Por todos es conocido y sabido, y ahora ya se empieza a certificar en los tribunales, que una de las principales fuentes de financiación de los partidos, especialmente el PP, es a costa de los contratos que entregan para la gestión de los servicios de nuestros municipios y comunidades autónomas. Independientemente del modelo de gestión, la privatización permitía escapar del control público para expoliar y robar lo que es de todas.

Mucho se viene debatiendo y hablando sobre la gestión de los servicios públicos, especialmente desde el 2008 donde la gestión privada de los asuntos públicos nos estalló en la cara. Y es que esa mentira repetida una y mil veces resulto no ser verdad, y los servicios cuando están externalizados, ni son más baratos, ni son más rentables, ni dan mejores prestaciones. Pero sí te permite expoliar y robar.

Recuperar la gestión pública de los servicios se enmarca dentro de la batalla de una clase contra otra, ya que la empresa pública es de todos, del conjunto de la población y sus beneficios redundan en el colectivo. Además la gestión no esta encaminada en la lógica neoliberal de buscar el mínimo coste al mayor beneficio, lo que garantiza unos estándares de calidad en las condiciones de las plantillas que prestan el servicio y los usuarios que lo reciben. Todo esto evidencia algo que ya ha sido avalado por varios estudios, la gestión privada es más cara, el servicio mucho peor y precariza las condiciones laborales de las plantillas. Pero sí que te permite expoliar y robar.

Con la llegada a las instituciones de las candidaturas de Unidad Popular y con mayor voluntad en unos municipios que en otros, las municipalizaciones empiezan a convertirse en una realidad que hace temblar a la élite política y empresarial a partes iguales, por ello no es baladí la inclusión de la disposición adicional 27 en el anteproyecto de ley para los presupuestos de 2017 (limitando la incorporación de personal laboral al sector público), la cual de ser aprobada será un nuevo impedimento (más grave aún) que sumar a aquellos organismos que quieran gestionar con lealtad desde lo público. Pero sí les permitirá expoliar y robar.