De una trifulca en un bar a un acto de terrorismo: el caso Alsasua La Guardia Civil nos denuncia, nos investiga y nos juzga, se quejan las familias de los inculpados.

Gema Delgado. Redacción Madrid 18/11/2018

El 15 de octubre, durante las fiestas de la localidad navarra de Alsasua, en un bar, a las 5 de la mañana, se produjo uno de los 9.571 altercados que tuvieron lugar en España en el año 2016, según datos del Ministerio de Interior. La particularidad del caso de Alsasua es que estuvieron implicados dos guardias civiles fuera de servicio y sus novias. No fue el único en el que se vieron envueltos guardias civiles. La excepcionalidad es que la Fiscalía lo convirtió en delito de terrorismo y pidió penas de 62,5 años de cárcel para uno, de 50 años para otros seis, y de 12,5 para la octava persona acusada. “Lo que se juzga no es romperle el tobillo a una persona, sino determinar si esas personas siguen una estrategia que la propia ETA ha declarado equivocada con todo el cinismo que se puede esperar de una organización terrorista”, dijo el fiscal que lleva el caso.

Habían pasado ya cinco años desde que ETA comunicara el cese definitivo de su actividad armada, el alto el fuego permanente de carácter general, e hiciera un llamamiento a los gobiernos de España y Francia "para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así, la superación de la confrontación armada". Entonces, siete de los ocho detenidos eran menores de edad. El día de los hechos, los siete menores tenían entre 19 y 22 años y un tercero 30. El saldo del altercado de aquella noche de fiestas acabó con un tobillo roto y una herida en un labio de uno de los guardias civiles y magulladuras y contracturas en el resto, según se desprende del informe.

La familias de los procesados cuentan que los partes de lesiones no tienen nada que ver con el parte forense. Dos peritos médicos de familias, citadas por la defensa de uno de los acusados, aseguraron que las lesiones denunciadas no son compatibles con la agresión múltiple declarada, que no había grandes hematomas ni de ataque ni de intento de defensa y que éstos tendrían que haber sido múltiples en intensidad y deberían estar repartidos por el cuerpo, cosa dicen que no sucedió.

Añaden que la actitud del sargento en el video grabado aquella noche no tiene nada que ver con la paliza que aseguró recibir, ni la camisa blanca impoluta que llevaba con lo ensangrentado que aseguran que resultó. Dijeron que tampoco se aprecia ninguna huella de calzado en la camisa. En el vídeo, colgado en internet, registrado con un móvil tras la trifulca, cuando se personó la policía foral, se puede ver cómo el sargento se mueve con agilidad y ataca a quien lo está grabando, explican.

Igone Goikoetxea y Edurne Goikoetxea, madres respectivamente de Jokin, que lleva ya dos años en la cárcel, y de Ainara, cuentan a Mundo Obrero que “lo que tenía que haber sido un hecho que no es nada agradable para nadie, y que se hubiera saldado como muchos otros, se ha convertido en una pesadilla al estar involucrados dos guardias civiles con sus parejas. Nos lo convirtieron en un acto terrorista”. Y cuestionan cómo se ha llegado a esta situación.

Esta historia se ha producido en una coyuntura en la que ETA ya había parado y estaba anunciando su disolución. “Hay que pararse a pensar a quién le interesa mantener la sombra del terrorismo, a quién le interesa que continúe y quién quiere mantener la tensión. Con esa ecuación -explican las madres- se aprecian algunas cosas: la Audiencia Nacional justifica su existencia; la Guardia Civil mantiene los complementos que perciben por estar en esa zona; y la propia asociación COVOVE cobra protagonismo ya que en la medida en que no haya actividad terrorista van a perder peso; más los intereses económicos de los cuatro denunciantes. A día de hoy nos ha salido a pagar más de 101.000 euros. También hay fuerzas política que han sacado rédito electoral durante el conflicto. Así que aquí entra el poder, la política y el dinero a cambio de ocho chavales de Alsasua”, dicen.

La plataforma que agrupa a las madres y padres de los encausados “no han cesado de denunciar el cúmulo de incongruencias y de irregularidades en el proceso, hablan de “un montaje policial, una mentira consecutiva con ánimo de venganza y de crear dolor”. Hablan de ensañamiento contra sus hijos y de cómo han utilizado todos los medios a su alcance: los medios de comunicación, judiciales...

Las familias de los jóvenes encarcelados niegan la paliza y el linchamiento. Denuncian que a la defensa de los acusados no les admitieron ni testigos ni casi pruebas. Uno de los chicos, al que la Fiscalía pedía 50 años y cuya condena ha quedado en 12, Adur Ramírez de Alda, que estudiaba magisterio musical y ahora cursa derecho desde la cárcel, asegura no haber estado aquella noche en el bar y lo muestran con un vídeo en el se encontraba en el frontón de la localidad y con otra ropa diferente a la que uno de los denunciantes dice que portaba esa noche.

El asunto ha transcendido las fronteras estatales y hasta el vicepresidente de la comisión Europea, Frans Timmermans, por orden de Juncker, envió una nota diciendo que tendría especial atención en este caso por si seguía la desproporción en las sanciones. Amnistía Internacional, que se presentaron como observadores en el juicio, emitieron un comunicado pidiendo que se retiraran las acusaciones de terrorismo.

Falta de imparcialidad

Edurne e Igone explican cómo se fue desarrollando todo: en un primer momento el caso queda en Navarra ya que la primera que lo investiga y se persona en el lugar de los altercados para recoger testimonios es la policía foral. Dos de los denunciantes realizaron sus declaraciones allí. El informe de la policía foral sólo hablaba de posibles delitos de atentado a agente de la autoridad y lesiones pero en ningún caso de terrorismo. En el primer informe de la Guardia Civil también rechaza la existencia de un linchamiento organizado y la calificación de acto de terrorismo.

Esa acusación no aparece hasta que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) se persona y les acusa, en la Audiencia Nacional, de delitos de terrorismo; “Rajoy declara que no quedará impune; la Guardia Civil hizo al día siguiente un inmenso despliegue de efectivos en el pueblo; y el jefe de la Guardia Civil, Fernández de Mesa, vino a decir más o menos que no declararan ante la guardia foral para que el tema lo llevara la Guardia Civil. Así es como la Guardia Civil se convierte a la vez en denunciante y la investigadora”, critican Edurne e Igone.

El 14 de noviembre, un mes después de los sucesos, detienen en sus centros de estudio o de trabajo a los 8 jóvenes por iniciativa de la Guardia Civil, sin orden judicial y los llevan a Madrid. Sólo soltaron a Ainara, al resto los dejaron en Soto del Real y Alcalá Meco en régimen de aislamiento FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento). Un mes después cuatro de ellos pasan en pocas horas de régimen FIES a libertad sin fianza, los otros continuaron en prisión preventiva. “¿Por qué con las mismas acusaciones dejaron a tres?, se preguntaron los familiares.

La Audiencia de Navarra no veía indicios de terrorismo y pidió llevar el caso, pero el Tribunal Supremo dictó que fuera la Audiencia Nacional la que lo juzgara, considerando así que había indicios de terrorismo.

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que les recibió a los chicos cuando los detuvieron y fue la jueza de instrucción, no les admitió ni testigos ni pruebas, dijo que con las declaraciones de los guardias civiles y sus parejas ya tenía un relato suficientemente sólido para seguir adelante, y que la defensa de los acusados ya podría llevar pruebas y testigos en el juicio oral, según explican Edurne e Igone. Once días después de que la jueza Lamela decidiera que la Audiencia Nacional era competente para investigar la pelea de Altsasua como delito de terrorismo, la Guardia Civil la condecoró con la entrega de la Cruz de Plata.

El juicio se celebró en abril de este año. La presidenta del Tribunal que los juzgó, la magistrada Concepción Espejel también fue condecorada con la Orden del Mérito de la Guardia Civil otorgada a quien lleve a cabo acciones o conducta de extraordinario relieve que redunden en el prestigio del cuerpo. A ese reconocimiento se suma el que su marido es un coronel de este cuerpo de seguridad, con lo que los abogados defensores de los jóvenes consideran que hay suficientes evidencias de que la magistrada tiene lazos psicológicos y relación afectiva con la Guardia, lo que pondría gravemente en entredicho su imparcialidad y serenidad de ánimo para juzgar la causa. Amnistía Internacional también considera que "la imparcialidad ha podido verse mermada por el hecho de que la Magistrada Espejel no se haya apartado de este procedimiento penal”.

El juicio acabó con 8 jóvenes sentenciados con penas de 13, 12, 10, 9 y 2 años. Todos están en la cárcel salvo Ainara, la única a la que castigaron con dos años de prisión. Tres de esos ocho jóvenes llevan en prisión desde hace casi dos años y hasta hace poco han estado dispersos por cárceles madrileñas… a 450 km de sus casas.

“Estamos igual de desamparados que cuando empezamos”, declaran Igone y Edurne a este periódico. “El juicio quedó como si no se hubiera celebrado, un copia y pega de la instrucción”. Un testigo de la causa, el dueño del bar, negó durante el juicio haber realizado las declaraciones que constaban en el sumario. “Aquí hay cosas que yo no dije. No podía saber ni si fue premeditado ni si participó gente que sabía pegar porque ni siquiera vi nada”. Aclaró que la declaración no estaba firmada ni se correspondía con la fecha en que el testigo aseguró haberla realizado.

El día del juicio en la Audiencia Nacional, el abogado de varios de los acusados, José Luis Galán apunto a que la acusación se había construido de modo artificial para justificar un estado de alarma en el contexto de un retroceso de libertades y de expresión.

La desproporcionalidad de las sentencias ha ayudado a consolidar la campaña de solidaridad y el apoyo del pueblo y de la sociedad.

Más de un centenar de ayuntamientos (entre ellos Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Vitoria), el Parlamento Vasco, y el de la Comunidad Foral de Navarra, 85 diputados nacionales y senadores y 57 eurodiputados han considerado la sentencia desproporcionada y se han sumado al manifiesto que reclama un juicio justo, 200 juristas y profesores de Universidad, intelectuales, académicos...

“Que no se olviden que en toda esa maraña de intereses de Estado, económicos y políticos, está la vida de ocho jóvenes en juego”, recuerdan los padres.

Ahora están a la espera de los recursos. El primero el de la Sala Segunda de Apelación de la Audiencia Nacional. Después queda el Supremo, al Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. “La gente nos dice que Estrasburgo dirá que es una locura pero para entonces habrán pasado 8 ó 10 años que nuestros hijos hayan perdido en la cárcel...”, lamenta Igone.

Están aplicando el artículo 573.1 de la Ley Antiyihadista que establece que para ser terrorista no hace falta estar en ninguna banda. Es la primera vez que se crea y va a crear jurisdicción para poder seguir empleándolo contra quien quiera protestar y decir algo en contra del mensaje oficial.

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El PCE denunció la agenda ultra del PP en el caso

En julio del 2017, el PCE ya manifestó su rechazo (http://goo.gl/BxRBVn) ante la desproporcionada petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de pedir un total de 375 años de cárcel a los 8 jóvenes, “una decisión que pretende dar alas a la agenda ultra del PP. Una agenda que se basa en poner palos en la ruedas en el proceso de normalización política, final de la violencia y respeto de los derechos humanos en Euskadi y Navarra. Quienes indultan a corruptos y encubren a torturadores franquistas son los mismos que pretenden condenar a más de 50 años de cárcel a un grupo de jóvenes por una supuesta agresión en un bar”.

Aprovecharon para denunciar el papel de la Audiencia Nacional “un tribunal de excepción más bien propio de épocas pasadas. Es la máxima expresión de un aparato judicial al servicio del poder y del régimen del 78”.

Publicado en el Nº 319 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2018

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