Las razones de una huelga

El gobierno del Partido Popular ha adoptado el amplio conjunto de medidas contra los trabajadores que motiva la Huelga General del 29 de marzo sin fundamentación suficiente y sin debate democrático. Se ha negado a negociar con los sindicatos y ha actuado al dictado de los poderes económicos produciendo una reforma laboral al servicio de la patronal. La crisis, el enorme número de parados como trasfondo y la voluntad de demostrar contundencia y resolución para gobernar aparecen como únicas y genéricas razones de medidas que afectan gravemente al derecho individual y colectivo del trabajo. El uso abusivo e inconstitucional del Decreto-Ley convierte en un mero trámite la aprobación por la mayoría parlamentaria que respalda al Gobierno de los profundos cambios legislativos que gran parte de la población sólo conoce superficialmente.

Es una acción deliberada para eludir las obligadas explicaciones. La crisis y el paro no son consecuencias de la legislación laboral sino de un modelo productivo que favorece la especulación y la voracidad del sector financiero. Pero las administraciones controladas mayoritariamente por la derecha – que carece de toda estrategia de crecimiento – cercenan los ya exiguos fondos destinados a la investigación y recortan inversiones fundamentales para crear empleos. Ninguna medida tienen contra la especulación y las que adoptan sobre el sector financiero conducirán a que esté más concentrado y sea más poderoso que antes de la crisis.

Los sindicatos convocantes de la huelga están desplegando un gran esfuerzo para romper el muro de confusión y oscurantismo que han erigido el gobierno y sus aliados exponiendo el contenido real de las reformas y sus profundas consecuencias para los hombres y mujeres del mundo del trabajo. El RDL 3/2012, de 10 de febrero, introduce el despido libre y gratuito, penaliza la contratación de los parados más vulnerables y aumenta extraordinariamente el poder unilateral del empresario. Es una norma para facilitar los despidos. La eliminación de la autorización administrativa priva a los trabajadores de una garantía fundamental y la ampliación de las causas de despido limita el control de los jueces sobre las decisiones empresariales. La rebaja de las indemnizaciones, la mayor facilidad de despedir por absentismo y la insólita extensión de los despidos colectivos y objetivos al sector público aumentan la inseguridad, presagiando un gran aumento de los despidos que, al mismo tiempo, resultarán mucho más baratos.

El ataque a la negociación colectiva quebranta principios básicos de la Constitución y socava un pilar fundamental de nuestro sistema de relaciones laborales. Los supuestos de inaplicación del convenio, la limitación de la ultra-actividad y la preferencia aplicativa del convenio de empresa corresponden a modelos de negociación colectiva ajenos a la cultura social europea. Y supondrán graves consecuencias, sobre todo para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el RDL 20/2011, de 30 de diciembre, contiene medidas de profundo recorte presupuestario…que son la antesala de otras que ya se anuncian en la Ley de Presupuestos Generales para 2012. Reducir las inversiones y el gasto en momentos en que la economía está paralizada es un atentado contra el sentido común. Los recortes hacen la recesión más profunda y dan certidumbre al pronóstico del Sr. Rajoy de que este año habrá 600 mil parados más.

La huelga que han convocado los sindicatos y las movilizaciones sociales son una respuesta imprescindible ante la agresión de un gobierno que renuncia al diálogo social. Sobran las razones para una huelga general que, como señala, la convocatoria, socava los cimientos del ordenamiento laboral hasta hacerlo irreconocible, contribuirá a la destrucción de más empleo en nuestro país y tiene consecuencias extraordinariamente negativas sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y sobre las instituciones colectivas de trabajo.