Hace apenas dos años el gobierno del Partido Popular aprobaba la nueva ley del sector eléctrico. Con un relato idéntico a las empresas del lobby energético, basado en premisas falsas como el déficit y las primas a las renovables, se aprobaba esta ley cargada de polémica, con tres elementos sustanciales contrarios a los intereses generales: una concentración sin precedentes de un recurso valioso en manos de 5 grandes empresas del sector energético, el oligopolio. Un ataque sin paliativos a las energías renovables a través del llamado “peaje de respaldo”, un canon que recibirían las eléctricas en concepto de compensación por la pérdida que les supondría la producción y consumo de energía solar. Por último, una absoluta inhibición respecto a políticas encaminadas a frenar el cambio climático.

Dos años después, hace apenas unos días, el Consejo de Ministros/as ha aprobado un Real Decreto que consolida el “impuesto al sol” y penaliza el autoconsumo, dando un golpe definitivo a las renovables. Pero, ¿en qué consiste este peaje, qué supone? Se trata de una tasa que deberán pagar todas aquellas personas que tengan placas solares conectadas a la red eléctrica, independientemente de si se usa o no. La medida supone el pago de un impuesto de 9€ kw de potencia instalada al año y en ningún caso contempla que la energía limpia que se produce y que se vierte a la red reciba retribución alguna por parte de las eléctricas, es decir, se regula la apropiación gratuita de la producción energética renovable, que además sería revendida por el oligopolio. En el caso de las instalaciones industriales, la tasa aumenta significativamente ya que además deberán pagar 5 céntimos por cada kw. Todo ello sin olvidarnos de que el recibo de la luz en los hogares ha sufrido un incremento del 75% en los últimos 10 años.

En contra de toda lógica el gobierno impone una medida que va contra los intereses de la mayoría social, puesto que el autoconsumo promueve la producción de energía limpia y barata, es una solución efectiva contra la pobreza energética, reduce drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, es un sector con un fuerte potencial de generación de empleo, nos permite ser menos dependientes de la importación de combustibles fósiles y por la tanto refuerza la soberanía energética.

Por otra parte se hace invisible la ingente cantidad de dinero público que han inyectando desde hace décadas en las centrales propiedad de las eléctricas, o las consecuencias de la liberalización del sector a partir de 1997, que ha dado como resultado un modelo perverso, pensado para producir sin control, con el único objetivo de la rentabilidad y con un elevado coste social, ambiental y económico. Ajeno a la racionalidad, al control público, a las demandas sociales y a la soberanía energética del país. No en vano la política de puertas giratorias practicada por el bipartidismo tiene su máxima expresión en este sector.

En esta pugna entre el interés general y las exigencias del oligopolio, el PP legisla de nuevo a favor de las elites económicas del país. Para cubrir las pretensiones de estas compañías, ha aprobado un Real Decreto que aumenta y concentra su poder, que desafía el sentido común porque penaliza la autoproducción y liquida el desarrollo de las renovables en un país con altísimo potencial, pero con la contradicción de ser fuertemente dependiente de la importación de energía que consume, sobre todo en forma de combustibles fósiles. Medidas que socializan las pérdidas privadas cargando en nuestro recibo de la luz el déficit tarifario y que en un delirio extremo, privatizan el Sol.

Es evidente que la energía es fundamental para el desarrollo de cualquier sistema económico. Quien controla su producción y su distribución, controla también una buena parte del sistema en sí. Por eso, si aspiramos a construir un mundo mejor, dentro un planeta finito con recursos cada vez más mermados, debemos pelear por un cambio del modelo energético. Basado en la producción descentralizada de energías renovables y con una drástica reducción del consumo. Pero más aún, sólo un modelo asentado en la planificación democrática de la energía, en la nacionalización y en su control público, podrá garantizar el reparto de los recursos y el desarrollo de un sistema económico redistributivo y socialmente justo.