Tras muchos años de utilizar el presupuesto del estado para generar un sistema clientelar, la deuda pública griega se elevaba en 2007 a 240 mil millones de euros, un 103% del PIB. La crisis financiera aceleró el déficit fiscal, que superaba el 6% del PIB en los años previos a la crisis, hasta el 9,9% en 2010, 15,2% en 2009 y 11,1% en 2010, elevando la deuda hasta los 330 mil millones de euros, un 146% del PIB. En ese momento, la UE interviene el país, concediendo un crédito de 110 mil millones de euros a tres años, no para aliviar la carga de la deuda griega, sino para financiar la transformación de la deuda privada en manos de los bancos en deuda pública en manos de la Troika; desde 2010 los bancos reducen su exposición a la deuda privada griega de más de 120 mil millones de euros a menos de 45 mil, y a la deuda pública de 65 mil millones a 3,5 mil millones de euros. Hoy ocho de cada diez euros de deuda griega está en manos de los estados de la UE (60%), el Banco Central Europeo (8%) y el FMI (10%). Y una gran parte de la que está en manos de los bancos, está garantizada por los gobiernos respectivos.

La Troika impone un plan de ajuste que pretende reducir esa deuda al 125% del PIB en 10 años, a base de generar el ahorro suficiente en el presupuesto para financiar los intereses anuales y reducir progresivamente el principal. El resultado sin embargo es el contrario, un aumento de la deuda pública griega a 356 mil millones de euros (171% del PIB) en un año, y la necesidad de un nuevo rescate, antes de acabar el anterior, por importe de 130 mil millones a cuatro años. Gracias a este nuevo rescate y a una quita del 53,5% de la deuda privada restante, en 2013 y 2014 la deuda se mantiene en torno al 175% del PIB, el pago de intereses se reduce de más de 11 mil millones a 7 mil millones un 4% del PIB, y se logra el equilibrio fiscal, pero no el ahorro necesario para reducir el peso de la deuda.

Eso sí, el equilibrio fiscal, mantener el nivel de deuda y pagar los intereses se consigue a base de destruir 1,2 millones de empleos y en consecuencia reducir el valor de la producción en la cuarta parte desde 2009, el cierre del 30% de las empresas, una contracción salarial del 40%, una reducción de las pensiones a la mitad respecto al valor de 2009, una tasa de desempleo del 27% y un incremento de la pobreza que duplica la tasa de cinco años atrás, con más del 41% de los niños viviendo por debajo del umbral de pobreza, cerca de 250.000 licenciados buscando trabajo en el extranjero y con una creciente concentración de la riqueza, que lleva a que el 10% más rico de la población posea el 56% de la riqueza nacional.

Que la deuda griega no hay forma de amortizarla es una evidencia para todos los economistas serios, como para el propio pueblo griego, cuya lucha contra las medidas de la Troika y de los gobiernos anteriores ha sido épica. Que la deuda griega hay que reestructurarla, mediante una quita sustancial de la deuda en manos de la Troika, es una conclusión lógica de cualquier análisis técnico responsable. De hecho, el programa de reformas de Syriza no aspira sino a frenar el desastre impuesto por la política de ajuste, fijando un nivel de deuda sostenible, hacer una quita hasta ese nivel, y a recibir apoyo de la UE para lograr que el servicio de la deuda (intereses y amortización) se financie con el valor obtenido con el crecimiento económico, y no con la presión insostenible que se ha aplicado estos años al gasto y al patrimonio público griego.

A falta de cerrar las negociaciones, la posición de la Troika (redenominada como “las instituciones”, tanto por la decisión de Grecia de no tratar con el frente común de los acreedores, como por la condición impuesta por el abogado general del Tribunal Europeo de Justicia al BCE para comprar deuda pública, que se abstenga de participar en las decisiones de política económica a aplicar en los países de la eurozona) consiste en aceptar cierto relajamiento en el rigor del ajuste, pero manteniendo la orientación general de gestión de la crisis: devaluación salarial general en todos los países, y ajuste fiscal en los que mantienen niveles de deuda y déficit por encima de los limites acordados en la Eurozona.

Su férrea oposición a permitir en la Eurozona una expansión fiscal es coherente con el objetivo de mantener las fuentes de enriquecimiento de la oligarquía capitalista. Una política fiscal expansiva, en estos momentos, solo se puede financiar con más endeudamiento o con más impuestos sobre el patrimonio y sobre el capital financiero, porque los impuestos sobre las rentas del trabajo, y el consumo no dan para más, y los beneficios empresariales están pignorados por la abultada deuda de las empresas.

Pero la principal fuente de enriquecimiento de los más ricos es precisamente el patrimonio físico y financiero. Y antes que perder su gallina de los huevos de oro, prefieren hacer que ponga menos huevos, aceptando una reducción de los intereses cobrados por la deuda pública y por extensión sobre los préstamos al sector privado. Por eso la única política expansiva que se admite es la monetaria, esto es, bajar los tipos de interés, aunque esto no da ya para más. Para compensar esa reducción de rentabilidad, el capital financiero global está invirtiendo en activos inmobiliarios, en compra de suelo, de participaciones en grandes empresas y todavía esperan poder arrancar un poco más de patrimonio público para convertirlo en nuevas fuentes de enriquecimiento privado, para compensar con otras rentas la reducción de rentas financieras.

Al transformar la crisis bancaria en una crisis de deuda pública, al obligar a utilizar los impuestos públicos para sanear el sistema financiero privado, Alemania garantiza que el dinero de los impuestos pague en primer lugar las deudas comerciales con los bancos alemanes, a costa de reducir los servicios públicos, las pensiones, el empleo y las inversiones en los países de la europeriferia, y no de aumentar las ventas de la europeriferia a Alemania, porque el capital alemán impone a sus propios trabajadores nacionales la represión salarial y el estancamiento en el consumo.

La política económica no respira al ritmo de los ciudadanos de Eurolandia, sino al de la banca internacional. El caso más claro y dramático es Chipre: desde finales del año pasado, el FMI retiene el desembolso de la ayuda prometida, y el BCE chantajea al país con no comprar bonos chipriotas, hasta que el Parlamento no apruebe una ley que permita expulsar de sus casas con rapidez a las familias insolventes y pobres. La Troika promete ayuda a cambio de desahuciar de sus viviendas a la población. La pregunta entonces es: ¿para qué sirve esta ayuda? La respuesta es: para financiar el saneamiento de los bancos, estos paguen a sus bancos acreedores griegos (11.000 millones de dólares) y alemanes (4,5 mil millones), y a su vez los griegos paguen… a los bancos acreedores alemanes –y británicos de Grecia (13.500 millones de dólares cada uno).

En este escenario tan difícil para el gobierno de izquierdas de Syriza, el propio ministro de hacienda griego Varufakis reconoce que el apoyo principal le viene desde el FMI, un acreedor menor, pero que representa los intereses del capital norteamericano. Obama es el jefe de gobierno que más está presionando a los dirigentes europeos Merkel y Hollande, para evitar la salida de Grecia del euro, que pondría en cuestión su continuidad en la UE, reforzaría las tendencias muy fuertes en Grecia a buscar una alianza con Rusia -otra cosa es que Rusia apueste a esta opción, lo que no está claro ante la prioridad que tiene para esta las relaciones con Turquía-, debilitando en todo caso la posición geopolítica de la OTAN/EEUU en el mediterráneo oriental.

La negociación en marcha entre Syriza y las instituciones tiene una importancia que va más allá de abrir un marco de gestión política en la UE para aplicar políticas favorables a los trabajadores, una gestión de la deuda que no se traduzca en represión salarial sino en una redistribución estructural de la riqueza y la renta a favor de las mayorías sociales. El gobierno griego de Syriza se arriesga a cometer dos pecados mortales políticos: ante los acreedores, por negarse a seguir con la reducción del gasto público y las privatizaciones del patrimonio de todos los griegos. Y ante el pueblo griego, por creer y hacerle creer que la política económica puede ser favorable a los intereses del pueblo sin romper con el dominio que ejerce el capital financiero por medio de la neomoneda alemana, el euro. De ahí la importancia de la movilización social para evitar el primero, y de la firmeza política para modificar lo segundo.

El desarrollo de los acontecimientos políticos en Grecia posiblemente va a mostrar que el euro no es ni un instrumento de independencia frente al poder político norteamericano, ni un paso hacia el establecimiento de una federación europea. El euro se va a revelar como lo que es, un instrumento para la estabilización del capital financiero europeo a costa de las rentas de los trabajadores activos e inactivos, en el contexto de un capitalismo en crisis estructural permanente.

Economista