Vientres de alquiler. Maternidad subrogada. Alquiler de úteros. Son solo eufemismos para hablar de la comercialización gestacional, concepto que añade una nueva cláusula al Contrato Sexual de Paterman, regulando la explotación de las mujeres según se necesite de ellas no solo sexo sino también óvulos o úteros, y rompiendo el binomio mujer pública-mala y mujer privada-buena introduciendo el nuevo modelo de mujer pública-buena [1].

La apropiación del cuerpo, la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres no es un hecho nuevo. Laura Nuño, en su artículo “Una nueva Cláusula del Contrato Sexual: vientres de alquiler” analiza esta nueva forma de explotación patriarcal y desgrana los tres argumentos principales que esgrime el lobby del baby business para la legalización del alquiler de úteros: el consentimiento o la libre elección; la teoría del “mal menor” y la gestación altruista, concluyendo acertadamente que legalizar la comercialización gestacional tiene implicaciones éticas difícilmente aceptables en una sociedad democrática. Se estaría derivando hacia las mujeres más vulnerables las secuelas físicas y psicológicas que comporta un embarazo, y se estaría permitiendo que cualquier persona con capacidad económica suficiente pudiera adquirir un ser humano a la carta.

Al igual que ocurre con la explotación sexual en el mercado prostitucional, en un contexto de feminización de la pobreza y rearme del neoliberalismo patriarcal el consentimiento está viciado porque no se dan los requisitos éticos que garanticen la autonomía exigible a un contrato libre entre iguales.

En la India la industria gestacional genera una plusvalía anual cercana a los 140 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 20%. Los beneficios se distribuyen entre comercializadoras, servicios jurídicos y sanitarios, empresas satélites que rodean el negocio, Estados y gestantes. Éstas solo perciben el 0,9% de los ingresos generados por el negocio de los vientres de alquiler, por lo que podría denominarse como proxenetismo reproductivo. La legalización de la mercantilización de la capacidad reproductiva de mujeres jóvenes o niñas en estado de necesidad abona el caldo de cultivo para la trata de personas como ocurre en el mercado prostitucional. Las redes de explotación sexual amplían su negocio hacia la explotación gestacional, pudiendo hablarse ya de proxenetismo reproductivo. Además, la validez de un contrato tiene que garantizar el bienestar de todas partes: gestante, clientes, criaturas, empresas y hasta países en que es legal. Pero no todo son beneficios en la comercialización gestacional. El perjuicio más evidente es el que se deriva de los riesgos que conlleva un embarazo, un parto y un posparto, que afecta a la integridad física y moral de la gestante y que puede tener implicaciones negativas no solo en su calidad de vida sino también de su familia.

La teoría del mal menor, es un chantaje emocional sobre la situación de una criatura adquirida de forma ilegal. Al igual que en la prostitución, se argumenta que es mejor regular una práctica que de todas maneras ocurrirá para garantizar derechos a todas las partes. Pero de nuevo se obvia que la legalización de cualquier forma de explotación del cuerpo de las mujeres allana el camino a las mafias traficantes.

Con objetivo de disponer con rapidez del marco legal requerido por países destinatarios del turismo reproductivo y posponer el posible debate u oposición que pudiera generar la abierta mercantilización de seres humanos, el lobby pro-vientres de alquiler está presionando para legalizar –al menos- la gestación subrogada de carácter altruista entre personas desconocidas. Argumentan que en la medida de que la remuneración no media en el acuerdo, se evita una posible explotación de la situación de necesidad de las gestantes en lo que se permite, a su vez, que los padres y madres intencionales cumplan su deseo. ¿No resulta extraño un acto de altruismo de mujeres sin recursos hacia hombres y mujeres con mayor capacidad económica? ¿No incita a la desconfianza que sean, precisamente, las lucrativas comercializadoras del baby business quienes defiendan con mayor interés una práctica filantrópica y desinteresada cuando no comporta beneficio alguno?

La situación actual de feminización de la pobreza nos hace a las mujeres más vulnerables a sufrir desigualdades. La brecha salarial entre hombres y mujeres en España supera el 20% [2]. Lo que tiene consecuencias no solo cortoplacistas. En España cobramos casi un 40% menos de pensión de jubilación que los hombres [3]. El neoliberalismo sexual se vale de esto y nos propone a las mujeres más pobres nuevas maneras de mercantilización de nuestros cuerpos. Ya no solo le vale usar nuestros cuerpos para satisfacción sexual como si fuéramos simples agujeros, sino que también quiere alquilar nuestros úteros como si fuéramos hornos o vasijas. Es por esto que en el Moviment Democràtic de Dones nos hemos fijado tres focos de trabajo sobre los que actuar: 1- seguir con nuestro trabajo para que más municipios se adhieran a la Red de Municipios Libres de Tráfico de Mujeres y menores para fines sexuales [4]; 2- iniciar una campaña contra el alquiler de úteros y 3- organizar una campaña para reivindicar trabajo digno para las mujeres. Nuestro objetivo es poner en la agenda política la feminización de la pobreza, la prostitución y la comercialización gestacional, monstruos que atacan la dignidad de las mujeres como consecuencias directas del patriarcado y el capitalismo.

Nota:

[1]. Laura Nuño Gómez. Una nueva cláusula del contrato Sexual: vientres de alquiler ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política Nº 55. ISSN: 1130-2097
[2] Ana Requena Aguilar. (28/06/2016). Cinco nuevos datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Diario Digital
[3] Miguel Fiter (24/01/2017). Las mujeres en España cobran casi un 40% menos de pensión que los hombres. El mundo
[4]. https://redlibretrata.wordpress.com