El final de este curso académico está sorprendiendo en multitud de universidades por un grado de conflictividad no visto años atrás en estas fechas en que finalizan las clases y comienzan los exámenes finales. Además de la huelga educativa del 9 de mayo y a la espera de una nueva y más que probable subida de las tasas universitarias, han sido varios los conflictos que, por diversas causas, han alterado la normalidad docente en este tramo final del curso.

Los encierros en los rectorados de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Barcelona, el conflicto sostenido por los trabajadores de la Universidad Politécnica de Catalunya o la lucha por el fraccionamiento de matrícula un la Universidad de Sevilla – y en toda Andalucía – son ejemplos de luchas concretas que han tenido una relevancia local muy significativa.

Estos conflictos locales son expresión del recrudecimiento de la estrategia de desposesión del capital vía políticas de ajuste y no tienen precedente en las instituciones universitarias: nos referimos a los recortes salariales y despidos masivos en las universidades más golpeadas por los recortes de financiación, a la expulsión de miles de estudiantes de las universidades públicas ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la matrícula universitaria tras la subida de tasas del presente curso.

Todo ello acompañado de una actitud por lo general cobarde de los rectores universitarios que han preferido echar balones fuera – incluso han llegado a más, como el rector de la UB que ordenó desalojar por la fuerza el rectorado de la universidad o el de la UCM que exigió la entrada de unidades de antidisturbios en las facultades del campus de Somosaguas – en lugar de presentar una respuesta firme y contundente contra las administraciones autonómicas y estatales, de la mano de las reivindicaciones de trabajadores y estudiantes. Hay que recordar que esta actitud le costó la dimisión al rector de la UPC a finales del pasado mes de abril.

De igual modo, estas luchas demuestran la creciente respuesta organizada de los sectores desposeídos en la universidad ante las políticas de ajuste: de los trabajadores, que han han plantado cara a los recortes laborales superando en cierta medida y a escala local años de desmovilización en este sector; y de los estudiantes, que han sabido comprender la relevancia de un proceso de exclusión social de la universidad como es el de la anulación de matrículas por impago. El “desahucio” directo de las y los estudiantes de sus centros de estudio ha llevado a la creación de interesantes mecanismos de concienciación como la Plataforma de Afectadas por las Tasas que ha permitido la articulación de campañas y protestas con esta reivindicación concreta.

Especialmente relevantes en este sentido son los casos de la lucha sostenida por los estudiantes de la Universidad de Sevilla que, a través del Movimiento de Acción Estudiantil y del Consejo de Alumnos (CADUS), han conseguido abrir negociaciones para exigir un posicionamiento explícito de la Universidad cara a presionar a la Junta de Andalucía en relación a la reivindicación del fraccionamiento del pago de las matrículas.

También el conflicto levantado por el movimiento estudiantil de la UCM en lucha contra la expulsión de la universidad de 3000 estudiantes por impago de las tasas ha tenido una destacada repercusión. En este caso, la deuda total de los estudiantes que no pudieron abonar la matrícula por problemas económicos llegaría a 2.400.000 euros, un 280% más que el curso pasado, donde rondó los 673.000 euros. Los estudiantes han conseguido sostener un encierro en el Rectorado que afronta ya su segunda semana y que por el momento ha conseguido una prórroga de pagos hasta el 20 de septiembre así como un compromiso verbal acerca del fraccionamiento en 8 plazos de la matrícula para el próximo curso, cuestión sobre la que la última palabra la tiene la Comunidad de Madrid. Durante las negociaciones se ha alcanzado también un principio de acuerdo acerca de la apertura de un fondo de becas para este colectivo en situación de riesgo de exclusión de cara curso que viene; sin embargo, los estudiantes continúan con el encierro pues exigen la aplicación de ese fondo con carácter inmediato para que ningún alumno se vea “desahuciado” de las aulas por motivos económicos y, en última instancia, de la clase social a la que pertenecen.

El impacto mediático y social de estas movilizaciones ha sido notable, una muestra de ellos son las consecuencias institucionales que ha tenido en el ámbito de otras universidades. Así, por ejemplo la Universidad de Salamanca y la Universidad de Granada se apresuraron al poco de comenzar las protestas en la UCM a asegurar que el problema de exclusión que se producía en esta universidad no era equiparable a la situación de aquellas, y no tardaron en anunciar la puesta en marcha de planes de ayudas sociales para el estudiantado en riesgo de expulsión por motivos económicos.

Frente a planteamientos maximalistas que de facto rehuyen afrontar las problemáticas concretas que sufre la comunidad educativa universitaria, hay que poner en valor las victorias parciales conseguidas en estas últimas semanas. Ciertamente, hay que enmarcarlas en la lucha global por el derecho a la educación pública que no se va a detener por estas pequeñas conquistas. Pero de igual forma cabe subrayar su importancia de cara a fuera para sumar a los conflictos a más sectores de una comunidad universitaria mayoritariamente aletargada hasta el momento, con vistas a construir movilizaciones sociales amplias por la educación pública.

Todo ello teniendo presente la necesidad de construir estructuras permanentes que superen los ciclos de movilización y se nutran de los mismos. Como apuntábamos, solo a través de la respuesta organizada a los ataques neoliberales a la educación se pueden arrancar victorias parciales y seguir acumulando fuerza: es el sonoro “sí se puede” que se extiende por nuestras calles y plazas.