitosamente en la lucha contra la Violencia de Género. Este convenio es el primer mecanismo vinculante en Europa para "proteger, prevenir, perseguir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres".

El pasado 23 de octubre, más de cincuenta organizaciones feministas, de cooperación internacional y de derechos humanos, publicaron el Informe Sombra al GREVIO (siglas en inglés de Grupo de Expertas en la lucha contra la violencia contra la mujer del Consejo de Europa) evaluando el cumplimiento del convenio, un acuerdo de mínimos que debería tener un desarrollo específico a la realidad concreta de cada país.

Se trata de un trabajo colectivo, que representa la lucha de las feministas para que los números reales salgan a la superficie, para visibilizar las diferentes realidades territoriales y la falta de una estrategia global. Un informe que pone de manifiesto cómo la política se termina en los titulares y la realidad empieza en la letra pequeña. La que especifica el día a día que rodea nuestras vidas, donde las mujeres estamos desprotegidas, tuteladas y maltratadas por la legislación, la justicia, los servicios públicos y los medios de comunicación.

No ha tenido que ser una tarea fácil la de estas compañeras, que han desarrollado su trabajo enfrentándose a la falta de información y transparencia, de evaluaciones, estadísticas o de indicativos separados por géneros, procedencia y edad. La imagen resultante es la de una España sin voluntad política donde se naturalizan los asesinatos, la discriminación y el acoso. En las 33 páginas de este documento, se repiten varias ideas fundamentales:

Nuestro país no entiende lo que es la Violencia de Género

No tenemos una definición de violencias global. Solo contemplamos la ejercida por la pareja o ex pareja. Ni la llamada Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género lo incluye, ni el punto 86.3 del Pacto de Estado firmado por las principales fuerzas políticas del país en septiembre de 2017 lo enmienda. Las ya de por sí escandalosas cifras oficiales sólo reflejan una parte de la realidad, como si la violencia de género no fuera ejercida por familiares, amigos o desconocidos. No se trata de un mero detalle, sino de la herencia de los crímenes pasionales entendidos como violencia doméstica, en la esfera privada de la vida, hilando la violencia con la idea de amor. Nosotras sufrimos violencias también en el espacio público, en el trabajo, en las instituciones o en los centros educativos. Según la definición recogida oficialmente, el Estado deja a muchas mujeres desprotegidas, y a las que protege, les ofrece un sistema de protección con financiación escasa y sin cooperación interinstitucional.

No se invierte el dinero para llevar a cabo las políticas aprobadas

Como decían en la manifestación del pasado mayo sobre los Presupuestos Generales del Estado, “Compromiso = Presupuesto”. Se puede concluir que el Estado español está mucho más comprometido con la guerra y la venta de armas (aumentando 819 millones en los últimos PGE) que con la vida de las mujeres.

Educación: Una buena idea

Todo el mundo está de acuerdo que para erradicar la violencia hace falta educación, pero termina siendo el cajón de sastre de la buena voluntad. Nuestro sistema educativo no sólo incumple el artículo 14 del Convenio de Estambul, sino la Ley de Violencia de Género, el Pacto de Estado y la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino que además sufrimos un retroceso en la educación en igualdad y educación afectivo-sexual en un contexto donde la violencia de género en la juventud va en aumento. El Estado además, no ha asignado recursos específicos, cosa que también exige la Fiscal especial en Violencia contra la Mujer en su memoria de 2017.

La formación para la judicatura, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal sanitario e incluso en los servicios sociales es inexiste, insuficiente y no se evalúa adecuadamente, incumpliendo el artículo 15 del Convenio de Estambul. Mientras, 17.479 mujeres declararon sufrir maltrato ante profesionales sanitarios de la Sanidad Pública en el año 2016 y la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva no tiene un presupuesto específico asignado.

Con respecto a los medios de comunicación, las mujeres somos solo el 28% de los sujetos y fuentes de las noticias de prensa escrita, una minoría, excepto en las relacionadas con crimen y violencia, donde nos tratan con un lenguaje moralizante, sin contexto ni estadísticas (más allá del balance de víctimas) que presenten la violencia de género como un problema social y no como tragedia individual. A pesar de la legislación, la publicidad sigue potenciando los estereotipos y relegando a las mujeres a la moda, la cosmética y la higiene, como objetos sexualizados y de consumo.

Desprotección judicial

El informe describe nuestro sistema judicial como un sistema colapsado, sin perspectiva de género, con tasas muy altas de denegación, y urge a que se reformule el papel de la denuncia previa y la implicación de todos los agentes sociales en el proceso judicial. A pesar de contar con normativas estatales y autonómicas se falla en la aplicación e interpretación.

Proteger a las mujeres significa también a las mujeres migrantes

El contexto internacional de crisis migratoria y recorte de los derechos de las personas migrante se ceba especialmente con las mujeres migrantes, aumentando la trata, condiciones indeseables para migrantes embarazadas o incontables casos de violaciones sexuales.

La realidad que se plasma en este documento no puede servir para desmoralizarnos

A pesar del lamentable panorama transmitido en el informe, no podemos desmoralizarnos. Nos tiene que servir para informarnos, concienciarnos y diseñar estrategias para saber qué y cómo debemos combatir las estructuras capitalistas y patriarcales. El feminismo no puede ser una etiqueta. No puede ser sólo una camiseta o el número de mujeres en un gobierno. El feminismo es un arma para despertar conciencias, para reconocernos mujeres, pero también para reconocernos negras, gitanas, trans, jubiladas, migrantes e igualmente hermanas, y luchar juntas con nuestros compañeros para alcanzar un horizonte violeta. Además, es la responsabilidad de los representantes del Estado llevar la dignidad de las mujeres que salimos a las calles el 25 de noviembre a las leyes, los presupuestos, los currículos educativos, los protocolos y la formación en todos los ámbitos. Pero la responsabilidad no se puede quedar sólo en demandas externas. El feminismo debe ser parte del sentido común y de los valores civilizatorios de cada una y cada uno de nosotros.

Si la dignidad de la vida de una persona no vale la pena, nada valdrá la pena.

Publicado en el Nº 321 de la edición impresa de Mundo Obrero noviembre 2018

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