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Vuelta a la censura académica Queda abierto el debate entre el derecho al olvido, el derecho al conocimiento y la verdad, los límites en la investigación y el derecho a la libertad de expresión.

Asociación Foro por la Memoria Democrática 18/07/2019

Dichosa edad, y siglo dichoso aquel donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro… hacía decir a don Alonso el padre de nuestra novela en su obra más celebrada. Aún en la apariencia -y pasados cuatro largos siglos de su escritura, de celebrar cuantas sentencias, ingenios y refranes perfilan el personaje del hidalgo manchego, mil veces leído, interpretado, analizado, celebrado, investigado-, parece ser que su legítimo deseo de sana memoria queda pendiente para los que son y fueron el futuro que reclama en esta cita.

Esta vez no ha sido un tribunal, una institución u organismo político, sino lo que se viene considerando pilar en la enseñanza, la investigación y la divulgación académica: la universidad. Sí, nos referiremos esta vez a la decisión, hasta ahora creemos que inédita, cautelar de la Universidad de Alicante en retirar el nombre de Antonio Luis Baena Tocón de los diferentes artículos que el historiador Juan Antonio Ríos Carratalá tenía publicados en la web de la citada Universidad y de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, vinculada a la misma, en relación con el proceso judicial franquista que llevó al poeta Miguel Hernández a la cárcel, donde fallecería enfermo en 1942. Baena Tocón fue el alférez que ejerció de secretario en el Consejo de Guerra (1940) que condenó al poeta a muerte, conmutada después a treinta años.

La justificación de esta acción, por lo que se censuran los diferentes trabajos, no es otra que la de la protección de los datos personales de Baena Tocón aplicando la actual Ley de Protección de Datos y del reglamento europeo que se aplica en relación a esa legítima protección. El problema está en que, aún siendo cautelar la censura, esta posición hace cómplice a la academia universitaria, ya que rechaza el derecho a la memoria -antifranquista y republicana, en este caso-, con el revisionismo y negacionismo histórico, olvidando que existen también en España normativa legal, nacional y valenciana, que la ampara y protege. Es decir, que se posiciona de parte.

La Universidad de Alicante, con su decisión, establece un peligroso precedente: la investigación histórica, como disciplina científica, está siendo manipulada de manera interesada, parcial, desde un ámbito ajenos a lo científico y cultural.

No es difícil de entender, al menos para nosotros, que asistimos a la flagrante vulneración a la libertad de investigación -al derecho que nos asiste a conocer la verdad- y al de expresión, además de un indeseable acto de ataque a la investigación histórica realizada desde una institución al servicio, se supone, de la trasmisión del conocimiento científico. Queda abierto, pues, el debate entre el derecho al olvido, el derecho al conocimiento y la verdad, los límites en la investigación y el derecho a la libertad de expresión. Un duro golpe para el desarrollo normalizado de la memoria democrática en España ahora que las derechas políticas se hacen más de derechas y más nostálgicas del régimen.

Y un revés también para el acceso a los fondos en archivos, ya de por sí limitados, y a la desclasificación de documentación de la guerra y de los primeros años del franquismo, considerados aún como de Secretos de Estado. La Memoria democrática, al menos para nosotros, es de interés público y por ello el acceso a la información es básico y esencial.


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