El pasado viernes la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros declaró de forma generalizada y sin ningún tipo de matización que el gobierno había descubierto más de medio millón de casos de fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya había situado esta cifra en poco más de 60.000 casos.
El Secretario General de CC.OO Ignacio Fernández Toxo calificó de imprudentes las declaraciones de la vicepresidenta y de generar una alarma infundada. Toxo descartó que pudiese haber un volumen de fraude de esa magnitud y declaró falso que las personas en paro se queden en él hasta que agotan su prestación y que a partir de ahí milagrósamente encuentran un empleo.
Por su parte el Coordinador federal de IU y presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, Cayo Lara, dirigirá el próximo miércoles en la sesión de control al Gobierno la pregunta de Por qué criminaliza el Gobierno a los parados acusándoles de un fraude generalizado inexistente cuando la verdad es que hay más desempleados sin ningún tipo de ayuda.
Desde Izquierda Unida consideran que las acusaciones a la ligera de fraude generalizado tienen como objetivo culpabilizar y criminalizar a los desempleados y eludir la responsabilidad del gobierno de proteger a lo parados sin prestaciones ni ayudas.
