Al contrario de lo que ocurre en Alemania, Francia o Italia, España carece de capacidad de intervención sobre las grandes compañías eléctricasEl sector eléctrico en España, paradigma del control capitalista de un sector estratégico En estos tiempos de patriotismo de bandera y del 155, el PSOE y el PP han permitido que los gobiernos de Italia, Qatar o Kuwait tengan más influencia en este sector estratégico que el Gobierno de España.

David Pineda 05/07/2019

“No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional.”
(Exposición de motivos de la Ley 54/1997)

La exposición de motivos de la Ley 54/1997 mostraba hace más de 20 años la voluntad de que el Estado se inhibiera de la intervención en un sector estratégico como el eléctrico. Con los años, el Estado ha perdido su capacidad de intervención en el sector y en contra de lo que se establecía en la citada ley, no ha sido capaz de garantizar el suministro eléctrico a una parte de la población.

Bajo el término “liberalización”, la propaganda capitalista ha tratado en las últimas décadas de convencernos de que la privatización, y la ausencia de protección en sectores históricamente asociados al Estado permitiría un sistema de competencia que abarataría los costes de producción eléctrica y por lo tanto los precios de la electricidad. La realidad, tras años de ola neoliberal, ha sido muy distinta y los precios de la electricidad han aumentado escandalosamente en beneficio de unos oligopolios eléctricos que se reparten grandes beneficios año tras año; y que en tiempos de crisis, desempleo y reducción de salarios han duplicado sus beneficios.

Esta dinámica neoliberal del sector no ha tenido la misma intensidad en todos los países de la Unión Europea, y aunque en todos los países el Estado ha ido disminuyendo su peso en los oligopolios eléctricos, en España se ha terminado permitiendo la creación de un sistema eléctrico controlado absolutamente por el capital privado. Además de las políticas neoliberales, en el caso español hay que tener en cuenta el desarrollo histórico del sector, marcado desde su creación por la supremacía del capital privado y extranjero.

Así, Sevillana de Electricidad inició sus actividades en el siglo XIX bajo control de capital alemán (AEG y Deutsche Bank), la Sociedad Española de Electricidad contó con el capital de la Brush Electric Company en su expansión o la Compañía Barcelonesa de Electricidad fue financiada por la compañía alemana AEG. Al contrario que en los países de nuestro entorno, no ha existido en nuestra historia ninguna etapa en la que el sector haya sido controlado por el Estado. La connivencia de los gobernantes españoles con los intereses privados ha sido histórica, durante la dictadura franquista la dinámica fue la misma y el estado fascista sólo intervino ante la insuficiencia de suministro dejando en manos de las empresas privadas la solución de dicho problema. Tampoco faltaron en esta época las intervenciones del Estado en favor de los intereses privados, como fue el caso de la compra de Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd por parte de Juan March, pieza clave en la financiación del golpe fascista contra la II República, que permitió unos años después la creación de la compañía FECSA.

En 140 años de historia del sector eléctrico en España la única empresa pública relevante ha sido ENDESA, que a finales de los años 80 poseía tan solo el 15% de la capacidad de producción instalada en el país. Dicha capacidad se amplió con la adquisición de Sevillana de Electricidad, FECSA, HECSA, ENHER y Electra de Viesgo, pero dicha expansión de la empresa estatal formaba parte del plan de creación de un oligopolio privado en el que tanto PSOE como PP colaboraron activamente. De manera que, tras los procesos de absorción, el Estado vendió su participación en Endesa y entregó a ENEL la mayor de las empresas del oligopolio eléctrico español.

Participación estatal en Europa

Resulta contradictorio que, bajo el discurso de la necesidad de un sector con mayor competencia, los gobiernos del PSOE y del PP favorecieran la concentración de capital en el sector. Pero lo más paradójico del proceso es que bajo el axioma neoliberal de que la gestión pública es ineficiente respecto a la privada, la única empresa eléctrica estatal en España haya terminado en manos de ENEL, empresa que tiene el control del sector de la electricidad en Italia y en la que el Estado italiano mantiene el 25% de la propiedad.

El caso de otros países europeos como Alemania y Francia también dista mucho del caso español.

En Francia EDF, que posee el 90% de la capacidad productiva del país, tiene una participación del Estado del 84,8 % y la segunda compañía eléctrica del país, Engie (antigua GDF), también tiene participación del Estado en un 24%.

En Alemania el entramado de control estatal es más complejo, pero las cuatro principales compañías eléctricas tampoco están exclusivamente en manos del capital privado y la participación de capital público es determinante. Así, EON está participado en un 76% por capital estatal de Alemania (36%) y de otros estados como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido; RWE es propiedad de los municipios en un 15% y tiene un 56% de inversores institucionales; ENBW pertenece en un 45% al estado de Bade-Wüttemberg y completa el grupo de las grandes compañías que operan en Alemania la compañía Vattenfal que pertenece al estado sueco.

Transición energética

Nos enfrentamos a grandes retos en el futuro, en la perspectiva de una etapa en la que los combustibles fósiles comienzan a agotarse y a encarecerse, es necesaria una transición energética hacia tecnologías de producción eléctrica basadas en fuentes renovables. Dicha transición es necesaria en términos económicos, medioambientales y en términos de soberanía nacional debido a nuestra extrema dependencia de los mercados internacionales de combustibles fósiles. El oligopolio privado y capitalista ya ha demostrado su ineficiencia en la gestión del sector y su falta de voluntad en dar pasos hacia una revolución en las tecnologías de producción eléctrica.

En lo político, es necesaria la recuperación de la concepción de servicio público en el sector: es necesario luchar por un Estado que garantice una vida digna a los trabajadores y trabajadoras, y ello pasa por impedir los cortes de suministro en familias que no pueden hacer frente a las costosas facturas del oligopolio y no permitir que el coste de éstas se haya duplicado en un periodo de desempleo y reducción del poder adquisitivo de los trabajadores.

La nacionalización del sector es necesaria en términos de soberanía nacional y popular, otro asunto es el debate respecto al modelo de sector público óptimo para afrontar el futuro de la producción y el consumo de energía en nuestro país.

MARCA ESPAÑA

En el contexto europeo, la anomalía reside en nuestro sector eléctrico ya que el estado Español no participa de ninguna de las principales compañías que operan en el país ni tiene capacidad de control alguno sobre este sector estratégico, manteniéndose así la situación de control por parte del capital privado y destacando la participación de capital extranjero.

Visto el caso de Endesa, que pertenece a ENEL en un 70%, conviene repasar quién está detrás de las empresas del oligopolio eléctrico en España.

Así, Iberdrola está controlado principalmente por el gobierno de Qatar a través de Qatar Investment Authority, por Norges Bank (Noruega), Kutxabank y Black Rock (Estados Unidos). Viesgo es propiedad de dos fondos de inversión, Macquarie (Australia) y Wren House Infraestructure (Kuwait). Naturgy (Gas Natural) está controlado por Criteria Caixa, CVC Capital Partners (fondo de inversión de Reino Unido), GIP III Canary 1 S.À R.L (fondo de inversión de Estados Unidos) y Sonatrach (Argelia).

En definitiva, al contrario de lo que ocurre en Alemania, Francia o Italia, España carece de capacidad de intervención sobre las grandes compañías eléctricas.

Paradójicamente, en estos tiempos de patriotismo de bandera y de 155, los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han permitido que los gobiernos de Italia, Qatar o Kuwait tengan más influencia en este sector estratégico que el Gobierno de España.

Publicado en el Nº 327 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2019

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