Así como en la vida las brujas no existen, aunque las haya, en política las casualidades tampoco existen, aunque sucedan.

Desde esta España oficial que añora el consumismo de otrora, con unos medios que debaten si festejar con cava o champán la salida macroeconómica de la crisis, hemos asistido a un diciembre pletórico de caos en la República Argentina.

La información sistémica nos relataba la existencia en muchas provincias de una brutal huelga de policías que se acuartelaban en sus comisarías y no salían a patrullar, situación que era aprovechada por maleantes y saqueadores. Poco después, en medio de una tremenda ola de calor se iniciaron los cortes de luz que dejaron a los habitantes de muchos barrios de las ciudades sin aire acondicionado, ascensores ni agua.

En muchos aspectos el gobierno de la presidenta Cristina Fernández está actuando contra los que detentan el poder real en Argentina, o al menos no los protege como hacían otros. La política de Derechos Humanos, la democratización de los medios de comunicación, o los planes sociales de redistribución de riqueza son elementos urticantes para ese Poder Real.

Las políticas de desestabilización no son a corto plazo, ni superficiales. Además, la pretensión no es acabar con el gobierno sino con las políticas sociales y redistributivas que éste lleva a cabo.

Decíamos en 2013 que ”Se desarrollan virulentos planes desestabilizadores, encabezados por grupos mediáticos sumisos al Gran Amo del Norte y ligados a procesos dictatoriales que no pueden defender públicamente pero sí añoran.” (ver Mundo Obrero de junio)

Ante la situación, grandes medios de comunicación no dudaron en vociferar el nombre de los culpables de tanto y tan caótico desatino: el gobierno central, es decir, la presidenta Cristina Fernández. Así, el diario argentino La Nación titulaba “Para evitar nuevos saqueos, el Gobierno endurece su estrategia”, mientras que el español ABC del 28 de diciembre rotulaba “La ola de calor eleva las protestas contra el Gobierno argentino por los cortes de luz”.

Huelga policial y saqueos

La relación entre mafias y policías provinciales está a la vista en muchas partes del país. Varios jefes han sido destituidos por esta causa. Entre ellos los de la provincia de Córdoba, Argentina, donde el escándalo por la casi grosera interrelación entre mafia de la droga y jefes policiales fue mayúsculo. José Iparraguirre, dirigente comunista, ironiza en unas declaraciones radiofónicas diciendo que “Descabezan la Policía de Córdoba justamente por vinculación con el narcotráfico y paso seguido se produce este amotinamiento policial y los saqueos y asaltos masivos”. En las investigaciones de los hechos, se destaca que se va apreciando la participación de elementos policiales en la coordinación de los saqueos, que además no han tenido como objetivo elementos de primera necesidad. En Argentina el brazo armado del Estado (militares, policías de diversos niveles, etc.) es un temible poder en sí mismo que aún mantiene estrechos lazos con los responsables ideológicos de la genocida dictadura cívico-militar y sus derivados mafiosos. Es una espada de Damocles sobre la democracia real. Si no se profundiza en la eliminación de aspectos dictatoriales, se corre el riesgo de retornar al secuestro de la soberanía popular.

Cortes de luz

Según las noticias, la brutal ola de calor con temperaturas muy elevadas y sostenidas durante días, ocasionó una demanda de energía eléctrica que hizo saltar los límites y hubo muchos cortes de suministro eléctrico. No se dice que la generación de electricidad no es el problema, ni siquiera el transporte de alta tensión, sino la distribución a los consumidores finales.

Las empresas responsables dicen que para solucionar el problema hay que aumentar las tarifas. La realidad, según técnicos expertos, es que las empresas distribuidoras no se han preocupado en renovar el material, por tanto el mismo está obsoleto. Pero mientras se debate entre técnicos y empresarios, el pueblo sufre las consecuencias, hábilmente aprovechadas por los grandes medios de comunicación para atacar al gobierno.

En varias oportunidades hemos ya visto que los poderes fácticos atacan a gobiernos por sus aciertos, aunque cabalguen sobre sus errores. Es cierto que cuando en los años 90 se privatizaron las distribuidoras eléctricas, en plena fiebre neoliberal, se pusieron cláusulas abusivas para proteger a las empresas mucho más que a los usuarios, pero ahora toca mover ficha.

Considerando que en la factura eléctrica hay un apartado en concepto de renovación de materiales, el Gobierno Central ha dicho que ese importe se lo quedará para ejecutar esas renovaciones que las empresas han cobrado y no han realizado. Es un paso. Hacen falta más. La simple amenaza de re-estatizar no alcanza. Sigue sobre la mesa el debate sobre la necesidad de estatizar áreas estratégicas y sensibles para la población, para el país, como el tema energético, donde lo fundamental no puede ser la ganancia empresarial sino el derecho social.

Si el pueblo ve que su gobierno lo defiende de la voracidad de las multinacionales y la oligarquía, así como de los grupos mafiosos enquistados en el propio aparato estatal, el pueblo defenderá a su gobierno.