Los recortes en el salario diferido

Las políticas aplicadas por el Gobierno, al dictado del Banco Central Europeo, FMI y Consejo de Europa (ese cúmulo de siglas que representan, en su composición, los intereses de grandes bancos y empresas y que los ciudadanos/as han denominado TROIKA) tenían como objetivo al principio de la crisis, gestionar ésta para conseguir una reducción de costes salariales en Europa.

En algunos países, aventajados del desastre social, como el nuestro, esa reducción se ha situado ya por encima del 8%, en tan solo dos años de crisis. Todas las decisiones políticas adoptadas han ido encaminada a este objetivo, con la reducción salarial (ya sea vía decreto o con firmas de convenios colectivos sin subida salarial), el aumento de jornada y polivalencia con el posterior aumento del paro, o el recorte a las pensiones, sólo tenían como intención, no la creación de empleo ni solventar una situación de crisis financiera, sino la reducción de estos costes salariales directos para facilitar el aumento de los beneficios de empresarios y accionistas.

Sin embargo, desde la II Guerra Mundial, el salario de los trabajadores/as se ha construido sobre dos parámetros: el salario directo, es decir aquel que se refleja en nuestras nóminas y el salario diferido, el que el conjunto del Estado -mediante servicios- aporta a los/as ciudadanos/as, con el fin de reequilibrar las riquezas. Este salario diferido se aportaba a los/as trabajadores/as y autoempleados a través de Sanidad, Educación, servicios de gestiones de la Administración en cualquiera de sus niveles, asistencia social, subvención a los medicamentos, viviendas de protección oficial en sus distintos niveles, medios de comunicación, entretenimiento e información públicos, aplicación de impuestos reducidos a la cultura, intervención en los precios de los bienes de consumo prioritarios y productos alimentarios, servicios como el transporte público, la gestión pública del agua…, por destacar los más llamativos, han formado parte de nuestros ingresos mensuales, conformando así un modo de vida que tendía al bienestar social.

Con las políticas de recortes y de privatizaciones (ya está demostrado que la gestión privada es más costosa para los ciudadanos que la pública) no sólo vamos a ganar cuantitativamente y cualitativamente menos (nos han reducido el salario, sin embargo la inflación sigue creciendo), sino que de nuestro mermado salario mensual (o de nuestra prestación o subsidio por desempleo, o renta familiar, en el caso de que exista) habrá que sacar para pagar los medicamentos que ya no pasa la Seguridad Social y el copago sanitario, cuando vayamos al cine o teatro o compremos un libro necesario para nuestros hijos en el cole o en la Universidad, cuando abramos el grifo (hay que cubrir los beneficios de los propietarios de las empresas privadas), cuando paguemos la matrícula en la educación, vayamos a realizar una inscripción en el registro, la subida que ha sufrido el privatizado transporte público, cuando queramos ver una peli buena en la tv. y tengamos que pasar por taquilla en las privadas, todo estos abonos que tenemos que hacer mensualmente significará que nuestro salario diferido ha sufrido un gravísimo recorte.

Si en el mismo espacio de tiempo que nuestro salario, directo y diferido, nos impide cubrir las necesidades básicas que como seres humanos tenemos, los empresarios y financieros de este país han visto aumentar sus rentas un 6,5% y su patrimonio en SICAV un 50 %, nos encontraremos que no es una falta de dinero sino una ideología que pretende destinarlo a los más ricos, reduciéndolo a aquellas personas que generan riquezas, es decir, trabajadores/as y autoempleados en sus distintas versiones.

¿Tiene esto arreglo si la izquierda real gobernara?. Sin dar una mística y bienintecionada respuesta, es evidente que sí por poner dos ejemplos: las Consejerías de Fomento y Desarrollo Local, gobernadas por militantes de Izquierda Unida (a mayor profundidad Diego Valderas y Elena Cortés son comunistas) acaban de aprobar sendas legislaciones que permiten reforzar la existencia de una renta básica para los ciudadanos/as Andaluces y cubrir las necesidades de urgencia alimentaria por un lado y otra que pone en manos de los ciudadanos/as (a través de sus legítimos representantes políticos) acceder a una vivienda propiedad de las entidades financieras que se encuentre desocupada. El otro ejemplo es si gobernara Izquierda Unida y se llevara a cabo la decisión de no pagar la deuda de la Banca, el déficit público se reduciría en un 3%, por lo que se abarataría los intereses con los que el Estado tiene que financiarse.

Por lo que este Primero de Mayo, los trabajadores/as saldremos a la calle también a defender nuestro salario diferido que nos lo están robando por la cara.