Contra el mito de la Transición modélica y pacíficaLa cara cruel y sangrienta de la Transición En el 40º aniversario de la Constitución, familiares de las víctimas de la represión política durante la Transición denuncian en Bruselas que los crímenes siguen impunes.

Gema Delgado 05/12/2018

Se celebran 40 años de la Constitución y el mito de la Transición modélica y pacífica está engrasado y listo para volver a difundirse de forma viral a través de los grandes medios de comunicación. Se volverá a recomponer el relato del consenso, el equidistante, el panegírico del buen hacer de los padres de la Constitución, incluido Manuel Fraga, el mismo que siendo ministro de Gobernación en la masacre de Vitoria del 3 de marzo de 1976 -que dejó cinco trabajadores muertos por la policía y cientos de heridos-, advertía a los trabajadores de todo el Estado: “que este triste ejemplo sirva de gran lección para todo el país los próximos meses”. Se trataba de demostrar quién mandaba en las calles y Fraga lo dejó claro: “la calle es mía”, los muertos de sus familias y la responsabilidad de nadie. Pero eso no saldrá en los informativos.

Se repetirá el relato oficial, el de los reconocimientos, como la condecoración de Rodolfo Martín Villa en el Congreso. Las televisiones tampoco recordarán que en la etapa de Martín Villa como ministro de Gobernación e Interior fueron asesinadas 35 personas por disparos de la Policía Armada, la Guardia Civil y la extrema derecha. Ni que el ex ministro es uno de los 22 imputados en la querella argentina por crímenes del franquismo. La jueza argentina María Servini, que instruye la querella, considera que es “responsable de la represión” y que “los hechos de los que resulta responsable” son sancionables con las “penas de reclusión o prisión perpetua”. Servini dictó una orden de detención internacional para que Martín Villa fuera extraditado a fin de tomarle declaración, pero el Consejo de Ministros rechazó la solicitud de extradición el 13 de marzo de 2015.

Más de 40 años después la impunidad continúa. Y en el silencio quedarán de nuevo las víctimas de la violencia política, “que siempre mueren dos veces: con su asesinato y con su olvido”, escribía Mariano Sánchez en su libro de investigación La Transición Sangrienta. En él documentó 591 muertes por violencia política entre 1975 y 1983. La extrema derecha asesinó a 49, como Arturo Ruiz (Guerrilleros de Cristo Rey) o Yolanda González (Fuerza Nueva). 54 murieron a manos de las fuerzas de seguridad en la política de represión policial, como Manuel José Caparrós, en Málaga, los 5 de Vitoria en una Asamblea de trabajadores, Germán Rodríguez en los San Fermines de 1978. Otros 8 fueron asesinados en cárceles y comisarías, como los tres jóvenes cántabros que acudieron a una comunión en Almería, fueron confundidos con miembros de ETA, y torturados hasta la muerte, el llamado Caso Almería. 51 perdieron la vida en enfrentamientos entre la policía y los grupos armados y 16 murieron por las acciones de los grupos antiterroristas... El periodista sumó 188 muertes de civiles “por la violencia política de origen institucional para mantener el orden establecido”.

Para exigir justicia

La Asociación García Caparros, que lleva años luchando por esclarecer el asesinato de Manuel José Caparrós a manos de la policía el 4 de diciembre de 1977, en Málaga, en una manifestación por el Estatuto de Autonomía, ha convocado a los familiares de otras víctimas de la Transición para denunciar juntos la impunidad imperante y la falta de voluntad por hacer justicia. Y el eurodiputado de IU Javier Couso ha abierto “orgulloso” las puertas del Parlamento Europeo a esa delegación de 70 personas con el objetivo de “que sirva de amplificador para exigir justicia al gobierno español, porque no puede haber democracia si hay impunidad”, dijo Couso. Pidió reparación, reconocimiento y Justicia. Que se sepa la verdad. Y criticó el silencio sobre la Transición.

Cuatro décadas después, familiares y asociaciones de víctimas siguen denunciando la impunidad de aquellos crímenes. Nadie tuvo que justificar ni pagar por aquellas muertes. Contaron que no hubo justicia, ni juicio. La periodista Olivia Carballar presentó su libro Yo también soy víctima recogiendo ocho de los sucesos que han quedado impunes y que también forman parte de la historia de la Transición, que “fue la historia de fracaso y de infamia para algunas familias”. Puso el dedo en la llaga: “El problema no es lo que se hizo en la Transición sino lo que en democracia se sigue sin hacer”.

Joaquín Recio, vocal de la Asociación García Caparrós y coordinador de este encuentro, subrayó la importancia de este acto en el Europarlamento para permitir que las familias y las asociaciones se conozcan y empiecen a trabajar juntas “porque no se entiende la memoria sin el asociacionismo y porque luchan por la misma causa: la verdad y el fin de la impunidad. “Hay que poner cara, voz y apellidos a la gente que murió asesinada. Iremos luchando y subiendo cada vez más escalones hasta que consigamos que se sepa la verdad”.

“El asesino que mató al joven Manuel José Caparrós el 4 de diciembre de 1987 está tranquilamente en su casa y esto no puede seguir así. Tiene que haber justicia”. Francisca Caparrós, hermana de Manuel José, confía en que un día se sabrá la verdad porque “a ellos les quitaron la voz, pero a las familias no. Y seguiremos luchando por la memoria y la verdad”. El abogado de la familia relató todas las irregularidades del caso, comenzando, como en todos estos asesinatos, por la ocultación y destrucción de pruebas. Hoy, después de cuatro décadas, y pese a la prescripción judicial, todavía siguen negando a la familia las actas de la Comisión de Investigación que hubo en el Parlamento. Siguen trabajando para esclarecer lo que pasó, porque como dijo Joaquín Recio, Caparros ha conseguido el reconocimiento de la ciudadanía y de las instituciones, pero no el judicial.

Crímenes de Estado

Ocho días después del asesinato de Caparrós, en la Universidad de La Laguna moría el estudiante de biología Javier Fernández Quesada alcanzado mortalmente por uno de los 200 disparos realizados por la Guardia Civil durante una manifestación de obreros y estudiantes el 12 de diciembre de 1977. Desde Intersindical Canarias, Luz del Carmen Rodríguez fue a reivindicar a Bruselas verdad y dignidad para Fernández Quesada “y dignidad significa que se llamen a las cosas por su nombre y que el Estado reconozca que fueron crímenes de Estado”.

Los hermanos de Arturo Ruiz, estudiante asesinado en Madrid el 23 de enero de 1977 por un disparo de los Guerrilleros de Cristo Rey mientras participaba en una manifestación pro Amnistía, también siguen buscando justicia y, como no la encuentran en España, han puesto una querella en Argentina. Seguirán luchando, dice su hermano Manuel Ruiz, porque “la memoria consiste en no olvidar las cosas”.

Al día siguiente en otra manifestación por la muerte de Arturo, falleció Mari Luz Nájera a consecuencia de un bote de humo lanzado a corta distancia por los antidisturbios. Esa misma tarde la extrema derecha protagoniza la matanza de Atocha, asesinando a cinco abogados laboralistas y mal hiriendo a otros cuatro en su despacho. Se le llamó la Semana Trágica. La lista continúa. Volviendo a las palabras de Mariano Sánchez, “El silencio de la transición oficial supone en la práctica la continuación de la política del olvido aplicada a las víctimas de la represión franquista”.

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SAN FERMINES 78

8 de julio de 1978. Navarra era una olla a presión a nivel de huelgas y reivindicaciones, de identidad nacional pero sobre todo por la liberación de los presos y por demandas laborales. Las calles están ocupadas por las fuerzas obreras y elmovimiento ciudadano. En el Ayuntamiento ,un encierro en demanda de la liberación de los presos. “Se veía venir lo que iba a pasar. El tipo de cargas que hacía la policía era brutal. También las detenciones y las torturas. Entraban, golpeaban y detenían hasta en los bares. Lo que ocurrió aquella tarde fue una acción premeditada. No es que se le fuera la mano a la policía, fue un castigo”, cuenta Antonio Salín, de la asociación San Fermines 78 gogoan!

En la plaza de toros, tras la corrida, unos jóvenes sacan una pancarta pro Amnistía: “San Fermín sin presos”. Luego salen los menores de las peñas y detrás de ellos entra la policía que empieza a cargar y disparar pelotas de goma, botes de humo y munición real de forma indiscriminada. La policía recibía instrucciones por radio: “Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar”. Había 20.000 personas en la plaza. En seis horas y en la zona del centro de Pamplona se hicieron 7.000 disparos de material antidisturbios y 130 disparos de bala. German Rodríguez muere de un disparo en la frente. Cientos de heridos más, al menos once por heridas de balas. Otros dos jóvenes murieron días después en manifestaciones de solidaridad.

El caso se archivó. Ningún policía se sentó en el banquillo ni fue juzgado. Siguen pidiendo justicia y que se desclasifiquen los documentos.

Cuando preguntaron a Martín Villa, respondió: “Al fin y al cabo lo nuestro serán errores, pero lo otro son crímenes”.

LA MASACRE DE VITORIA

El 3 de marzo de 1976, Gasteiz llevaba dos meses de huelgas. Empezaron en Forjas Alavesas el 9 de enero y se fueron sumando más empresas. Más de 6.000 trabajadores en huelga permanente. Manifestaciones diarias con días de huelga general en los que se unía toda la ciudadanía: amas de casa, estudiantes, el comercio, trabajadores del campo. Pedían mejoras salariales y laborales: subida lineal de 6.000 pesetas, 40 horas semanales, 28 días de vacaciones.... También recuperación de derechos y libertades, incluida la libertad sindical y readmisión de los compañeros despedidos.

Aquel 3 de marzo se celebraba el tercer día de huelga general. Un éxito. Desde primeras horas de la mañana la ciudad estaba paralizada. A las 5 de la tarde más 4.000 trabajadores se reúnen en Asamblea General en la Iglesia de San Francisco para valorar la jornada. Otros tantos se quedan fuera. No caben. Decían que lo de Vitoria era un sóviet y que no se podía consentir. La policía esperó a que la Iglesia se llenara, la rodeó, mandó desalojar y cargó con todas sus fuerzas. Agotó botes de humo y municiones. Un tiroteo indiscriminado contra los trabajadores. La policía lo relataba en su emisora: “Ha sido una masacre, pero de verdad, una masacre” (…) “Buen servicio”. Habían dado un castigo ejemplar. Resultado: cinco muertos y cientos de heridos en Vitoria. Otros dos muertos en manifestaciones de solidaridad, un joven de 19 años en Tarragona y otro de 18 en Basauri.

No se encontró a los responsables. El caso fue sobreseído.

Han abierto una querella en Argentina.

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