Existe a nivel mundial lo que, algunas organizaciones que llevan muchos años analizando con lupa las estrategias de las grandes corporaciones transnacionales, han llamado la arquitectura de la impunidad. Todo un entramado creciente de acuerdos, tratados internacionales, normas y obligaciones cuyo resultado es que sean eso que llamamos “los mercados” quienes determinan quién gana y quién pierde, y cuál es y será la división internacional del trabajo, qué papel tiene y tendrá cada país y cada territorio en las cadenas de valor, que cada vez más se dan dentro de las estructuras de esas grandes corporaciones. Y es importante volver a denunciar que eso que llamamos los mercados, no son el cruce de la oferta y la demanda regidos por una sacrosanta mano invisible, sino personas con nombre y apellidos, con despachos y con teléfonos desde los que se dan las instrucciones que determinan la suerte de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del planeta, e incluso las políticas de Estados presuntamente soberanos.
Hace aproximadamente un año, en Sestao y Zumárraga se luchaba por mantener abiertas varias plantas productoras de acero pertenecientes a la multinacional Arcelor Mittal, protegiendo así los empleos directos de más de 300 trabajadores y trabajadoras (y muchos otros que se generaban en el territorio de manera indirecta). Seis años atrás, el gobierno vasco había vendido la parte que aún conservaba de las acciones de la empresa y que llegó a ser de hasta el veinte por ciento, previo compromiso de la corporación de no deslocalizar la producción en al menos un lustro. Evidentemente un pobre compromiso frente a la capacidad de influencia directa a la que renunciaba con la venta.
Y como era previsible tan solo un año después de lo acordado, la presión no se hacía esperar.
Después de haber apretado durante meses las tuercas a la plantilla en forma de bajadas salariales, renuncias en las condiciones laborales, expedientes de regulación temporal de empleo, y cierres temporales… la empresa dejaba meridianamente claro que sin ayudas directas por parte del gobierno vasco, obviarían todos los esfuerzos y sacrificios hechos por los trabajadores. No reabrirían la planta de Sestao. La frase exacta que utilizaron entonces fue que la planta se había parado «no por la voluntad de la compañía», sino por la situación «adversa» del mercado, que estaba llevando a la planta a «pérdidas continuadas».
¿De verdad aquí no interviene la voluntad de la compañía? Evidentemente cuando una corporación transnacional se marca este tipo de órdagos (por no llamarlo directamente extorsión), siempre lo hace oficialmente con cara de “cordero degollado” y echándole la culpa hasta al cha, cha, chá si es necesario. En este caso, esa situación adversa del mercado venía causada fundamentalmente por tres cuestiones: el precio de la energía, el dumping del acero chino (comercializar a precios inferiores al coste de producción) y los costes laborales.
El coste de la energía, como había que tocar los sillones donde irán a sentarse los traseros de la mitad de los ahora ministros y altos cargos al retirarse de la primera línea pública, fue sobre lo primero que se corrió un tupido velo. Los apoyos públicos y las concesiones laborales por parte de la plantilla fueron los primeros objetivos satisfechos, confirmando dónde se encuentran siempre los perdedores.
El segundo es mi argumento favorito y merece la pena detenerse en él un rato porque para empezar esa misma empresa que clamaba por su imposibilidad de competir con los malvados chinos y que exigía a la UE medidas para proteger el acero europeo (aranceles que finalmente se impusieron a China y a Rusia), tiene no una, sino tres plantas en China y se beneficia de las subvenciones, produciendo incluso exactamente alguno de los productos que se producen en las acerías vascas, evidentemente a precios más “competitivos”.
Y es que las grandes transnacionales, tienen sus propias estrategias que nada tienen que ver con la productividad y el buen funcionamiento de esta o aquella fábrica, sino estrategias que solo tienen sentido cuando se está lo suficientemente arriba para ver el conjunto de los territorios, sus conexiones y sus efectos dominó a nivel mundial. Son corporaciones unidas en grandes lobbies sectoriales que presionan en Bruselas para que se aprueben Tratados de libre comercio e inversión como el CETA, con cuya firma, la imposición de este tipo de aranceles sería ilegal. El gobierno de Rajoy ya ha iniciado los trámites para la ratificación de ese Tratado, así que prepárense para que en breve, las multinacionales de muchos otros sectores, apliquen libremente estas mismas estrategias con mucha más impunidad. Y a eso lo llamarán: libertad de mercado.