La crisis en España es más grave que en el resto de los países desarrollados, especialmente en destrucción de empleo y de tejido productivo. La razón es que aquí la crisis internacional incide sobre un modelo productivo profundamente viciado. Todo el mundo coincide en que ese modelo de desarrollo se ha basado en el ladrillo (espoleado por la especulación) y en servicios de muy poco valor añadido y escasa productividad. Habrá que añadir -esto se comenta menos- que la especulación requirió la complicidad y la ayuda de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE, tanto en el ámbito central como en los autonómicos, y de la banca. Pero esta descripción, que no deja de ser cierta, esconde otros rasgos fundamentales.

Así, el modelo productivo español se ha caracterizado esencialmente porque estar basado en bajos salarios y escasa protección social. En los últimos diez años, la participación de los salarios en la renta nacional bajó 2,70 puntos (con un aumento muy importante de la población asalariada) mientras que los beneficios brutos empresariales aumentaron en 3,5 puntos. Los gastos sociales eran en España en 2006 inferiores en 6 puntos del PIB a la media de la UE de 27 países.

Es también un modelo basado en el endeudamiento de las familias y las empresas. En media, las familias españolas debían el 137% de sus ingresos en el año 2007. Esto ha generado importantes beneficios para los bancos, que aún hoy, en plena crisis, siguen ganando mucho dinero (4.052 millones de euros en el primer trimestre de 2009). Es un modelo productivo fuertemente importador (España tiene el déficit comercial por habitante más alto de los países de la OCDE, más que Estados Unidos), altamente contaminante (somos el país de la UE que peor cumple los compromisos de Kioto y gasta 130 millones de euros anuales en comprar derechos de emisiones contaminantes a terceros países), y tiene una elevada dependencia tecnológica.

Finalmente es un modelo asentado en el fundamentalismo neoliberal: su única transformación de fondo desde 1975 hasta hoy ha sido la privatización prácticamente de todas las empresas públicas y una entrega de la propiedad y/o de la gestión de servicios públicos fundamentales a empresas privadas. Los Gobiernos de PSOE y PP han sido alumnos aventajados de la Escuela de Chicago y de las recetas del FMI y del Banco Mundial.

Este modelo es el responsable de que la destrucción de empleo en España sea el doble de la media de la UE. Sin perder de vista tampoco que, en el primer trimestre de 2009, se han dado de baja en la Seguridad Social 170.000 autónomos y han desaparecido 65.000 pequeñas empresas.

El cambio radical de este modelo ha de ser un objetivo estratégico de la izquierda y sobre ese cambio podemos articular políticas de alianzas sólidas.

La derecha social y política de este país, con su miopía y avaricia tradicionales se opone a cualquier cambio. Esperanza Aguirre ha declarado recientemente que ella no conoce más que dos modelos: el soviético y el occidental. Por su parte, la socialdemocracia se conforma con un cambio cosmético, un lavado de cara.

Nosotros debemos plantear un cambio cualitativo de modelo que subordine el beneficio privado al interés general y ponga en primer plano el valor social de la producción y del trabajo. Se trata de un modelo productivo que sea sostenible, tanto desde el punto de vista humano -generando empleo estable, digno y de calidad- como medioambiental y que cuestione, incluso, los conceptos de crecimiento y desarrollo.

Este nuevo modelo productivo se fundamenta en un cambio de modelo fiscal (con una reforma fiscal progresiva) y un fuerte sector público que lidere los cambios necesarios en la época del post petróleo y que garantice mediante una banca pública el papel de intermediación financiera al servicio de los intereses colectivos. Debe apoyar la economía social, la soberanía alimentaria y las empresas agrícolas familiares.
Para aplicarlo es imprescindible la planificación democrática de la economía y un control de los trabajadores sobre las decisiones estratégicas de las empresas.

Proponemos una Gran Transición Económica y Social para la que es necesaria la mayoría social y política que la pueda realizar. Hoy ese objetivo parece lejano, pero el inicio del camino está delante de nosotros. La Confederación Europea de Sindicatos (de la que forman parte CC.OO. y UGT) en su reciente Declaración de París (mayo de 2009) dice que el sector público debe rescatar a la democracia de su sometimiento al mercado. Es un paso importante en la buena dirección.

*Secretario de Economía y Trabajo de IU Federal