La huelga general del 29-S ha sido un gran éxito. La masiva movilización de miles de hombres y mujeres a lo largo de la geografía española ha tenido un efecto comparable al de una ruptura de la barrera del sonido en cuando ha logrado despertar el interés de la opinión pública por saber de verdad hacia dónde nos lleva la política del Gobierno. Como consecuencia del empeño que los sindicatos hemos puesto en explicar los motivos de la huelga, ahora los trabajadores saben muy bien las negativas consecuencias que tendrá la reforma laboral para sus condiciones de trabajo y sus derechos.
¿Y ahora qué? es la pregunta que todo el mundo se hace. Por de pronto, es incuestionable que el Gobierno va a tener cada vez más difícil conseguir la aprobación de sus propuestas si no cambia el rumbo porque el rechazo de la población es creciente. No hace falta remitirse a las encuestas para comprobar algo que se palpa fácilmente. Si, como se dice, el Gobierno está entre la espada y la pared es porque él mismo se ha colocado en esa incómoda postura. Y a él le corresponde reaccionar para salir de ella.
¿Negociación?, ¿vuelta al diálogo social?. Es algo con lo que no sólo estamos de acuerdo, sino que lo hemos reclamado. Pero es fundamental saber previamente para qué. Hay dos grandes cuestiones sobre la mesa: la reforma laboral – cuyo fracaso se pone en evidencia, mes tras mes, en las estadísticas laborales, e incluso se anuncia que la situación va a empeorar – y el recorte de las pensiones, mediante el aumento de la edad de jubilación y la modificación de la base de cálculo. Son dos medidas muy negativas que rechazamos de plano. Como también la amenaza de suprimir el subsidio a quienes se les agota la prestación por desempleo.
El Gobierno debe reconsiderar esta política porque no es cierto, como ha dicho un analista tan ignorante como osado, «que el mundo está pendiente de la reforma laboral» en España. El mundo está pendiente de muchas cosas pero la obsesión por aumentar la precariedad y abaratar el despido la han alimentado la patronal, el sector financiero y quienes amplifican sus demandas en los medios de comunicación. El Gobierno debería atender menos al Fondo Monetario Internacional y al Banco de España y mucho más al clamor de la calle, que le pide retomar la búsqueda de medidas para el progreso social, el empleo y el mayor bienestar de los trabajadores.
