Si la estabilidad es una condición deseable en el sector financiero para dar confianza, la verdad es que a Mariano Rajoy le está costando. Menos de un año y ha reformado el sistema financiero español nada menos que tres veces. Y lo que le queda ya que el famoso “banco malo” está todavía por definir. Sin embargo el real-decreto aprobado el 31 de agosto contiene elementos suficientes para ver por dónde va la famosa reforma. Una modalidad más sofisticada de cargar sobre los más débiles y sobre las arcas públicas los desaguisados la banca. El decreto contiene algunas perlas que no me resisto a comentar y valorar. Empieza con una exposición de motivos que viene a justificar la necesidad de aportar fondos públicos para salvar a los bancos ya que, en último extremo, hay que salvar a los depositantes. Acto seguido desvincula totalmente al Fondo de Garantía de Depósitos –que es precisamente el instrumento específicamente diseñado para proteger a los depositantes– de todo lo que pone en marcha.

Para proteger a las personas que han sido estafadas con las preferentes y subordinadas les garantiza que recuperarán el valor de mercado de sus inversiones más un diez por ciento. ¿Cuánto es esto? Pues el Santander acaba de hacer una recompra de preferentes con un descuento del ochenta y tres por ciento. Aplicando esta lógica, al jubilado al que su director de oficina convenció para que pusiera mil euros en preferentes de su Caja de toda la vida, el gobierno le garantiza que recuperará ciento ochenta y siete euros. En cuanto al “banco malo”, el real-decreto limita la participación estatal a un máximo del cincuenta por ciento. ¿Quiénes serán el resto de accionistas? Pues los bancos. El banco malo se quedará con los pisos vacíos sobrevalorados que ahora tienen los bancos, muchos de ellos después de haber desahuciado a sus ocupantes y otros provenientes de los promotores quebrados, a un precio “razonable”. O sea, que un banco le va a vender a una sociedad en la que participa un piso y va a aceptar que esa sociedad le valore el piso en la mitad. Un banco español. ¡Vamos anda! El máximo del cincuenta por ciento de participación que prevé el decreto-ley es justo lo que nos va a costar la broma. Se agradece al gobierno que tenga la deferencia de limitar a un cincuenta por ciento lo que vamos a poner. Y de paso se impide que los precios de las otras viviendas bajen.

Dice Guindos que no, que no nos va a costar dinero. Pone el ejemplo de Suecia donde hicieron lo mismo en los noventa y al final el Estado ganó dinero. Pero puestos a ponernos vikingos, mejor Noruega. En las mismas circunstancias ni “banco malo” ni nada; dejaron que los bancos asumieran toda la pérdida y cuando no valían ya nada el Estado se quedó con ellos. O Islandia, donde la movilización popular ha hecho que el Estado no asuma ni un céntimo de la deuda de los bancos. Qué es justamente lo que habría que hacer. Y para lo de las preferentes ya está el Código Penal.